Farmaindustria pide a Montoro que la nueva financiación autonómica permita acelerar soluciones estructurales a la deuda sanitaria

Madrid (17-19/05/2014) - Redacción

• La dirección de la patronal solicita al ministro de Hacienda la creación de un marco estable y predecible para el sector, el establecimiento de soluciones estructurales para que las CCAA puedan financiar adecuadamente su Sanidad y dar un tratamiento fiscal a la I+D más flexible y favorable

• Por otra parte, Farmaindustria recurrirá la nueva convocatoria andaluza de acuerdo marco sobre equivalentes terapéuticos

El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y representantes de los órganos de gobierno de Farmaindustria se han reunido para abordar la situación actual de la industria farmacéutica y el estado de la deuda de las comunidades autónomas por suministro de medicamentos a hospitales.

En el transcurso de dicho encuentro la presidenta de Farmaindustria, Elvira Sanz, el director general, Humberto Arnés, y tres vicepresidentes: Jesús Acebillo, Javier Ellena y Jordi Ramentol, expusieron la situación actual de la industria farmacéutica en España, insistiendo en que en los últimos años se han hecho importantes ajustes en materia de gasto farmacéutico que han tenido grandes impactos sobre el sector.

Por ello solicitaron a Cristóbal Montoro su apoyo para la creación de un marco estable y predecible para el sector en materia de precios y acceso a nuevos fármacos, vinculando el crecimiento del mercado farmacéutico público al ritmo de la economía, el establecimiento de soluciones estructurales en la nueva financiación autonómica para que las comunidades autónomas puedan financiar adecuadamente su Sanidad y dar un tratamiento fiscal a la I+D más flexible y favorable.

Los representantes de Farmaindustria agradecieron al ministro los esfuerzos realizados por el Gobierno a través de los dos Planes de Pago a Proveedores y del establecimiento del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para solucionar el problema de la deuda con los proveedores sanitarios.

Para la industria farmacéutica, con estos instrumentos se dio respuesta a una de las más importantes demandas del sector en los últimos tiempos, que estaba teniendo consecuencias dramáticas para muchas compañías y afectando muy negativamente a la imagen internacional de España.

Finalmente, los representantes de Farmaindustria solicitaron que la voz del sector farmacéutico sea tenida en cuenta en la elaboración del Proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla la metodología de cálculo del precio medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas.

Nuevo recurso

Por otra parte, la patronal farmacéutica emprenderá acciones legales contra la Resolución del Servicio Andaluz de Salud (SAS) por la que convoca un nuevo acuerdo marco de homologación para la selección de principios activos para determinadas indicaciones por considerar que vulnera la legalidad vigente y que implica un nuevo ataque a la equidad y cohesión territorial en el Sistema Nacional de Salud.

El pasado mes de marzo el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARC) andaluz anuló la licitación y los pliegos del primer acuerdo marco convocado por el SAS, estimando así el recurso interpuesto por Farmaindustria contra esta medida en el mes de agosto.

Asimismo, fueron numerosas las organizaciones científicas, médicas y asociaciones de pacientes que manifestaron entonces su oposición a esta Resolución, llegando alguna de ellas incluso a presentar una queja ante el Defensor del Pueblo.

Se trata, se alegó, de una decisión que conlleva una discriminación para los pacientes andaluces, a los que se limita el acceso a medicamentos incluidos en la prestación farmacéutica del SNS únicamente por motivos económicos aunque su médico los considere idóneos para su tratamiento.

Con este mecanismo de selección de principios activos para determinadas indicaciones se restringe la capacidad y la libertad prescriptora del médico, y supone un menoscabo del valor del medicamento y de la innovación farmacéutica, con la pérdida de calidad asistencial que de ello se deriva.

Farmaindustria confía en que el Gobierno haga uso de las facultades que le confiere la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y actúe frente a esta propuesta, con la que estima que la Junta de Andalucía se excede en su ámbito competencial.