Posted: 15 Jun 2018 11:45 AM PDT
Rubinstein afirmó que si se aprueba la ley ya no habrá trabas para la aplicación en las provincias, como hoy sucede con el protocolo de casos no punibles.
Con media sanción en Diputados, la ley de aborto avanza con grandes posibilidades de ser finalmente sancionada en el Senado, donde aún debe ser sometida a debate. De aprobarse el proyecto actual, el sistema de salud deberá adaptarse para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo de cualquier mujer que lo solicite, hasta la semana 14.Por eso, el Ministerio de Salud de la Nación ya está preparando una evaluación de costos. "Queremos saber cuáles serían los recursos que se necesitarían para dar cuenta de la demanda para interrupción del embarazo en condiciones seguras. Ya lo estamos haciendo, aunque en base a los datos que tenemos y que son imprecisos", afirmó a Clarín el ministro Adolfo Rubinstein, que se manifestó "contento" por la media sanción del proyecto. "El sistema de salud argentino está preparado y en condiciones de responder" en caso de aprobación.
“El único dato que tenemos es el de egresos hospitalarios que dan cuenta del aborto complicado. El 70% de esos egresos son por abortos inducidos. No sabemos en detalle qué pasó con esos abortos complicados, sabemos que muchos terminan en terapias intensivas, muchos con cirugías mayores y complicaciones a largo plazo. La realidad es que esos 40 a 50 mil abortos que ingresan al sector público, representan el 50% de las camas. No sabemos qué ocurre en el sector privado, porque no tienen obligación de reportarlo. Aunque también es probable que las complicaciones se concentren en el sector público porque es una problemática que afecta más a sectores de bajos recursos”, añadió el ministro.
Tomando la estimación del estudio que realizó en 2005 Edith Pantelides, de unos 500 mil abortos al año y que el ministro califica como un trabajo “muy serio” es que están trabajando para hacer la estimación de costos. “No es un número al azar, es un rango. En función de todo eso se puede hacer una estimación de recursos y demanda”, agregó Rubinstein.
El ministro se mostró además entusiasmado en que con la eventual sanción definitiva de la ley se terminarán los problemas que actualmente tienen con algunas provincias que no adhieren al protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE). “Tenemos serias dificultades para hacer cumplir la ILE, porque hay provincias que obstaculizan su aplicación. Con la ley esto se acabaría. Si bien los servicios se prestan en las provincias o municipios, porque hay pocos efectores de salud nacionales, desde la Nación vamos a seguir apoyando desde los programas”, señaló el ministro.
Sobre la implementación del programa, Rubinstein afirmó que la forma más segura de aborto es el aborto farmacológico de misoprostol combinado con mifepristona, una droga que no está todavía aprobada en la Argentina, pero “se tendrá que aprobar”, dijo. “Esta combinación -siguió el funcionario- produce aborto en el 95% de los casos dentro de las 10 semanas de embarazo. Prácticamente no necesita consulta en el hospital”.
En cuanto a los costos, el ministro dijo que “los costos del aborto se dan con las complicaciones, con el aborto seguro esos costos bajan dramáticamente”.
En la Provincia de Buenos Aires también creen que estarán en condiciones de responder, en caso de aprobación. “Como Ministerio de Salud venimos monitoreando el tema y entendemos que nuestro sistema está preparado, en caso de que salga la ley. Si se aprueba, vamos a adaptarnos a la ley vigente”, afirmó a Clarín el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Scarsi. “En este caso –dice el funcionario- es la ley de aborto, pero pasa habitualmente con cobertura de medicamentos y los sistemas tienen que adaptarse”.
En la Provincia, añade el Ministro, cuentan con una red de 80 hospitales zonales, interzonales y una red de efectores municipales con la que pueden poner en práctica la ley sin mayores dificultades. “Nuestro trabajo es garantizar la accesibilidad en caso de que la ley avance”.
Si bien habitualmente se habla del alto costo del misoprostol (la droga que se utiliza para practicar un aborto farmacológico hasta la semana 14 de embarazo), el sistema público de salud puede hacerse de la droga mediante licitaciones a un precio mucho menor que el de mercado. Mientras en forma particular se pueden obtener los 12 comprimidos necesarios para realizar un aborto farmacológico por un valor por arriba de los 3.000 pesos, el sector público puede pagar la mitad.
De hecho, en las provincias y distritos (como CABA) donde se aplica la Interrupción Legal del Embarazo, según los términos que dispone el fallo de la Corte Suprema de 2012, que aclaró los alcances del artículo 86 del Código Penal, ya se utiliza el misoprostol como método de aborto farmacológico en los hospitales públicos. De aprobarse esta ley, se ampliará el universo de mujeres que tendrán acceso a esta droga.
Fuente: Clarín
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