¿Qué supone para la Sanidad. el tope de déficit que se quiere colocar en la Constitución?
Marciano Sánchez Bayle
Portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública y Presidente de la International Association of Health Policy
21 Septiembre 2011
En estos momentos existe una iniciativa del PP y el PSOE de establecer un tope de déficit del gasto público en la Constitución, que se va a concretar en un 0,14% del producto interior bruto (PIB) para las comunidades autónomas (CC.AA.). El asunto resulta especialmente preocupante en lo que respecta a la Sanidad y a los servicios públicos, muy especialmente en lo referente a la construcción de nuevas infraestructuras.
¿En qué se basa esta preocupación? Se podrían señalar 3 aspectos fundamentales aunque, como es obvio, existen muchos más: el peso económico de la Sanidad en los presupuestos de las CC.AA., la imprevisibilidad de los costes sanitarios y el coste de las nuevas infraestructuras sanitarias.
La primera cuestión es bien conocida. Los presupuestos sanitarios suponen entre el 30 y el 43% del total de los presupuestos de las CC.AA., de manera que cualquier decisión de restricción o control del gasto afecta, en mayor o menor grado a los presupuestos de Sanidad, si a ello unimos que existe una infrapresupuestación crónica de la Sanidad y que son práctica habitual las llamadas “facturas en el cajón” (es decir guardar en un cajón las facturas del los últimos meses del año, cuando ya se ha acabado el presupuesto, para hacerlas aflorar en el próximo ejercicio) se entenderá mas la magnitud real del problema. Recortar en Sanidad va a ser la prioridad de los gobiernos autonómicos, como ya se ha visto en Cataluña, se ha anunciado en Castilla-La Mancha y previsiblemente se verá en las demás comunidades a partir del 20-N y, claro está, estos recortes que se realizan en lo más fácil, el personal, supondrán recortes en las prestaciones.
“Los presupuestos sanitarios deben estar abiertos a una cierta variabilidad, por más que ésta deba ser razonada y justificada, que hace que fácilmente se produzca déficit salvo que se quiera deteriorar la atención sanitaria”.
En segundo lugar, la demanda/necesidad de atención sanitaria no es homogénea ni previsible con exactitud y, aunque se pueden hacer previsiones más o menos aproximadas, no es posible conocerla y siempre está sujeta a imprevistos, recuérdese por ejemplo la aparición del sida y de la gripe AH1N1 por poner sólo 2 ejemplos, el uno real y el otro sobredimensionado, de problemas de salud que supusieron una importante presión asistencial y aumento de los costes de los sistemas sanitarios que no se podían conocer con antelación. Pero algo parecido puede suceder con la aparición de alguna nueva tecnología de utilidad incuestionable o simplemente debido a cuestiones meteorológicas (recuérdense los problemas derivados de la ola de calor en Francia hace unos años). Es decir los presupuestos sanitarios tienen necesariamente que estar abiertos a una cierta variabilidad, por más que ésta deba ser razonada y justificada, que hace que muy fácilmente se produzca déficit salvo que se quiera deteriorar la atención sanitaria. De esta manera un corsé presupuestario muy rígido favorecerá con frecuencia problemas asistenciales.
La última cuestión a comentar tiene que ver con el coste de las infraestructuras sanitarias. La tabla adjunta recoge el cálculo de este 0,14% del PIB en las CC.AA. con el PIB de 2010 publicado por el Instituto Nacional de Estadística (http://www.ine.es/). En ella se observa que este tope de déficit se sitúa entre 277 millones de euros para Cataluña y 11 millones de euros para la Rioja. Si tenemos en cuenta que el coste de construcción de un hospital ronda los 200-500 millones de euros según el tamaño y si se incluye o no el equipamiento, se comprenderá que solo 3 CC.AA. tendrán algún margen de maniobra al respecto y que algunas de ellas (las situadas al final de la tabla) lo tendrán prácticamente imposible salvo que consigan construirlos con los presupuestos ordinarios, lo que es muy difícil dado que estas mismas CC.AA. son las que por tener menos población tienen menores presupuestos.
