Rebelión interna

Rajoy debe atender las voces discrepantes del PP que piden consenso para la reforma del aborto

EL PAÍS 9 ENE 2014 - 00:00 CET

La rebelión que dentro del Partido Popular ha suscitado la reforma del aborto es un escollo con el que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quizá no contaba. La contestación interna es una realidad creciente que fue imposible de acallar ayer, a pesar de los esfuerzos de la dirección del partido: la polémica sobre la reforma se impuso en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional y la posterior comparecencia ante los medios.

Las voces críticas, que en general han sido moderadas, se limitan a apelar a la libertad de voto; y sobre todo, a recomendar el consenso que no existe sobre esta materia en el seno del partido conservador. Las palabras de Rajoy —enriquecer la norma “entre todos”— sugieren que el presidente es sensible a los argumentos discrepantes y que podría abrir la puerta a modificaciones que resten dureza a un proyecto que prevé prohibir el aborto aun en caso de graves malformaciones del feto, salvo que sean “incompatibles con la vida” y supongan un riesgo cierto para la salud psíquica de la madre.

La reforma de la ley del aborto, que en 2010 instituyó el sistema de plazos —el que está más extendido en Europa— era una promesa electoral del PP suficientemente vaga como para no alertar, pero que escondía un cambio tan restrictivo como el impulsado ahora. El partido del Gobierno, que se había acomodado a la ley de supuestos vigente entre 1985 y 2010, interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley de plazos actual; de esta rechaza, fundamentalmente, la consagración del aborto como un derecho de la mujer y la posibilidad de que las menores de 16 y 17 años puedan interrumpir el embarazo sin informar a sus padres en casos excepcionales.

En vez de esperar al dictamen del Tribunal Constitucional o volver a la ley de 1985, el Gobierno ha optado por una norma de nuevo cuño tan regresiva que ha suscitado rechazo en sus propias filas, y entre destacados miembros del partido. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el único que ayer se atrevió a defender abiertamente el proyecto, ha quedado relativamente aislado, aunque conviene recordar que el anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros y que los detalles del mismo fueron anunciados en los meses pasados. En todo caso, si tras la presentación de la reforma había algún interés por desviar la atención de problemas mayores, la estrategia no ha podido ser más errónea.

El Gobierno aún está a tiempo de paralizar el proyecto o, en su defecto, aprovechar la larga tramitación pendiente para buscar al menos el consenso que debió garantizarse antes de lanzar una norma que amenaza la salud de tantas mujeres. Esperar el dictamen del Constitucional sería la opción menos gravosa. Optar por una norma más moderada, más acorde con los derechos individuales y con la sensibilidad de su propio partido es otra alternativa que, en tal caso, el Gobierno de Rajoy está obligado a considerar.