OPT-OUT

INFORMES Y GESTION
EL MÉDICO INTERACTIVO - ESPAÑA
FEBRERO 06-2009.
INFORMES
Opt-out: en el final del laberinto europeo


Los mecanismos que rigen las instituciones de la UE y el papel jugado por españoles como el eurodiputado Alejandro Cercas y el representante sindical Carlos Amaya han sido algunos de los principales protagonistas de este complicado proceso que tuvo su penúltima parada el pasado mes de diciembre en Estrasburgo. Fue entonces cuando el Europarlamento tumbó todas y cada una de las propuestas británicas, consideradas por muchos expertos como retrocesos al siglo XIX de los derechos de los trabajadores. El voto negativo y prácticamente unánime de la eurocámara ha abierto un periodo de conciliación con el Consejo en el que, en un periodo de 90 días, debe llegarse a un acuerdo definitivo que la profesión médica de toda Europa espera.

Javier Granda Revilla
Madrid (7/9-2-09).- El proceso comienza hace ya 16 años, en 1993, cuando la Unión Europea aprobó por vez primera la directiva que establecía el máximo de 48 horas de trabajo a la semana, definiendo además los tiempos de descanso y vacaciones. El Gobierno británico, dirigido entonces por John Major, obtuvo como contrapartida por su apoyo la cláusula de opt-out o exclusión voluntaria, por un periodo temporal de 10 años. Los cálculos señalan que al día de hoy, más de tres millones de ingleses trabajan más de 48 horas. De esos tres millones, aproximadamente medio millón trabaja más de 60 horas. Trabajos muy destacados, como el realizado por la Comisión Barnard, Deakin y Hobbs, de la Universidad de Cambridge, han dejado sentado que la prolongación de la jornada laboral afecta seriamente la salud de los trabajadores.

El concepto ‘duración del tiempo de trabajo’ incluido en la directiva que modificada el reglamento anterior ha motivado una movilización sin precedentes en el colectivo médico europeo, a los que se han unido otros profesionales como los bomberos. Las organizaciones médicas europeas, en las que ha tenido un papel muy destacado Carlos Amaya, han recurrido a las cortes de justicia para obtener sentencias que respaldaran sus intereses. De este modo, el Tribunal de las Comunidades Europeas de Luxemburgo les ha dado la razón en tres ocasiones: en el caso del Sindicato de Médicos de Asistencia Pública y en los casos Jaeger y Pfeiffer.

Las negociaciones entre Comisión y Consejo para revisar la directiva de 1993 e incorporar las citadas sentencias han incorporado el concepto de tiempo de guardia, distinguiendo entre un periodo activo y un periodo inactivo. En opinión del Consejo, el periodo inactivo no debe ser considerado como trabajo. Sin embargo, la propuesta elaborada por el Parlamento considera que todo el tiempo de guardia, que incluye la parte inactiva, debe ser considerada como tiempo de trabajo. En contraprestación, admite que a través de convenios entre las partes o regulaciones laborales este tiempo de guardia puede ser computado de manera distinta de manera que no infrinja el máximo de 48 horas semanales.

La directiva permaneció bloqueada por la oposición de España, Francia e Italia, pero las victorias electorales de Sarkozy y Berlusconi cambiaron el equilibrio de fuerzas en Bruselas. El penúltimo paso de este proceloso proceso se produjo el pasado mes de junio en el Consejo, cuando España se quedó sola con Bélgica votando en contra, con la abstención de Bélgica, Chipre, Malta, Portugal y Hungría.

El siguiente trámite era la votación de la directiva en el Europarlamento de Estrasburgo el pasado mes de diciembre. El diputado español Alejandro Cercas, del grupo socialista, asumió un papel protagonista durante todo el proceso, redactando una serie de enmiendas a la directiva y recabando apoyos en otros países, grupos políticos y lobbies, buscando alcanzar los deseados 393 votos necesarios para vencer por mayoría absoluta. La labor de Cercas fue respaldada por la totalidad de asociaciones médicas, que incluso convocaron una euromanifestación en la puerta del Parlamento de Estrasburgo para dejar clara a sus posturas a la opinión pública y a los eurodiputados.

Al prosperar todas las enmiendas presentadas por Cercas –algunas con más de 500 votos– se abrió un periodo de conciliación de hasta tres meses. Expertos de Bruselas consultados por El MEDICO han señalado que como cuanto más se alarguen las conversaciones, más próxima estará la celebración de las elecciones al Parlamento Europeo en junio, los políticos tendrían un gran interés en no aparecer en la campaña electoral como enemigos de los derechos de los trabajadores, pudiendo perjudicarles en número de votos. En caso de no llegar a acuerdo, el texto sometido a votación el pasado mes de diciembre sería retirado. Sin embargo, pese a la postura de fuerza que supone el respaldo de la inmensa mayoría del Parlamento, las negociaciones siguen cuando se escriben estas líneas.

