"El ministerio de Sanidad tiene que ser una dirección general"

La que ha sido portavoz de Sanidad de CiU en el Congreso durante esta legislatura, Conxita Tarruella, cree que el problema del Sistema Nacional de Salud no son las comunidades autónomas sino el Gobierno central, por su estructura sobredimensionada, ineficacia y deslealtad.

Carmen Fernández. Barcelona | 07/11/2011 00:00

Conxita Tarruella, diputada y candidata de CiU por Lérida. ()

"El Ministerio de Sanidad no es necesario, se ha visto claramente durante esta legislatura; tendría que adaptar su estructura a las competencias que tiene el Gobierno central y trasformarse en una dirección general, de la que dependiese el Consejo Interterritorial (CI)". Esta es la propuesta más destacada que hace la hasta ahora portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Catalán en el Congreso de los Diputados, Conxita Tarruella, en nombre de la coalición Convergencia y Unión (CiU).

El CI, a su juicio, también tendría que registrar cambios: "Sus decisiones no pueden ser vinculantes si no se escuchan las opiniones de los consejeros de partidos políticos minoritarios porque si no siempre son los del PP o el PSOE, en función del número de consejeros que suman cada uno, los que marcan la pauta. Este tiene que ser un órgano en el que se discutan los problemas, se encuentren soluciones y se compartan experiencias, porque las autonomías tienen competencias plenas en la materia".

Tarruella, enfermera con 40 años de experiencia y número uno de la lista de candidatos de CiU por Lérida en las próximas elecciones generales, considera que el principal problema del Sistema Nacional de Salud no es la descentralización de la gestión por comunidades autónomas sino "la falta de lealtad institucional por parte del Gobierno central" y que desde un principio se calculó mal el coste de la sanidad pública, lo que ha provocado que todas las comunidades sufran un déficit presupuestario crónico, comenzando por Cataluña, que fue la primera en recibir los traspasos. "El Gobierno central legisla sobre cosas y toma decisiones que luego tienen que aplicar las comunidades autónomas, pero no les aporta ni un euro de más para ello. Esto es lo que hay que tratar en un debate en profundidad sobre la sostenibilidad, y tiene que hacerse lejos del debate político y electoralista".
Tarruella, además, se queja de que "se acusa a las consejerías de reducir el gasto cuando el presupuesto del Ministerio de Sanidad ha bajado más de un 8 por ciento y nadie ha dicho nada". Pone, a modo de ejemplo de presupuesto que va a menos, el vinculado a la Ley de Cohesión y Calidad, que es una competencia del Gobierno central.

CiU, una vez constituido el nuevo Gobierno central y la nueva composición del Congreso de los Diputados, promoverá la inmediata realización de un Pacto de Estado sobre la sostenibilidad del sistema sanitario, "tras un debate en profundidad y con la participación de las comunidades autónomas de las propuestas destinadas a garantizar y aumentar la financiación de la sanidad, sea a través de la mejora de los ingresos finalistas destinados a esta financiación, sea definiendo los criterios que permitan ordenar el futuro crecimiento del gasto en el ámbito sanitario, preservando siempre la calidad de la atención sanitaria".

Atención a desplazados
Igualmente reclamará que se incremente la dotación económica del Fondo de Cohesión Sanitaria destinado a la atención de los desplazados, "claramente insuficiente, dando cobertura a más servicios como el transporte sanitario, las urgencias o la prestación farmacéutica. También el fondo compense la totalidad de la actividad hospitalaria realizada a no residentes, independientemente de la complejidad de la atención médica realizada"; y que se creen nuevos fondos para dar respuesta a nuevas necesidades surgidas durante estos últimos años, el coste de las cuales ha sido sufragado en gran medida por las comunidades autónomas. Y propondrá un fondo de contingencias, para afrontar situaciones de emergencia sanitaria global. Asimismo CiU proyecta instar a la negociación con el Sistema de Seguridad Social de la definición de un fondo económico de 4.000 millones de euros a favor del sistema sanitario y a que se recupere la desgravación fiscal por seguro sanitario privado.

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