"Se está intentando cambiar el modelo sanitario a base de conceder a los privados la gestión de centros públicos", según María Málaga (22/11/2011) - Alejandro Blanco
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ha celebrado en Málaga la mesa redonda "Medidas para garantizar la equidad y la cohesión en el Sistema Nacional de Salud" en la que han participado, entre otros, la ex ministra de Sanidad
La crítica a lo que se considera un intento de cambio de modelo sanitario abusando de la Ley General de Sanidad ha sido la clave de la mesa redonda "Medidas para garantizar la equidad y la cohesión en el Sistema Nacional de Salud", celebrada por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) este fin de semana en Málaga.
La ex ministra de Sanidad María Ángeles Amador explicó que la Ley General de Sanidad (LGS) preveía la gestión directa e indirecta de los servicios públicos, ejerciéndose la indirecta mediante conciertos y convenios. "Eso se ha desarrollado estos años con resultados muy eficaces, complementando algunas prestaciones y servicios con convenios y conciertos. El problema es cuando cada comunidad o algunas de ellas han empezado a implantar bajo el epígrafe de formas de gestión más eficaces cosas que no constituyen solo formas de gestión instrumentales, sino que transforman el modelo y el servicio público sanitario".
Así, la responsable de este departamento en el último mandato del presidente del Gobierno Felipe González (1993-1996) sostuvo que la concesión a manos privadas de la gestión de centros públicos es un intento "de cambiar el modelo sanitario".
"La gestión privada de centros sanitarios públicos es absolutamente inadecuada para mantener las garantías de la Sanidad como función del Estado. La salud es un problema que no podemos abordar individualmente.
Cuando el sistema sanitario es público, no solo nos garantiza que lo económico no sea una barrera de acceso, sino también que las prestaciones están suficientemente contrastadas y que las decisiones que se toman sobre la salud se deciden en función a criterios de salud y no de cuentas de resultados. Y no es lo mismo si se privatiza", subrayó.
Amador insistió en que la concesión de servicio público es una modalidad del derecho español pensada para sectores en los que el Estado no presta servicios. "En esos casos lo más importante es el interés económico, que la actividad se hace por ventura y riesgo del concesionario y que éste recupera la inversión cobrando una tarifa a los usuarios. Ninguna caraterística es extrapoble al funcionamiento de un hospital, ya que es lo público lo que garantiza la clientela y el pago por los servicios".
La ex ministra recordó el preámbulo de la Ley General de Sanidad de 1986 y una disposción de la Ley de Salud Pública de octubre de este año para señalar que en ambos casos se condiciona el desarrollo progresivo de sus preceptos a la evolución de las cuentas públicas. "Nunca ha sido fácil construir el sistema sanitario público, pero es efectivo para proteger la salud", concluyó.
Por su parte, el consejero de Salud de la Junta de Andalucía entre 1992 y 2000, José Luis García de Arboleya, señaló que España tiene un buen sistema sanitario a un coste "muy razonable, pero que se puede mejorar y que no está cohesionado. La cohesión lo hará sostenible." Consideró un "error" que lo primero que se transfirió a las comunidades autónomas fueran las políticas de salud pública y prevención. "No tiene sentido que se camine hacia una política europea común en prevención y que ésta se desmembre en 17 en España. No pasaría nada si se retoman esas competencias por parte del Estado. Si hay que cambiar la Constitución, ya hemos visto que eso puede hacerse de forma rápida".
García de Arboleya argumentó que la LGS planteaba la transferencia de la gestión a las autonomías, no de la financiación ni de las políticas de salud pública. "No se buscaban distintos catálogos de prestaciones, distintas tarjetas sanitarias y distintas recetas electrónicas, sino el traspaso de un personal y acercar los problemas de salud a quien los gestiona. Madrid está muy lejos y a veces Sevilla, también".
Este ex responsable público subrayó que las directrices sobre salud pública deben salir del Ministerio, aunque éste tenga delegados o delegue en consejerías. "Además el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se ha hecho inviable por las disputas políticas. En los años 90 se tomaban decisiones por consenso. Ahora el enfrentamiento brutal lo hace inviable y eso me preocupa".
El ex consejero rechazó que se critique al sistema sanitario público por caro y defendió el principio de solidaridad en el que se basa: "Es solidaridad de los ricos hacia los pobres; de los jóvenes, a los viejos; de los sanos, a los enfermos".
"No hay cohesión en el sistema sanitario público español y la culpa la tenemos todos los que hemos estado gestionándolo. Esto se desbordó por las ambiciones políticas de cada cual", subrayó García Arboleya.
Por otra parte, el andaluz apostó por una mayor flexibilidad en el personal. "No me refiero a despidos, sino a que el personal sea laboral fijo en lugar de funcionario, ya que así se tiene una movilidad -que deberá pactarse con el empleado- con la que no se cuenta en el funcionariado. Podremos ser más eficientes sin gastar más". Según García Arboleya, la media presupuestaria destinada a la plantilla es del 50-60 por ciento en el conjunto del sistema, pero ronda el 75 por ciento en el caso de los hospitales.