La cláusula de derogación (opt-out)
Entre las enmiendas más destacadas presentadas por Cercas para ser votadas el pasado diciembre, destacaba la número 16, que solicitaba que la cláusula de opt-out, que como se ha comentado fue acordada de forma excepcional y temporal por el Reino Unido en 1993, termine 36 meses después de la entrada en vigor de la Directiva. Mientras tanto, las enmiendas 17 y 18 velan por que debe asegurarse la libre emisión de la voluntad del trabajador prohibiendo que se suscriba esta cláusula al firmar el contrato de trabajo, durante el contrato de trabajo, durante el periodo de prueba o en las cuatro primeras semanas de relación laboral.

La enmienda 19 apostaba por la supresión de la opción de elevar hasta 60-65 horas el máximo de la jornada semanal, siendo en realidad no un límite absoluto, ya que este número de horas están calculadas como promedio durante un período de tres meses. De este modo, el informe realizado por Cercas respaldaba la oposición de todos los sindicatos europeos que veían en esta cláusula de renuncia individual el fin del derecho del trabajo y la vuelta a un sistema de relaciones individuales meramente bilateral –entre trabajador y empresario–, sin que se respeten las garantías y la fuerza que da al trabajador la existencia de leyes y convenios de protección.

En cuanto a que los periodos de guardia, todos están considerados tiempos de trabajo, como dejó sentado el Tribunal de Justicia Europeo, entendiéndose por guardia “todo periodo durante el cual el trabajador tiene la obligación de estar disponible en su lugar de trabajo, con el fin de intervenir, a petición del empresario para ejercer su actividad o sus funciones”.

El diputado español Alejandro Cercas, del grupo socialista, ha asumido un papel protagonista, redactando una serie de enmiendas a la directiva y recabando apoyos de otros países, grupos políticos y lobbies

Para el Consejo, el periodo inactivo del tiempo de guardia no debe considerarse como tiempo de trabajo a menos que la legislación nacional, un convenio colectivo o un acuerdo entre interlocutores sociales disponga diferencialmente. Se trata del periodo durante el cual el trabajador es de guardia pero no está obligado a ejercer efectivamente sus funciones. En contrapartida, los estados miembros de la UE alegaban que la consideración del tiempo de guardia de los médicos como tiempo de trabajo provocaría la destrucción de los sistemas de salud pública en muchos países.

Sin embargo, el informe elaborado por el eurodiputado español, en su enmienda nueve, consideraba que todo el periodo de tiempo de guardia (incluido el periodo inactivo) debe considerarse como tiempo de trabajo, aunque reconocía la diferencia entre el tiempo de guardia activo y el tiempo de guardia inactivo pudiéndose, este último, ser calculado de manera específica.

Descanso compensatorio tras guardia
Otro de los caballos de batalla que ha conseguido aunar las acciones de diferentes colectivos es el hecho de que el descanso compensatorio debe suceder al tiempo de guardia. La Directiva europea vigente y el Tribunal de Justicia señalan que cuando los trabajadores no pudieran tener periodos de descanso normales, deben disfrutar inmediatamente después de períodos de descanso compensatorios. Según la posición común del Consejo, corresponde dejar a los estados miembros de la Unión Europea el cuidado de determinar la duración del plazo razonable, en el cual se asigna un descanso compensatorio. En el informe de Alejandro Cercas, los periodos de descansos compensatorios deben concederse después de los periodos de guardia, tal como establecían las enmiendas 13 y 14.

En cuanto a la anualización, es decir, la ampliación del periodo de referencia de cuatro a doce meses, debe recordarse de nuevo que fue un compromiso político en la primera lectura para poder obtener el apoyo suficiente para acabar con la cláusula del opt-out. El Consejo sugiere que los estados miembros de la Unión Europea son libres de proponer un periodo de referencia de doce meses, bien a través de convenios colectivos o por legislación después de una consulta a los interlocutores sociales a nivel apropiado. Esta propuesta, en opinión de Cercas, ignora las disposiciones de la primera lectura del Parlamento de Estrasburgo y el hecho de que era la ‘pieza de intercambio’ con el opt-out. La enmienda 15 de su informe era considerada clave, porque proponía por un lado más medidas de protección y servía para poder negociar en conciliación.

