Esperanza Aguirre cree que la gratuidad de medicamentos no puede ser en función de la edad sino de la renta
Madrid (17/11/2011) - Redacción/E.P.
La presidenta de la Comunidad de Madrid adelanta que una de las prioridades de Mariano Rajoy si el PP gana las elecciones será la de reducir el déficit
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha opinado este miércoles que la gratuidad de los medicamentos "no puede ser en función de la edad sino en función de la renta" y ha señalado que si Mariano Rajoy gana las elecciones del domingo una de las primeras cosas que tendrá que hacer será reducir el déficit.
"Decía a micrófono cerrado que la gratuidad de medicamentos no puede ser en función de la edad sino en función de la renta y como eso muchísimas cosas", ha señalado Aguirre en una entrevista en la Cadena Cope, recogida por Europa Press.
La dirigente del Gobierno regional ha señalado que aunque se ha cambiado la Constitución para que no pueda haber déficit en las comunidades autónomas, "si hay unas leyes que obligan a pagar los medicamentos a don Emilio Botín pues los tendremos que seguir pagando".
La presidenta de la Comunidad de Madrid, partiendo de que Rajoy ganará las elecciones del domingo, ha indicado que el presidente del PP tendría que llevar a cabo rápidamente dos reformas, una laboral, para acabar con los cinco millones de desempleados, y otra referente a reducir el déficit.
La posición de la FADSP
Ante las declaraciones de la presidenta de la CAM, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Publica ha destacado que el actual sistema de recetas se basa en la consideración de que los pensionistas son las personas con menos ingresos y con mas necesidades de salud (enfermedades y/o dependencia), "de manera que son muy pocos los pensionistas que no toman medicación de manera habitual y frecuentemente suelen estar plurimedicados".
Además, y tras recordar que "las pensiones son muy bajas en España", ha explicado que los pensionistas "habitualmente presentan otras limitaciones (dependencia) que les suponen gastos muy significativos y ningún gran dependiente tiene suficiente con la pensión máxima para asegurar una atención adecuada y precisa de apoyos familiares".
"Poner en marcha un sistema de copagos en relación con la cuantía de las pensiones obligaría a cambiar las tarjetas sanitarias de ocho millones de pensionistas y tendría por lo tanto unos costes elevados que hay que considerar. Estos costes serían más elevados cuantas más variables se quisieran tener en cuenta (renta, patrimonio, grado de enfermedad y de discapacidad, etc)", añade la FADSP.
La Federación se ha referido a que "existen otras medidas para el control del gasto farmacéutico como son un uso más racional de los medicamentos, la mayor utilización de medicamentos genéricos, la financiación por grupos terapéuticos equivalentes... Como ya hemos señalado reiteradamente si el gasto farmacéutico per capita fuera el del promedio de la OCDE se ahorrarían 5.000 millones de euros anuales".
"Una última cuestión tiene que ver con el hecho de que el gobierno de la Comunidad de Madrid carece de competencias sobre el establecimiento de copagos, también sobre las recetas de la Seguridad Social y que ésta debería hacerse por el Gobierno central. En resumen rechazamos esta medida porque penaliza a las personas con menos recursos y más necesidades de salud y precisa unos gastos de gestión muy probablemente superiores a los potenciales ingresos", resume.
"Decía a micrófono cerrado que la gratuidad de medicamentos no puede ser en función de la edad sino en función de la renta y como eso muchísimas cosas", ha señalado Aguirre en una entrevista en la Cadena Cope, recogida por Europa Press.
La dirigente del Gobierno regional ha señalado que aunque se ha cambiado la Constitución para que no pueda haber déficit en las comunidades autónomas, "si hay unas leyes que obligan a pagar los medicamentos a don Emilio Botín pues los tendremos que seguir pagando".
La presidenta de la Comunidad de Madrid, partiendo de que Rajoy ganará las elecciones del domingo, ha indicado que el presidente del PP tendría que llevar a cabo rápidamente dos reformas, una laboral, para acabar con los cinco millones de desempleados, y otra referente a reducir el déficit.
La posición de la FADSP
Ante las declaraciones de la presidenta de la CAM, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Publica ha destacado que el actual sistema de recetas se basa en la consideración de que los pensionistas son las personas con menos ingresos y con mas necesidades de salud (enfermedades y/o dependencia), "de manera que son muy pocos los pensionistas que no toman medicación de manera habitual y frecuentemente suelen estar plurimedicados".
Además, y tras recordar que "las pensiones son muy bajas en España", ha explicado que los pensionistas "habitualmente presentan otras limitaciones (dependencia) que les suponen gastos muy significativos y ningún gran dependiente tiene suficiente con la pensión máxima para asegurar una atención adecuada y precisa de apoyos familiares".
"Poner en marcha un sistema de copagos en relación con la cuantía de las pensiones obligaría a cambiar las tarjetas sanitarias de ocho millones de pensionistas y tendría por lo tanto unos costes elevados que hay que considerar. Estos costes serían más elevados cuantas más variables se quisieran tener en cuenta (renta, patrimonio, grado de enfermedad y de discapacidad, etc)", añade la FADSP.
La Federación se ha referido a que "existen otras medidas para el control del gasto farmacéutico como son un uso más racional de los medicamentos, la mayor utilización de medicamentos genéricos, la financiación por grupos terapéuticos equivalentes... Como ya hemos señalado reiteradamente si el gasto farmacéutico per capita fuera el del promedio de la OCDE se ahorrarían 5.000 millones de euros anuales".
"Una última cuestión tiene que ver con el hecho de que el gobierno de la Comunidad de Madrid carece de competencias sobre el establecimiento de copagos, también sobre las recetas de la Seguridad Social y que ésta debería hacerse por el Gobierno central. En resumen rechazamos esta medida porque penaliza a las personas con menos recursos y más necesidades de salud y precisa unos gastos de gestión muy probablemente superiores a los potenciales ingresos", resume.
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