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“En las próximas décadas el potencial de mejora de la salud pasa por políticas no sanitarias”, según la SESPAS

Silvia C.Carpallo

El Informe SESPAS 2010 pone de manifiesto que los determinantes de salud del futuro pasan no sólo por políticas de Sanidad si no por la mejora en la calidad de vida en aspectos como la Educación o la Vivienda, y por la lucha ante las desigualdades sociales. También expone los problemas de salud relacionados con la crisis económica y la importancia en estas circunstancias del papel de la Administración Central


Madrid (20-1-11)-. La Salud Pública ya no es sólo una cuestión de Sanidad. Esa es la principal idea que se extrae tras leer el Informe de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) 2010, que se ha presentado en el Instituto de Salud Carlos III, bajo el título “La Salud Pública en la sociedad española: hacia la salud en todas las políticas”. “Las intervenciones ya no han de ser sólo sanitarias, sino estructurales, pasando por temas como la Vivienda o la Educación, la Sanidad se ha de convertir en un catalizador”, exponía Vicenta Escribá-Agüir, una de las editoras del informe. La experta hacía hincapié en que las desigualdades sociales en la infancia son determinantes para la edad adulta, y que si los indicadores de Salud en España eran favorables, no lo eran tanto otros como los de pobreza o vivienda, y eso podía tener repercusiones futuras, “tenemos que hacer prevención”. Así, Vicenta Escribá, hacía mención a problemas ya patentes a día de hoy, como era el aumento progresivo y continuado de la obesidad infantil, para lo que era necesario una regulación en las políticas de publicidad de alimentos calóricos, o la creación de espacios verdes que permitieran realizar más ejercicio a los más jóvenes.

Igualmente, y con respecto a la crisis económica, se hacia patente, en este documento, que la precariedad laboral que conlleva esta coyuntura, supone también un empeoramiento de la salud. De esta manera se observan hechos como el aumento del “presentismo” laboral, y la aparición de más patologías médicas, como son los trastornos mentales en un corto plazo, con una alta incidencia de la depresión. Otro aspecto a destacar por el informe era el de mejorar la calidad de vida de la tercera y cuarta edad- a partir de 89 años- para lo que era necesario que se realizase un envejecimiento activo, basado en la mejora de la salud, en la seguridad económica y en favorecer la participación social de nuestros mayores.

Este informe se divide en 22 capítulos repartidos en 4 apartados, que son los retos de la incorporación del principio de salud en todas las políticas, la relación entre el sistema sanitario y la Salud Pública, las políticas intersectorial de la misma, con especial énfasis en las desigualdades sociales, y por último con una recopilación de artículos sobre temas transversales de la Salud Pública.

Las conclusiones principales, que por tanto, se podían extraer de este manual de síntesis, era el predominio actual de la visión biomédica de la salud, la escasa cultura e implicación de la ciudadanía así como la escasa exigencia a los políticos de los rendimientos de sus actividades. También habla de la necesidad de potenciar la traslación entre investigación y acción, así como denuncia la falta de tradición evaluadora en políticas públicas, a lo que Juan Oliva, también editor del informe, matizaba que “el gran reto es poder considerar la evaluación no como una opción, sino como un proceso de credibilidad de las políticas de Salud Pública”. Precisamente, respecto a la Salud Pública, incide en la necesidad de crear una perspectiva multidisciplinar y una presencia multisectorial de la misma.

La nueva visión de la Salud Pública

“La Salud Pública no es una profesión sino un lugar de encuentro”, era la reflexión de Juan Oliva, que señalaba que en este ámbito ya no sólo interviene personal sanitario, sino también economistas, juristas o sociólogos. Por tanto, el editor recalcaba que “los autores del informe alertan de la necesidad de aumentar el rango político de la Salud Pública”, para lo que también resultas fundamental mejorar el conocimiento y la participación ciudadana en dichas políticas.

Respecto al papel del Estado en este proceso, se hace patente la necesidad de una actitud defensiva, y protectora. Por tanto el papel de la Administración Central debe de ser el de motor y supervisor general, mientras el de las Comunidades Autónomas pasa no por gastar más, sino por gastar mejor, creando una colaboración entre las mismas. En palabras de Andreu Segura, presidente de SESPAS, “la solución más adecuada es que la Administración Central ejerza el papel de vigilancia y supervisión para que no se malversen los recursos de todos”.
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