La ausencia de Jerónimo

La familia de un afectado por amianto que ha ganado la batalla judicial a Navantia sostiene que la víctima nunca supo “que estaba expuesto a un material peligroso”

PEDRO ESPINOSA Cádiz 27 ENE 2014 - 00:01 CET

Rebeca Álvarez, hija del extrabajador de Navantia, con su abogado. / ROMÁN RÍOS

Fue un médico el que les dio el primer aviso. "Vuestro padre se muere por el amianto. Tenéis que reclamarlo, tenéis que denunciarlo". Pero entonces Rebeca no estaba para reclamaciones. Jerónimo Álvarez había trabajado de joven en los astilleros de Cádiz. Medio siglo después un cáncer pulmonar se lo llevó. Fue, tras su muerte, cuando su familia se acordó de lo que les dijo ese doctor. La batalla ha costado tres años y se ha saldado con una primera victoria, todavía no definitiva. La justicia les ha dado la razón y ha condenado a Navantia a pagarles casi 100.000 euros por no haber tomado las medidas de seguridad suficientes para proteger a sus trabajadores. Es una lucha no vencida del todo, porque la empresa les ha anunciado que recurrirá.

A Rebeca no le gusta hablar de triunfo. No siente que haya ganado nada. No encuentra motivos para la celebración porque pesa la ausencia de su padre. "Yo hubiese saltado de alegría si este dinero me hubiese tocado en la lotería. Pero esto nos duele y nos remueve mucho en la familia. Lo hemos pasado muy mal y lo seguimos pasando". Victoria Lanillo, su madre, no quiere salir en las fotos. "Esto ha sido muy duro y muy fuerte", resume emocionada. Iniciaron esta batalla legal porque se lo propuso el médico que atendía a Jerónimo, que, enseguida, relacionó el cáncer pulmonar con metástasis ósea con la exposición al amianto. Ese informe médico y otro posterior han sido fundamentales para la sentencia favorable a sus intereses.

Rebeca acudió al despacho del bufete de abogados Ortiz de Cádiz, donde Juan Manuel Priego se encargó de preparar la demanda ahora ganada en el Juzgado de lo Social 2. "Teníamos una jurisprudencia abundante que nos daba bastantes posibilidades de ganar", señala. Además, este fallo judicial ha añadido un matiz importante al reconocer que los astilleros donde trabajó Jerónimo sí habían tomado medidas de protección a la exposición del amianto pero que fueron claramente insuficientes para preservar la salud de sus obreros.

Jerónimo trabajó en los astilleros entre 1957 y 1968. Así constan en los numerosos contratos que Rebeca y su hermano Isaac recabaron. Pudieron demostrar que su padre estuvo dado de alta en la empresa matriz, entonces Astilleros Españoles, durante ocho meses como andamiero y soldador. También en numerosas subcontratas en las factorías propiedad de la compañía naval. Navantia trató de que el juzgado desestimara la demanda por el escaso tiempo que el obrero estuvo contratado directamente para la compañía, pero el juzgado no lo admitió.

"Mi padre nunca fue consciente de que estaba expuesto a un material peligroso. Era muy joven y por aquel entonces no se sabía nada del amianto", explica Rebeca. Fue después, cuando la enfermedad apareció, cuando lo relacionaron. Lo estableció el informe médico durante sus últimos meses de vida, en febrero de 2011, y uno posterior, de marzo de 2012 del equipo de valoración de incapacidades (EVI) que determinó que la causa del fallecimiento en julio del año anterior había tenido su origen en una enfermedad profesional por exposición al amianto.

La sentencia del juzgado de lo social de Cádiz repasa las normativas sobre el amianto. Y encuentra en 1927 la primera publicación sobre la asbestosis, la dolencia vinculada a la inhalación de polvo de amianto, material para la construcción naval. Normativas que se desarrollaron y ampliaron en los años 40 y 50. Es decir, que cuando Jerónimo trabajó en Navantia ya se sabía que ese polvo era perjudicial. "En la actividad existía un elemento nocivo conocido por la empresa. Puso medidas, incluso superiores a la normativa obligatoria, pero eso no la exime por no haber alcanzado un nivel de cumplimiento suficiente", ha determinado el magistrado Eloy Hernández Lafuente.

La sentencia condena a la empresa naval a pagar a Victoria, como viuda, una cantidad de 81.634 euros, y a cada uno de los hijos, Rebeca e Isaac, 9.070 euros. "Nosotros pedíamos más, pero es lo que el juez ha establecido en función del tiempo de exposición al amianto y de las medidas de seguridad que pudo poner en marcha la entonces Astilleros Españoles", explica el abogado. La cuantía se ha establecido siguiendo el criterio de los accidentes de tráfico en siniestros laborales. "Pensamos en recurrir pero por prudencia no lo haremos". Quien sí ha anunciado que recurrirá es Navantia. La compañía elevará ese recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, pero eso no evitará que la familia pueda cobrar, si no todo, parte del dinero. La ejecución provisional del fallo podría permitirles cobrar la mitad de la condena, hasta que se haga firme.

Rebeca dice que el dinero será una ayuda para la familia. "Un poco de tranquilidad para mi madre". Lo cuenta a su lado. Victoria suspira cada vez que hablan de su marido. Reclamaron el dinero como un acto de justicia. Aunque la ausencia de Jerónimo impida celebración alguna.