La justicia británica deniega la cobertura a las norirlandesas que decidan abortar
Una sentencia avala que sigan sometidas a una ley más restrictiva que en el resto del Reino Unido
Los grupos pro derecho a decidir denuncian que las mujeres de Irlanda del Norte no son tratadas como ciudadanas británicas en la cuestión del aborto
El más de un millar de norirlandesas que cada año se desplazan a otros lugares del Reino Unido para someterse a un aborto seguirán haciéndolo sin la cobertura sanitaria pública que ampara al resto de las mujeres británicas. En otras palabras, deberán costearse ellas mismas el traslado, el alojamiento y la asistencia médica. Así lo ha avalado hoy una sentencia del Tribunal Superior de Londres que reconoce la excepcionalidad territorial de la ley británica en lo que concierne a Irlanda del Norte, donde la terminación del embarazo solo se acepta cuando corre peligro la integridad física o mental de la madre.
En virtud del dictamen de los jueces, la legislación británica —que desde 1967 autoriza el aborto hasta las veinticuatro semanas de embarazo—no concierne a esta autonomía regida por su propia y mucho más restrictiva normativa. El sistema sanitario público (NHS) seguirá exento, por tanto, de cubrir los gastos de las norirlandesas que hayan decidido abortar aunque sea en Londres u otras localidades de fuera de la provincia, mientras sí lo hace en el caso de las inglesas, galesas y escocesas. La decisión ha sido acogida como un tremendo revés por los grupos que desde Irlanda del Norte defienden la potestad de las mujeres a decidir con libertad, cuyos derechos como ciudadanas del Reino Unido consideran lesionados.
La cuestión es especialmente sensible en un territorio donde la oposición al derecho al aborto trasciende a la tradicional rivalidad entre las comunidades protestante y católica, porque suscita divisiones entre el grueso de los partidos. Por ello, la apertura en Belfast de la primera clínica privada en la que se practican abortos en Irlanda del Norte fue noticia de primera plana hace apenas un año y medio. Los grupos más intransigentes exigieron entonces su cierre alertando del peligro de que la inauguración de ese centro disparara el número de interrupciones de embarazos.
No ha sido así. El grueso de las norirlandesas sigue optando por buscar asistencia en otros puntos de la geografía británica, a pesar de los trastornos que supone y aunque sea pagando, tal y como sugieren las estadísticas. Frente a las más de mil mujeres residentes en la autonomía que el año pasado se trasladaron a otras regiones para abortar, solo 51 lo hicieron en hospitales locales y acogiéndose a una ley que únicamente lo permite en las primeras nueves semanas de embarazo y siempre que esté probado el riesgo para la madre (algo que en muchas situaciones es difícil de detectar en tan corto plazo).
La realidad de las cifras ha conducido al ministro de Justicia norirlandés, David Ford, a insinuar la conveniencia de una modificación de le ley sobre el aborto, aunque dejando claro que esta solo se ampliaría a los casos en los que se detecte una malformación del feto y quizá a los de violación e incesto. El cambio de la norma sigue sin tener fecha.
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