La despolitización sigue considerándose la asignatura pendiente de la gestión

P.L. Alicante | 09/11/2011 00:00

Los directivos de los servicios regionales de salud de Valencia, Madrid, Murcia, Castilla la Mancha, País Vasco y Extremadura se han mostrado partidarios de despolitizar los cargos de gestión sanitaria, una cuestión de fondo que en la práctica sigue fallando, sobre todo en periodos electorales.

"Lo ideal es que los gestores sanitarios sean profesionales, aunque se les designe como cargos de confianza", afirma Raimon Belenes, director de Innovación en Capio Sanidad. "Es la asignatura pendiente del país. Hay que despolitizar, ir a procesos de selección de gestores mediante órganos de gobierno o comités y evaluarlos". También sugiere un acercamiento a otros países europeos, donde el cambio electoral no supone un recambio radical de directivos que lo estaban haciendo bien.

En general, se ha mostrado de acuerdo con las propuestas de los gerentes regionales para afrontar la crisis económica tras años de economía boyante "en los que la capacidad de gestión ha quedado algo aletargada".

Pacto sanitario
Las comunidades autónomas quieren un pacto sanitario sobre aspectos como la evaluación de la tecnología sanitaria, las compras, los recursos humanos y la cartera de servicios, así como una mayor integración de niveles asistenciales. "No son instrumentos nuevos de gestión, pero puede que aplicarlos sea más necesario que nunca, como las experiencias de gasto capitativo en los modelos de concesión", explica Belenes.

Mariano Guerrero, director de Planificación y Proyectos de Ribera Salud, sugiere un salto a la acción: "No podemos tener el mismo catálogo en época de crisis que en periodos de abundancia. Las prestaciones son evaluables y se pueden mantener las que son esenciales, sin menoscabar su calidad ni la accesibilidad de los ciudadanos", insiste, destacando que la actual cartera de servicios tiene margen suficiente para la poda. En su opinión, una forma de ahorrar es "eliminar lo repetitivo y lo que no aporta valor en la cadena diagnóstica y terapéutica".

Guerrero cree que muchas decisiones tomadas hace veinte años ya no son efectivas y que habría que explicar claramente a los ciudadanos cuándo han de utilizar los servicios sanitarios. "Estamos confundiendo la garantía de un derecho con la nada sostenible gestión pública de los servicios esenciales".

Defiende que se tengan en cuenta no sólo parámetros de ahorro en términos económicos, sino también los relacionados con el nivel de adherencia a los tratamientos y, por tanto, su impacto en la salud. Para salir de la situación crítica hace una llamada a la profesionalidad en un triple ámbito: gestores, políticos y clínicos. "Los profesionales sanitarios toman decisiones sobre los tratamientos y han de implicarse en la gestión".

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