TRIBUNALES | Reclama 204 para su esposa
El fiscal pide 309 años para el doctor Morín por un centenar de abortos ilegales
- Solicita penas de entre 50 y más de 200 años para otros diez colaboradores
La Fiscalía ha pedido una condena de 309 años de prisión para el doctor Carlos Morín y 204 para su esposa por más de un centenar de abortos ilegales practicados en sus clínicas de Barcelona.
En su escrito de calificación, el ministerio público solicita penas de entre 50 y más de 200 años para otros diez colaboradores del doctor Morín, entre psiquiatras, anestesistas y profesionales que supuestamente practicaron o permitieron los abortos.
La Fiscalía acusa a los imputados en la investigación abierta en el año 2007 en las clínicas del doctor Morín -destapada a raíz de un reportaje de la televisión danesa- de los delitos de aborto ilegal, intrusismo, falsedad documental y asociación ilícita.
La titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona ha acordado la apertura del juicio oral contra los doce imputados, a los que, además de la Fiscalía, también acusan la asociación católica E-Cristians, la formación socialcristiana Alternativa Española, el Colegio de Médicos de Barcelona y el Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro.
Una causa destapada en la televisión danesa
En esta causa judicial, destapada a raíz de un reportaje de la televisión danesa, se intervinieron 2.780 historias clínicas de pacientes sometidas a interrupciones voluntarias del embarazo en la clínica Morín, de las que finalmente acabaron investigándose 167.
Tras la entrada en vigor de la nueva ley del aborto, que ampara las interrupciones voluntarias del embarazo hasta las 14 semanas de gestación y hasta las 22 en el caso de riesgos para la gestante o el feto, la juez ha acordado el sobreseimiento libre de una cincuentena de casos que ahora son legales, aplicando el principio de retroactividad de las leyes.
Concretamente, los casos archivados corresponden a abortos practicados a gestantes de hasta 14 semanas de evolución no apoyados en dictámenes que acreditaran algunos de los supuestos amparados por la antigua ley: riesgo físico o psíquico para la gestante, violación o malformaciones del feto.
Entre los imputados también figuran tres anestesistas, uno de los cuales carecía de titulación médica válida, una administrativa de la clínica Emecé de Barcelona que derivaba a las clínicas de Morín a mujeres que quisieran abortar a cambio de una comisión, y dos psiquiatras que emitían presuntamente dictámenes psiquiátricos falsos sin explorar siquiera a las pacientes.
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