La madre de todos los pelotazos sanitarios
La polémica ha perseguido a los concursos de resonancia magnética
Hablar de los concursos que han cedido al sector privado los diagnósticos con equipos de resonancia magnética de los pacientes de la sanidad pública es hablar de polémica, de sobrecostes y de sospechas de desvío de fondos públicos que la oposición y los radiólogos han denunciado reiteradamente a lo largo de los últimos 15 años pero que nunca se han llegado a demostrar.
El último en levantar la voz por el despilfarro que ha supuesto el empeño del PP de vetar la compra de resonancias por parte de la sanidad pública ha sido, nada menos, la Sindicatura de Comptes, hace poco más de dos meses. Este organismo planteó que, en contra de la política del PP, los diagnósticos le saldrían más baratos a la Generalitat si los equipos fueran públicos, es decir, propiedad del sistema valenciano de salud.
Con un título tan explícito como Resonancias magnéticas: una oportunidad de ahorro, el documento sostiene que con medios propios, la sanidad valenciana ahorraría más de la mitad del coste por exploración: de una cantidad media de 257 euros, se pasaría a 108 euros. El ahorro potencial oscilaría entre los 3,3 y los 16,7 millones de euros.
Estas conclusiones no son ningún secreto para los radiólogos de los hospitales públicos valencianos y diferentes sociedades científicas que, antes de que en el año 2000 se cerrara el primer concurso, se cansaron de denunciar —encierros incluidos— que la fórmula por la que optaba el Gobierno presidido entonces por Eduardo Zaplana incrementaría el coste.
El polémico y millonario primer concurso se hizo público con vacacionalidad, al filo del mes de agosto de 2000. Eresa, una empresa con un largo historial de conciertos en diagnóstico por imagen con la Generalitat, se hacía con los lotes de Valencia y Castellón. Inscanner —ligada al por entonces diputado del PP Luis Concepción— y Beanaca —de Carlos Paz, el fundador de la Clínica Benidorm, muy próximo a Zaplana— se quedaron con Alicante. Entre todos se repartirían hasta el año 2008 los 166 millones de euros del contrato. Aunque fueron bastantes más.
Como habían previsto los radiólogos, la desviación del gasto previsto fue sistemática. En 2005, por ejemplo, de nada menos que el 70%. En el caso de Inscanner, cobró casi el doble de lo inicialmente calculado.
Concepción señaló en 1999 que se había desprendido de sus participaciones de Inscaner. Y dijo que sus hijos habían cedido sus acciones a un socio. En 2004 se supo que detrás de esta operación había una opción de recompra para evitar posibles incompatibilidades, por lo que Concepción mantuvo el control accionarial mientras su firma ingresaba millones de euros públicos. Un año más tarde, Concepción y sus socios vendieron la empresa a Paz —ambos ya han fallecido—.
En 2008, finalizado el contrato inicial y pese a la nueva acometida de los radiólogos, la Generalitat volvió a optar por un concurso. No hubo sorpresas. Una unión de empresas formada por Eresa, Inscanner y Beanaca a las que se unió Ribera Salud se hicieron con el nuevo contrato hasta 2018. El presupuesto de este nuevo pelotazo se disparó hasta los 497 millones de euros.
El último en levantar la voz por el despilfarro que ha supuesto el empeño del PP de vetar la compra de resonancias por parte de la sanidad pública ha sido, nada menos, la Sindicatura de Comptes, hace poco más de dos meses. Este organismo planteó que, en contra de la política del PP, los diagnósticos le saldrían más baratos a la Generalitat si los equipos fueran públicos, es decir, propiedad del sistema valenciano de salud.
Con un título tan explícito como Resonancias magnéticas: una oportunidad de ahorro, el documento sostiene que con medios propios, la sanidad valenciana ahorraría más de la mitad del coste por exploración: de una cantidad media de 257 euros, se pasaría a 108 euros. El ahorro potencial oscilaría entre los 3,3 y los 16,7 millones de euros.
Estas conclusiones no son ningún secreto para los radiólogos de los hospitales públicos valencianos y diferentes sociedades científicas que, antes de que en el año 2000 se cerrara el primer concurso, se cansaron de denunciar —encierros incluidos— que la fórmula por la que optaba el Gobierno presidido entonces por Eduardo Zaplana incrementaría el coste.
El polémico y millonario primer concurso se hizo público con vacacionalidad, al filo del mes de agosto de 2000. Eresa, una empresa con un largo historial de conciertos en diagnóstico por imagen con la Generalitat, se hacía con los lotes de Valencia y Castellón. Inscanner —ligada al por entonces diputado del PP Luis Concepción— y Beanaca —de Carlos Paz, el fundador de la Clínica Benidorm, muy próximo a Zaplana— se quedaron con Alicante. Entre todos se repartirían hasta el año 2008 los 166 millones de euros del contrato. Aunque fueron bastantes más.
Como habían previsto los radiólogos, la desviación del gasto previsto fue sistemática. En 2005, por ejemplo, de nada menos que el 70%. En el caso de Inscanner, cobró casi el doble de lo inicialmente calculado.
Concepción señaló en 1999 que se había desprendido de sus participaciones de Inscaner. Y dijo que sus hijos habían cedido sus acciones a un socio. En 2004 se supo que detrás de esta operación había una opción de recompra para evitar posibles incompatibilidades, por lo que Concepción mantuvo el control accionarial mientras su firma ingresaba millones de euros públicos. Un año más tarde, Concepción y sus socios vendieron la empresa a Paz —ambos ya han fallecido—.
En 2008, finalizado el contrato inicial y pese a la nueva acometida de los radiólogos, la Generalitat volvió a optar por un concurso. No hubo sorpresas. Una unión de empresas formada por Eresa, Inscanner y Beanaca a las que se unió Ribera Salud se hicieron con el nuevo contrato hasta 2018. El presupuesto de este nuevo pelotazo se disparó hasta los 497 millones de euros.
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