El proyecto de Ley de Salud Pública de Andalucía inicia su tramitación parlamentaria

Sevilla (30/09/2011) - Redacción

Las iniciativas públicas y privadas tendrán que contar para su autorización con un informe del impacto en salud

El proyecto de ley de Salud Pública (SP) de Andalucía inicia su tramitación parlamentaria tras superar el debate a la totalidad. Esta norma tiene como objetivo continuar mejorando la salud de la población desde una nueva perspectiva en la que primarán las políticas de protección y promoción.

Así lo ha explicado la consejera de Salud, María Jesús Montero, en el Parlamento, donde ha señalado que el proyecto de ley "es un elemento más de un proceso de cambio iniciado en 2006" y que han permitido "desarrollar nuevos sistemas de vigilancia, la creación de una red de alerta de SP, la prevención y control de enfermedades infecciosas, así como el desarrollo de programas específicos para afrontar diversos problemas de SP".

Se trata de un texto con una visión garantista y de futuro, que introduce la perspectiva de la salud colectiva como eje transversal de las políticas, que deja atrás del carácter asistencial del sistema para abundar en las políticas de prevención y promoción, y que redefine la SP para adaptarla a las nuevas necesidades; es decir, "para prevenir las enfermedades, prolongar la vida de las personas y mejorar la salud mediante acciones colectivas", ha apuntado Montero.

Entre las principales novedades introducidas en el texto del proyecto de la ley de SP de Andalucía está que los planes y programas de la Junta de Andalucía así como los instrumentos de planeamiento urbanístico en general y aquellos que afecten a áreas urbanas especialmente desfavorecidas, las actividades y obras, tanto públicas como privadas, requerirán para su aprobación de un informe que evalúe su impacto en la salud colectiva.

El objetivo es, según ha explicado la consejera de Salud, "identificar los impactos positivos de un plan, programa o proyecto sobre la salud, el bienestar y la calidad de vida y aprovechar al máximo sus potencialidades, y, asimismo, identificar sus impactos negativos y evitarlos".

En la línea de la apuesta por la innovación, el texto también incluye el principio de autorregulación, que posibilita al tejido empresarial aumentar sus niveles de protección de manera voluntaria y, por ende, gozar de incentivos vinculados a los sistemas de ayuda económica o financieras, y el principio de precaución para todas las áreas de protección de la salud, y no sólo para la línea de alimentaria.

Asimismo, el texto establece derechos de nueva generación, sitúa a la ciudadanía como eje central de las actuaciones y garantiza la equidad generacional. En la ley se regulan, además, los derechos y las responsabilidades de la población respecto a la salud colectiva, las garantías para su cumplimiento y los fines y principios que deben regir la nueva organización de la SP.

Derechos de nueva generación

Entre los derechos que quedan recogidos en el proyecto de ley están el derecho del ciudadano al conocimiento; la Administración tiene que facilitarle la capacitación necesaria para analizar la información recibida, asumirla y, desde la libertad y la corresponsabilidad, decidir sobre su salud y participar en las políticas colectivas.

Además, se establecen como derechos de la ciudadanía los de disfrutar de un adecuado nivel de SP; a que los organismos públicos desarrollen estrategias educativas saludables y de promoción de actividades físicas, así como que los planteamientos urbanísticos incluyan zonas verdes.

Recoge como derecho que las administraciones públicas establezcan estrategias de movilidad sostenible, tales como el uso de la bicicleta, establece que en la construcción de las viviendas o los edificios no se podrán utilizar materiales que supongan un riesgo para la salud y recoge que la construcción o puesta en marcha de actividades o zonas industriales tendrán que garantizar un perímetro de seguridad para la ciudadanía.

Para garantizar que las diferentes estrategas desarrolladas por entidades públicas y privadas sean saludables, la Consejería de Salud será el órgano encargado de emitir informes de evaluación de impacto en salud de los planes o programas desarrollados por la Junta, de los planteamientos urbanísticos, actividades, planes, programas, obras...

Entre las obligaciones recogidas en el texto normativo para la ciudadanía destacan la de poner en práctica las medidas de protección, promoción y prevención; la de utilizar adecuadamente la información recibida; la de no causar voluntariamente un peligro para la salud; la de poner en conocimiento de la autoridad sanitaria cualquier situación que pueda constituir una emergencia pública y la de cooperar en la protección de la salud, la prevención de las enfermedades y la promoción de la salud y la calidad de vida.

El Médico Interactivo, Diario Electrónico de la Sanidad El proyecto de Ley de Salud Pública de Andalucía inicia su tramitación parlamentaria