viernes, 25 de noviembre de 2011

La Comisión emplaza a España a dar la TSE a los comunitarios - DiarioMedico.com

La Comisión emplaza a España a dar la TSE a los comunitarios

La Comisión Europea ha emplazado a España a que deje de negarse a expedir la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) a ciudadanos no españoles de la UE que no sean trabajadores por cuenta ajena, por cuenta propia ni pensionistas, pero que tengan derecho a asistencia sanitaria por residir en España.
Redacción   |  25/11/2011 00:00

La Comisión Europea ha emplazado a España a que deje de negarse a expedir la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) a ciudadanos no españoles de la UE que no sean trabajadores por cuenta ajena, por cuenta propia ni pensionistas, pero que tengan derecho a asistencia sanitaria por residir en España.

Dado que la legislación permite a estos individuos el acceso a los sistemas públicos de asistencia sanitaria por ser personas aseguradas según la normativa de la Unión sobre coordinación de la Seguridad Social, dichas personas deben beneficiarse de las prestaciones a las que da derecho la TSE.
En cambio, algunas regiones (Andalucía y Comunidad Valenciana) no están reconociendo este aseguramiento, por lo que se niegan a expedirles la TSE, lo que hace a éstos responsables, en principio, del coste de la asistencia sanitaria recibida durante su estancia en otro Estado miembro.

Derecho a prestación
Según la normativa de la UE sobre coordinación de la Seguridad Social, persona asegurada es quien reúne las condiciones requeridas por la legislación del Estado miembro competente, incluyendo a Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, para tener derecho a las prestaciones de la Seguridad Social. A tenor de dicha normativa, las personas aseguradas tienen el derecho a recibir la asistencia sanitaria que precisen durante su estancia en otro Estado miembro.

 La TSE es el documento acreditativo de tal derecho.El emplazamiento adopta la forma de dictamen motivado del procedimiento de infracción de la UE. España dispone de dos meses para notificar las disposiciones adoptadas para dar cumplimiento a las normas. Si no lo hace, la Comisión podrá denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE.
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