martes, 8 de noviembre de 2011

Las Cortes de Castilla-La Mancha aprueban suprimir la institución del Defensor del Pueblo de esta autonomía - DiarioMedico.com

LOS ASUNTOS QUE ESTÉN EN TRAMITACIÓN PASARÁN AL DEFENSOR ESTATAL

Las Cortes de Castilla-La Mancha aprueban suprimir la institución del Defensor del Pueblo de esta autonomía

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado la Ley de Supresión del Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha, cumpliendo así una de las promesas electorales de la presidenta regional y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.
Europa Press. Toledo   |  08/11/2011 00:00

 
Las Cortes de Castilla-La Mancha, con los votos a favor del PP y en contra del PSOE, han aprobado la Ley de Supresión del Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha, cumpliendo así una de las promesas electorales de la presidenta regional y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

Con el objeto de garantizar los derechos de los ciudadanos y previa conformidad de éstos, la ley establece que se remitirán al Defensor del Pueblo estatal las quejas que se encuentren en tramitación a la fecha de entrada en vigor de la presente ley. A tal fin, la Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha se hará cargo de los asuntos en trámite adoptando las decisiones que convengan.

La norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, que derogará la Ley 16/2001 de 20 de diciembre del Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha y cuantas normas de igual o inferior rango se opongan.

En su turno de intervención, el consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, Jesús Labrador, ha señalado que el Defensor del Pueblo no es una institución necesaria y no está recogida en el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. A cada ciudadano, el Defensor del Pueblo estatal le cuesta 32 céntimos, mientras que a los castellano-manchegos esta institución le cuesta 1,43 euros, "cinco veces más", ha sentenciado Labrador, que ha negado que el Gobierno de Cospedal suprima la institución porque sea un órgano de control al Gobierno, tal y como a le acusan los socialistas.
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