Finalmente, criticó a quienes defienden el copago como fórmula para hacer viable el sistema sanitario público. "Basta con hacerlo más eficiente. El copago es innecesario y solo disuadirá a quienes no pueden pagarlo pero sí necesitan los servicios sanitarios. No se pueden fijar sistemas en los que se haga pagar por una consulta indebida. ¿Cómo sabe el paciente si su problema de salud está suficientemente motivado o no? ¿Qué criterios se eligen para ello? ¿Quién lo decide?".
La ex ministra de Sanidad María Ángeles Amador explicó que la Ley General de Sanidad (LGS) preveía la gestión directa e indirecta de los servicios públicos, ejerciéndose la indirecta mediante conciertos y convenios. "Eso se ha desarrollado estos años con resultados muy eficaces, complementando algunas prestaciones y servicios con convenios y conciertos. El problema es cuando cada comunidad o algunas de ellas han empezado a implantar bajo el epígrafe de formas de gestión más eficaces cosas que no constituyen solo formas de gestión instrumentales, sino que transforman el modelo y el servicio público sanitario".
Así, la responsable de este departamento en el último mandato del presidente del Gobierno Felipe González (1993-1996) sostuvo que la concesión a manos privadas de la gestión de centros públicos es un intento "de cambiar el modelo sanitario".
"La gestión privada de centros sanitarios públicos es absolutamente inadecuada para mantener las garantías de la Sanidad como función del Estado. La salud es un problema que no podemos abordar individualmente.
Cuando el sistema sanitario es público, no solo nos garantiza que lo económico no sea una barrera de acceso, sino también que las prestaciones están suficientemente contrastadas y que las decisiones que se toman sobre la salud se deciden en función a criterios de salud y no de cuentas de resultados. Y no es lo mismo si se privatiza", subrayó.
Amador insistió en que la concesión de servicio público es una modalidad del derecho español pensada para sectores en los que el Estado no presta servicios. "En esos casos lo más importante es el interés económico, que la actividad se hace por ventura y riesgo del concesionario y que éste recupera la inversión cobrando una tarifa a los usuarios. Ninguna caraterística es extrapoble al funcionamiento de un hospital, ya que es lo público lo que garantiza la clientela y el pago por los servicios".
La ex ministra recordó el preámbulo de la Ley General de Sanidad de 1986 y una disposción de la Ley de Salud Pública de octubre de este año para señalar que en ambos casos se condiciona el desarrollo progresivo de sus preceptos a la evolución de las cuentas públicas. "Nunca ha sido fácil construir el sistema sanitario público, pero es efectivo para proteger la salud", concluyó.
Por su parte, el consejero de Salud de la Junta de Andalucía entre 1992 y 2000, José Luis García de Arboleya, señaló que España tiene un buen sistema sanitario a un coste "muy razonable, pero que se puede mejorar y que no está cohesionado. La cohesión lo hará sostenible." Consideró un "error" que lo primero que se transfirió a las comunidades autónomas fueran las políticas de salud pública y prevención. "No tiene sentido que se camine hacia una política europea común en prevención y que ésta se desmembre en 17 en España. No pasaría nada si se retoman esas competencias por parte del Estado. Si hay que cambiar la Constitución, ya hemos visto que eso puede hacerse de forma rápida".
García de Arboleya argumentó que la LGS planteaba la transferencia de la gestión a las autonomías, no de la financiación ni de las políticas de salud pública. "No se buscaban distintos catálogos de prestaciones, distintas tarjetas sanitarias y distintas recetas electrónicas, sino el traspaso de un personal y acercar los problemas de salud a quien los gestiona. Madrid está muy lejos y a veces Sevilla, también".
Este ex responsable público subrayó que las directrices sobre salud pública deben salir del Ministerio, aunque éste tenga delegados o delegue en consejerías. "Además el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se ha hecho inviable por las disputas políticas. En los años 90 se tomaban decisiones por consenso. Ahora el enfrentamiento brutal lo hace inviable y eso me preocupa".
El ex consejero rechazó que se critique al sistema sanitario público por caro y defendió el principio de solidaridad en el que se basa: "Es solidaridad de los ricos hacia los pobres; de los jóvenes, a los viejos; de los sanos, a los enfermos".
"No hay cohesión en el sistema sanitario público español y la culpa la tenemos todos los que hemos estado gestionándolo. Esto se desbordó por las ambiciones políticas de cada cual", subrayó García Arboleya.
Por otra parte, el andaluz apostó por una mayor flexibilidad en el personal. "No me refiero a despidos, sino a que el personal sea laboral fijo en lugar de funcionario, ya que así se tiene una movilidad -que deberá pactarse con el empleado- con la que no se cuenta en el funcionariado. Podremos ser más eficientes sin gastar más". Según García Arboleya, la media presupuestaria destinada a la plantilla es del 50-60 por ciento en el conjunto del sistema, pero ronda el 75 por ciento en el caso de los hospitales.
Finalmente, criticó a quienes defienden el copago como fórmula para hacer viable el sistema sanitario público. "Basta con hacerlo más eficiente. El copago es innecesario y solo disuadirá a quienes no pueden pagarlo pero sí necesitan los servicios sanitarios. No se pueden fijar sistemas en los que se haga pagar por una consulta indebida. ¿Cómo sabe el paciente si su problema de salud está suficientemente motivado o no? ¿Qué criterios se eligen para ello? ¿Quién lo decide?".
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