Salud de Navarra suspende la ley que garantiza plazos en las listas de espera
Pamplona (30/09/2011) - Nerea Garay
La Consejería recortará las derivaciones de pacientes de la pública a centros concertados para ahorrar en 2,4 millones de euros
Responsables de Salud del Gobierno de Navarra se están reuniendo con los jefes de los distintos servicios sanitarios de toda la Comunidad para informarles de los recortes y de los cambios que en los próximos meses se pondrán en marcha. Quieren informarles de primera mano sobre los drásticos recortes que el Ejecutivo de UPN-PSN ya ha emprendido y que les obligará a suspender "temporalmente" la ley de Garantías de Tiempos de Espera, una norma que se aprobó en 2008 a instancias del PSN por la que se establecen unos plazos máximos de atención al paciente.
La norma obliga al sistema sanitario a que la espera máxima para una primera consulta de especialistas no supere los 30 días hábiles y en el caso de pruebas diagnósticas programadas no urgentes el tiempo no sea mayor de 45 días. Con esta ley se buscaba que en las intervenciones quirúrgicas la demora es de 120 días como máximo, 180 si la situación no supone un empeoramiento en la salud del paciente. En el caso de la Cirugía cardíaca la espera máxima es de 60 días.
Hasta ahora, si no se cumplían estos tiempos de espera el paciente podía demandar que le atendieran en otro centro sanitario, tanto de la red pública como concertada.
A la suspensión de esta Ley le precedió el anuncio de la consejera Marta Vera del fin de los programas extraordinarios ("peonadas") para controlar las demoras de espera. A estas medidas se han sumado el fuerte control de sustituciones y vacantes de personal, que se miran con lupa, y la disminución del envío de pacientes a centros concertados. "Todas estas iniciativas suponen, de facto, el reconocimiento de que los plazos no se pueden cumplir y, por tanto, de que la lista de espera puede aumentar considerablemente", se lamentan profesionales sanitarios del Sistema Navarro de Salud-Osasunbidea, quienes muestran su preocupación porque la calidad asistencial se puede ver afectada.
Como no podía ser de otro modo, Salud dará prioridad a la Cirugía oncológica, cardíaca y vascular para mantenerla, al menos, en los mismos niveles que establece la ley de Garantías de Tiempos de Espera que todavía está en vigor.
Para el resto de las especialidades, los usuarios deberán de acogerse al Real Decreto del Gobierno central, de 2011, que establece seis meses de máximo para las operaciones, consultas o pruebas diagnósticas.
2,4 millones menos para derivaciones
La situación de penuria económica del Gobierno de Navarra lleva a la Consejería de Salud a "meter la tijera", forma muy sustancial, en las derivaciones de pacientes de la red pública a distintos centros concertados ya que quiere reducir en 2,4 millones la cantidad que paga. En concreto, 1,5 millones a la Clínica Universidad de Navarra, 600.000 euros a la Clínica San Miguel y 354.000 euros a empresas que realizan resonancias magnéticas.
Lo que no tocará Salud será el programa de trasplantes de órganos (corazón, riñón e hígado) y los pacientes de la red pública seguirán acudiendo a la CUN para este tipo de intervenciones. En 2011 había 4,4 millones de euros presupuestados para este programa. Además, según Salud, tampoco se dejarán de derivar al centro privado los casos de urgencia vital o aquellos que precisen algún tipo de técnica que se ofrece en la CUN y no en la pública.
Salud también va a reducir las derivaciones para realizar resonancias magnéticas y reducirá las cantidades destinadas a los conciertos para estas pruebas. Las derivaciones a los centros concertados –como ha anunciado Marta Vera- se limitarán exclusivamente a los servicios que no pueden ser realizados en el SNS (trasplantes, densitometrías, PET, cuidados paliativos, etc.).
En esta línea, como reconocen fuentes sanitarias, para el próximo año está previsto que finalice el concierto con la clínica Quirón de San Sebastián, donde se realizan tratamientos de fertilidad, puesto que la red pública ya tiene un servicio que atiende estos tratamientos.
La norma obliga al sistema sanitario a que la espera máxima para una primera consulta de especialistas no supere los 30 días hábiles y en el caso de pruebas diagnósticas programadas no urgentes el tiempo no sea mayor de 45 días. Con esta ley se buscaba que en las intervenciones quirúrgicas la demora es de 120 días como máximo, 180 si la situación no supone un empeoramiento en la salud del paciente. En el caso de la Cirugía cardíaca la espera máxima es de 60 días.
Hasta ahora, si no se cumplían estos tiempos de espera el paciente podía demandar que le atendieran en otro centro sanitario, tanto de la red pública como concertada.
A la suspensión de esta Ley le precedió el anuncio de la consejera Marta Vera del fin de los programas extraordinarios ("peonadas") para controlar las demoras de espera. A estas medidas se han sumado el fuerte control de sustituciones y vacantes de personal, que se miran con lupa, y la disminución del envío de pacientes a centros concertados. "Todas estas iniciativas suponen, de facto, el reconocimiento de que los plazos no se pueden cumplir y, por tanto, de que la lista de espera puede aumentar considerablemente", se lamentan profesionales sanitarios del Sistema Navarro de Salud-Osasunbidea, quienes muestran su preocupación porque la calidad asistencial se puede ver afectada.
Como no podía ser de otro modo, Salud dará prioridad a la Cirugía oncológica, cardíaca y vascular para mantenerla, al menos, en los mismos niveles que establece la ley de Garantías de Tiempos de Espera que todavía está en vigor.
Para el resto de las especialidades, los usuarios deberán de acogerse al Real Decreto del Gobierno central, de 2011, que establece seis meses de máximo para las operaciones, consultas o pruebas diagnósticas.
2,4 millones menos para derivaciones
La situación de penuria económica del Gobierno de Navarra lleva a la Consejería de Salud a "meter la tijera", forma muy sustancial, en las derivaciones de pacientes de la red pública a distintos centros concertados ya que quiere reducir en 2,4 millones la cantidad que paga. En concreto, 1,5 millones a la Clínica Universidad de Navarra, 600.000 euros a la Clínica San Miguel y 354.000 euros a empresas que realizan resonancias magnéticas.
Lo que no tocará Salud será el programa de trasplantes de órganos (corazón, riñón e hígado) y los pacientes de la red pública seguirán acudiendo a la CUN para este tipo de intervenciones. En 2011 había 4,4 millones de euros presupuestados para este programa. Además, según Salud, tampoco se dejarán de derivar al centro privado los casos de urgencia vital o aquellos que precisen algún tipo de técnica que se ofrece en la CUN y no en la pública.
Salud también va a reducir las derivaciones para realizar resonancias magnéticas y reducirá las cantidades destinadas a los conciertos para estas pruebas. Las derivaciones a los centros concertados –como ha anunciado Marta Vera- se limitarán exclusivamente a los servicios que no pueden ser realizados en el SNS (trasplantes, densitometrías, PET, cuidados paliativos, etc.).
En esta línea, como reconocen fuentes sanitarias, para el próximo año está previsto que finalice el concierto con la clínica Quirón de San Sebastián, donde se realizan tratamientos de fertilidad, puesto que la red pública ya tiene un servicio que atiende estos tratamientos.
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