Por último, en el tema de la conciliación de la vida familiar y profesional, la enmienda número once señalaba que los Estados miembros de la UE deberían tomar medidas para animar a los empresarios a tener en cuenta las necesidades de los trabajadores que reconcilien el trabajo y la vida familiar. Los trabajadores deberían, por tanto, tener el derecho a pedir cambios de su horario y de los modelos de trabajo y los empresarios deberían tener la obligación de considerar tales peticiones.

Para, el ex ministro de trabajo portugués José Silva Peneda, la cláusula de opt-out, que permite a un acuerdo personal entre empleador y empleado sobre número de horas a trabajar “no tiene nada que ver con la flexibilidad”. “Estoy contra el opt-out por muchas razones, entre otras porque quiero regulación en el mercado de trabajo y el opt-out introduce falta de regulación. Si el Parlamento Europeo hubiera aprobado estas propuestas, los trabajadores con contratos de menos de diez semanas no hubieran tenido ningún tipo de protección. Estoy en contra de esta Europa y de esta posición del Consejo”, sentenció.

Opinión unánime
Miembro del Partido Popular Europeo, Silva Peneda recordó también que, “por primera vez en Europa, toda la clase médica coincide con la opinión de Alejandro Cercas y conmigo y por tanto con el Partido Socialista y con el Popular. El opt-out es una cuestión clave del proyecto político europeo. Espero que, tras la votación del pasado diciembre, haya una posible conciliación que encuentre la solución que quizá no sea la postura más deseada por el Partido Popular Europeo, pero el Parlamento Europeo es eso”.

Por su parte, la representante del Grupo para la Alianza de Liberales y Demócratas por Europa, Elizabeth Lynne, es una firme defensora de la postura británica en este campo ya que opina que el opt-out, si es verdaderamente voluntario, es útil tanto para empleador como para empleado, que no puede firmar a la vez opt-out y contrato, disponiendo de un periodo de cuatro semanas para hacerlo. “De este modo, el empleado puede trabajar más horas e ingresar más dinero. Mi temor es que, si se elimina, habrá más gente trabajando en economía sumergida, fuera de la legislación laboral y sin seguros sociales”, añadió.

Elizabeth Schroedter, alemana del Grupo Verde también se muestra contraria al opt-out, pese al apoyo que recibe la medida tanto de su país como del Reino Unido “bloqueando la posición del Consejo desde hace muchos años”. Recuerda que los estándares mínimos son parte de la Europa social: “hay que dar estos estándares a la gente, porque es lo que nos piden y es lo único que nos hace creíbles ante los ojos de nuestros votantes”. En su opinión, este tema es capital, porque ha revelado las posturas de los distintos grupos y países ante las inminentes elecciones europeas, que tendrán lugar en junio de 2009 y en la que el voto de castigo podría pasar factura a los distintos partidos.

Por último, Dimitris Papadimoulis, del Grupo Confederal de la Izquierda Unida Europea, se ha revelado como uno de los azotes del Europarlamento en este campo, con severas críticas al opt-out, recalcando que la Europa social está siendo rebajada de nivel. “Aquí hay dos niveles de medida: si interesa a las grandes compañías, se apoya como parte del mercado común o de la libre circulación de personas o mercancías, pero en algunos temas se opta por soluciones subsidiarias. En 2005 el Parlamento Europeo intentó alcanzar un compromiso en un término medio, aceptando eliminar aspectos de los convenios colectivos, con la condición de eliminar el opt-out. Ahora volvemos a la Edad Media y la reacción del Consejo en este sentido ha sido muy arrogante, sobre todo tras el cambio político producido tanto en Italia como en Francia. Estamos en una Europa de bajos salarios, de nula flexibilidad, de sindicatos débiles… y si encima el trabajador no acepta el opt-out puede ser despedido. Además, al trabajar tantísimas horas, su salud y la de toda la sociedad está en peligro. El grupo al que pertenezco apoya sólo las enmiendas que ayudan a avanzar y ésta no lo es. Se apela a los lobbies, yo apelo a los ciudadanos, porque en junio habrá elecciones y quiero que sepan dónde se sitúa cada grupo político”, concluyó.

Las posturas favorables al opt-out apuntan que, si es verdaderamente voluntario, es útil tanto para el empleador como para el empleado, y temen que su desaparición fomente la economía sumergida

Argumentos falaces
Para Cercas, la postura de los defensores del opt-out es que, si se elimina, la situación es peor, un argumento que califica de “falaz”. “Las normas no crean la economía sumergida, porque si se quitan todas las normas, no se elimina la economía sumergida, se quita el derecho al trabajo. Es como si, para arreglar el tráfico, se quitaran todas las señales”, argumenta. Otro punto que, según su criterio, no debe olvidarse es que los defensores del opt-out evitan hablar de salud y seguridad en el trabajo.

