Ley, dependencia y evaluación [ESPAÑA]

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Opinión. Editorial
JANO.es
Ley, dependencia y evaluación
09 Octubre 2009

La Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, que entró en vigor el 1 de enero de 2007, creó un nuevo “derecho de ciudadanía”: el de las personas que no se pueden valer por sí mismas –mayores y personas con discapacidad– para recibir atención y apoyo especial por parte del Estado.

Los números oficiales concretan que en España hay 3,5 millones de personas con algún tipo de discapacidad, siendo definidas como dependientes en torno a un millón y medio. De éstas, 1.125.000 presentan dependencia total, severa o moderada.

Con el espíritu de establecer un sistema público de atención a la dependencia de amplia cobertura, el sistema español se marcó como objetivos esenciales la universalidad, garantizar la igualdad en el acceso y contar con una valoración y reconocimiento de la discapacidad y la dependencia único y equitativo para todas las comunidades autónomas.

Hasta entonces, los sistemas sanitario y social se caracterizaban en nuestro país por desarrollarse y trabajar de un modo escasamente coordinado. Este hecho resulta paradójico por cuanto en un porcentaje significativo de los casos la dependencia tiene su origen directo (procesos neurodegenerativos, osteoarticulares, cardio y cerebrovasculares, etc.) en un problema de salud. De esta forma la atención que reciben las personas dependientes en el sistema sanitario tiene efectos sobre la problemática atendida por el sistema social, y viceversa.

Con la aprobación de la coloquialmente conocida como Ley de Dependencia se establecieron las bases para el desarrollo del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD) que tiene prevista su implantación total en el año 2015.

La Ley se acerca a sus dos años de un recorrido dispar que ha fluctuado dependiendo de la comunidad autónoma de la que se hable. Hay ejemplos de regiones en las que se ha avanzado notablemente más que en otras.

Es por ello necesario que el Ministerio de Sanidad y Política Social, a través de su Consejo Interterritorial de Dependencia, en el que están representados los responsables autonómicos de política social, actúe de verdadero órgano de cohesión.

El pasado 22 de septiembre, en la reunión del mencionado Consejo, se aportaron datos que apuntan que nueve de cada diez personas que han solicitado prestaciones o servicios de la Ley de Dependencia han sido ya evaluados. Además, al ritmo actual de incorporación, antes de que finalice el año, dos de cada tres personas declaradas dependientes recibirán la atención del Sistema Nacional de Dependencia.

Para seguir avanzando en la aplicación de la Ley, el Consejo decidió adelantar los trabajos de evaluación de ésta. Previstos inicialmente para el próximo año, estos trabajos comenzarán en octubre y permitirán llegar a acuerdos para la mejora de la implantación de la Ley antes del próximo verano.

Asimismo se acordó la información común que deberán aportar todas las comunidades autónomas al SAAD, que se hará con el mismo procedimiento y la misma periodicidad. De esta manera se posibilita la elaboración de estadísticas públicas que ayudarán al conocimiento y funcionamiento del sistema.

Finalmente, el Consejo Territorial de Dependencia aprobó impulsar la formación de las personas cuidadoras no profesionales a través de cursos (presenciales o a distancia) que mejoren los conocimientos de estas personas en aspectos relacionados con su papel, con los cuidados básicos, con la prevención de lesiones, estrés y riesgos para el cuidador y con la información de recursos para el cuidador y el dependiente.

Es preciso redoblar esfuerzos, acelerar las evaluaciones y que las personas que ya tienen reconocido el derecho a recibir las prestaciones y ayudas previstas por la Ley puedan beneficiarse ya de ellas. Arrinconar definitivamente aquellos tiempos y actitudes en los que las personas discapacitadas y dependientes formaban parte de los excluidos de una sociedad remisa a admitir que una comunidad no es completa y no se justifica si no se trata a los ciudadanos en pie de igualdad, en paridad de derechos como personas, más allá de diferencias en razón de edad, discapacidad o cualquier otra circunstancia. Una sociedad en la que cada uno de sus miembros tiene derecho a participar en el bien común y a recibir la parte alícuota correspondiente del bienestar general.