Fallo discutido: la Justicia ordenó al Estado cubrir tratamiento de niño que padece cardiopatía, en Boston
La Secretaría de Salud decidió apelar. Para su titular, Adolfo Rubinstein, estaban dadas las condiciones para tratar al menor en el país.
"Acaban de aterrizar. Mañana -por este miércoles- empiezan con los prequirúrgicos". Lo dice el abogado cordobés Carlos Nayi, representante de Lautaro, un nene de dos años que, tras una resolución judicial, será tratado en el Boston Children's Hospital de esa ciudad estadounidense. "El paso final del tratamiento en Boston es una cirugía cavo-pulmonar que reconstruirá el costado derecho del corazón de Lautarito", sostiene Nayi.
Según explica, el fallo judicial que en primera y en segunda instancia hizo lugar al recurso de amparo presentado por la mamá y el papá de Lautaro es inédito. "Es la primera vez que se falla en favor de que el Estado deba hacerse cargo del tratamiento en el exterior de un caso con la patología que presenta este nene", describe el letrado. Y suma: "El 70% del tratamiento debió pagarlo el Estado nacional y el otro 30% debió afrontarlo el Estado provincial: ya ambos cumplieron con el pago. Fueron 152.000 dólares destinados al tratamiento médico, y a eso se suman los gastos de traslado y alojamiento de Lautaro y su familia".
Lautaro vive en la capital cordobesa. Su mamá es estudiante de Enfermería y su papá trabaja en un taller de chapa y pintura. No tienen obra social. "No los aceptan en ninguna por los costos que tiene el tratamiento del nene, que es su único hijo", asegura Nayi. A través de campañas solidarias que pedían donaciones a una cuenta del Banco Nación, y según confirmó el abogado, se recaudaron 41.000 dólares. "Ese dinero ya está a disposición del tribunal, que determinará su destino", cuenta el representante judicial.
"Lo primero que harán con Lautaro serán los exámenes prequirúrgicos. En una semana se pasará a la etapa de cateterismo, y el 22 de noviembre está prevista la cirugía, que tiene un porcentaje de éxito del 98%, incluso en casos de malformaciones congénitas como las de Lautaro", sostiene Nayi. Si los tiempos se cumplen según lo previsto, el nene podría volver a Córdoba hacia mediados de diciembre.
Ante la consulta de si esa misma cirugía podía hacerse en Argentina, el abogado responde: "En Argentina podía hacerse pero era más riesgoso. Se presentó ante la Justicia un informe conjunto del Hospital Garrahan y el Hospital de Niños de Córdoba en el que se indica que la mejor opción es la operación en Boston. Trabajan con robótica, están 20 años adelantados".
"Un informe del Centro Coordinador del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC), que funciona en el Hospital Garrahan y que contó con sus datos técnicos, sostiene que este nene no es un buen candidato para una cirugía terapéutica. Ese informe se presentó ante la Justicia. Las dos veces que se lo operó en el Garrahan se le hicieron cirugías paliativas, y es lo que iba a hacerse una vez más en el hospital", explica el secretario de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, y agrega: "Es probable que la familia, que por supuesto está intentado todo lo que le proponen, vaya hasta Boston y el nene no pueda ser operado. O que le hagan la misma cirugía paliativa que le iban a hacer acá".
Ante la consulta de si la cirugía prevista es la misma que haría el Garrahan en su tercera intervención, el secretario responde: "No tengo ese dato. Pero el informe presentado señala que no es un buen candidato y eso se presentó ante la Justicia". Clarín tuvo acceso al informe del PNCC, que sostiene que "las condiciones anatómicas indispensables para ser candidato a corrección biventricular no estarían presentes en la anatomía cardíaca del niño Lautaro".
"Este caso en el que se avala un amparo para cubrir un tratamiento que, según el informe de los especialistas, no podrá hacerse es un ejemplo de lo que nos está pasando. No sé cuál fue el proceso por el cuál se terminó en un amparo al que un juez y una segunda instancia decidieron hacerle lugar", suma el titular del área de Salud.
"La discusión ética que debe darse es si el Estado debe solventar tratamientos en el exterior que se hacen en Argentina, e incluso tratamientos que no se hacen. Se trata de una discusión que tiene que ver con la equidad y con la justicia distributiva: no podemos financiar procedimientos en cualquier parte del mundo con dinero del Estado argentino", afirma Rubinstein.
Consultado sobre qué se le puede responder a una familia que busca tratamiento de salud para alguno de sus integrantes, el funcionario dice: "Desde ya que cada familia hace su máximo esfuerzo para que esa persona sea tratada. Pero surge la disyuntiva entre las decisiones individuales y colectivas ya que la función del área de Salud es proteger a la gente de manera eficiente y con equidad y calidad".
Según informa Rubinstein, en 2018 se presentaron 305 recursos de amparo contra la secretaría que encabeza, y en lo que va de 2019 ya son 469. "El total de los amparos presentados el año pasado equivale a 760 millones de pesos, de los que ya tuvieron que hacerse efectivos 140 millones. Los 760 millones son equivalentes al presupuesto anual que destinan los hospitales Garrahan y El Cruce a medicamentos", señala el funcionario.
"Lo que hay que hacer es eliminar la discrecionalidad del Poder Judicial en decisiones médicas, y para eso nos parece que el mejor dispositivo es la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. El proyecto de ley ya está en el Senado, y ese organismo estaría dedicado a definir de manera objetiva, explícita y transparente qué coberturas se brindan y cuáles no. De esa decisión participarían financiadores -el Estado, PAMI, las obras sociales-, asociaciones de pacientes y eticistas, entre otros", describe Rubinstein. "Es un organismo que ya funciona en países desarrollados y en varios de Latinoamérica. Estoy seguro de que va a aprobarse y pronto", suma.
"Desde ya que cuando hay privación de un derecho hay que accionar para que ese derecho se cumpla. Pero la discusión que hay que dar es si el Estado puede solventar un tratamiento en el exterior y si eso no implica inequidad", sostiene Rubinstein. Según Nayi, "el garante máximo del derecho a la salud es el Estado".
Fuente: Clarín
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