El Tribunal Europeo de Justicia entiende por guardia “todo periodo durante el cual el trabajador tiene la obligación de estar disponible en su lugar de trabajo, con el fin de intervenir, a petición del empresario, para ejercer su actividad o sus funciones”

En este sentido, un informe realizado en trabajadores con jornadas entre 50 y 70 horas a la semana demostró que enfermaban el doble que aquellos que trabajaban 40 horas y sufrían un impacto tres veces mayor en su vida familiar, afectando directamente a la salud y la seguridad. “El trabajo fue realizado en la universidad de Cambridge, sobre la lamentable situación de los trabajadores que se acogían al opt-out. ¿Por qué esta batalla del Consejo por una norma obsoleta que afecta a inmigrantes y a determinados sectores? Lo más grave es que ha estado a punto de dividir Europa en países que tienen o no largas jornadas de trabajo. Quieren que se pueda sortear hoy la jornada laboral y mañana el salario mínimo, la libertad individual o el derecho de huelga. Esto conlleva un retroceso al siglo XIX, con convenios de trabajo individuales y con leyes que son obligatorias”, expone.

Para la británica Elizabeth Lynne, la cuestión es distinta, al tratarse de una elección individual. “Además, debe recordarse que en países como España y Portugal existe una gran economía sumergida, por lo que surge la necesidad de que se trabaje de forma legal. Yo quiero trabajadores legales. Por otro lado, el opt-out no es exclusivo de mi país: 14 países más dentro de la Unión Europea lo utilizan. Yo no estoy en el gobierno del Reino Unido, de hecho estoy contra muchas de sus decisiones, pero en este punto estoy de acuerdo”, señala.

El ex ministro Silva Penedo resume su postura al hablar de la libre elección con un ejemplo: “Si su hijo está enfermo y el médico que lo va a atender lleva 48 horas seguidas trabajando ¿está tranquilo de verlo en sus manos? Hay límites para la libre elección. Quiero recordar que yo estaba presente en el consejo de ministros de Trabajo en el que se decidió que el opt-out era una solución únicamente en el Reino Unido, porque estaba fuera de la Unión Europea”.

Esta autorización transitoria se basaba en dos condiciones: el Reino Unido firmaría el convenio, con una revisión de la directiva en los dos años siguientes. “El Reino Unido firmó, pero la cláusula de opt-out permanece a día de hoy. No era una solución permanente, sino provisional y fue muy difícil convencer a Martine Aubry [actual primera secretaria del Partido Socialista Francés y entonces ministra de Asuntos Sociales y Trabajo del gobierno galo] o a Jean Claude Juncker [primer ministro y ministro de Hacienda de Luxemburgo]. El opt-out no se refería a la flexibilidad o a la libertad de elección, era una solución coyuntural. No tiene nada que ver ni con la libre elección. Su único objetivo es debilitar la posición del trabajador”, reitera.

Papadimoulis, el representante griego, opina que el debate se centra en si se quiere construir una Europa como quieren los ciudadanos “o como quieren los banqueros”. “Hay un peligro claro que se extienda la cláusula del opt-out, que no sirve a los intereses de los trabajadores y además amenaza el proyecto europeo. No podemos tener una Europa a la carta con moneda única y políticas comunes y, a la vez, políticas que no protejan a sus trabajadores”, lamenta.

Falta de información del trabajador
Las cifras que maneja Cercas sobre el opt-out en el Reino Unido señalan que cinco millones de trabajadores que se habían acogido a esta modalidad, “la mitad no sabía lo que había firmado y, cuando se les explicaba, el 50 por ciento se mostraba en contra. Además, el 50 por ciento de los trabajadores, según datos del verano de 2008, nunca trabajan 48 horas semanales, trabajan más. Y respecto a que existen 14 países donde se aplica, la diferencia es que en el Reino Unido hay 10 veces más trabajadores en opt-out que en el resto del continente”.

Silva Peneda, miembro del Partido Popular Europeo, ha señalado que, por primera vez, toda la clase médica coincide con la opinión de los partidos Socialista y Popular

Para terminar, Cercas repite que el opt-out perjudica la productividad. Datos del estudio de la Universidad de Cambridge ya citado señala que el Reino Unido, con este sistema, tiene la peor productividad por hora de trabajo de toda Europa. “Yo creo que el problema estriba en que los británicos tienen una percepción de la realidad de que Europa sólo les trae males, peligros y riesgos. Los británicos deben hacerse europeos. Estamos en plena crisis y, mientras Europa se permite dar lecciones ante el mundo defendiendo el programa de la OIT de trabajo digno ¿cómo puede decirse a la vez que se golpee el comercio en la UE? Aquí existe una doble moral y las palabras deberían ser iguales a los actos”, concluye.

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