Déficit | |||||
máximo | |||||
Comunidades | en millones | ||||
autónomas | de euros | ||||
Cataluña | 277 | ||||
Comunidad de Madrid | 266 | ||||
Andalucia | 201 | ||||
Comunidad Valenciana | 143 | ||||
País Vasco | 92 | ||||
Castilla y León | 80 | ||||
Galicia | 79 | ||||
Islas Canarias | 58 | ||||
Castilla-La Mancha | 51 | ||||
Aragón | 46 | ||||
Región de Murcia | 38 | ||||
Islas Baleares | 37 | ||||
Principado de Asturias | 32 | ||||
Extremadura | 27 | ||||
Navarra | 26 | ||||
Cantabria | 19 | ||||
La Rioja | 11 | ||||
Parece lógico pensar que algunas inversiones que tienen un ciclo largo de utilización (un hospital entre 10 y 20 años, otras como las relacionadas con las redes viarias todavía más tiempo), se construyan con un endeudamiento que al menos tenga un período de amortización igual a su previsible duración. Porque, si no es así, se están poniendo unos límites que harán casi imposibles las nuevas infraestructuras, sobre todo en el caso de las CC.AA. con una población/PIB menor.
Aunque pueda entenderse que hay que evitar un endeudamiento excesivo e incontrolado de las CC.AA. que podría hacer peligrar su funcionamiento, no lo es menos que una norma en exceso rígida y cicatera como la que parece querer imponerse es muy peligrosa porque va a impedir la necesaria renovación de muchas infraestructuras, desde luego las sanitarias, que tienen que realizar las autonomías. Parecería razonable que se considerase, primero elevar el tope de endeudamiento que ahora se quiere establecer en términos ridículos (p. ej. para alguien que ganase 50.000 € al año se fijaría en 70 €, es decir no podría comprar ni un coche a plazos y no digamos ya una vivienda), y luego establecer excepciones para determinadas necesidades de carácter especial e interés público y con un ciclo largo de utilización (p. ej. los hospitales) que, en todo caso, se condicionaran a la aprobación por el Ministerio de Hacienda porque, obviamente, no es lo mismo endeudarse para construir un hospital o una carretera que para hacer un circuito de Fórmula 1.
La propuesta que ahora se hace no sólo es absurda y muy restrictiva sino que llevará a que las CC.AA. intenten falsear los datos mediante el endeudamiento de entidades ficticias creadas para tal fin (fundaciones, agencias, etc.) o a privatizar todos los nuevos equipamientos, con lo que, a medio plazo encareceremos aún más su coste, tal y como se ha comprobado en los hospitales construidos mediante la conocida como iniciativa de financiación privada en varias CC.AA.
“Recortar en Sanidad va a ser la prioridad de los gobiernos autonómicos, como ya se ha visto en Cataluña, se ha anunciado en Castilla-La Mancha y previsiblemente se verá en las demás comunidades a partir del 20-N”.
Otra cuestión a considerar es el sentido de empeñarse en un control excesivamente estricto del déficit que muchos economistas, entre ellos varios premios Nobel (Krugman, Stiglitz, Sen, etc.), han señalado que tendrían un efecto muy negativo sobre la crisis económica porque pondrían en grave riesgo y/o postergarían la recuperación económica. Desde luego que el efecto sobre el empleo público es muy negativo como puede comprobarse en los planes de ajuste que se están produciendo en las autonomías (Cataluña, Galicia, Castilla- La Mancha, etc.).
Y, finalmente, un asunto que enturbia todavía más el tema es la inesperada urgencia con que se quiere introducir el control del déficit en la Constitución (¡para 2020!). No parece de recibo que una decisión tan importante se adopte en 1 semana, sin prácticamente debate, y sin realizar una consulta a la población. Desgraciadamente son este tipo de actuaciones las que justi- fican la desconfianza de la ciudadanía hacia el sistema democrático.
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