La despenalización del aborto se atasca en Argentina
Un nuevo recuento de votos ha retrasado el debate sobre el contenido del proyecto de ley de Interrupción Legal del Embarazo
SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ | Buenos Aires 04/11/2011
Los esfuerzos para hacer avanzar en Argentina una legislación que despenalice el aborto sufrieron esta semana un nuevo parón. Cuando parecía que todo estaba finalmente encauzado y que las comisiones pertinentes del Congreso empezarían a debatir el contenido del proyecto de ley de Interrupción Legal del Embarazo, un nuevo recuento de votos echó por tierra esa toma en consideración y todo el proceso deberá empezar de nuevo, quizás el próximo año, si no da tiempo en las pocas semanas que quedan antes de las vacaciones parlamentarias.
El proyecto, similar al defendido por la Campaña Nacional por el Derecho a un Aborto Legal, Seguro y Gratuito y a los que se conocen en Europa como leyes de plazos, fue presentado el pasado martes ante la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, que preside el diputado de Coalición Cívica (CC) Juan Carlos Vega. Después de dos horas de discusión, el presidente anunció que el proyecto reunía las firmas suficientes (la mitad más uno de los diputados presentes) y que pasaría a su inmediato debate en las comisiones de Salud y de Familia. Según sus cálculos, en la sala había 11 parlamentario y el dictamen había obtenido seis firmas. La noticia fue acogida con alegría por los grupos feministas que se habían reunido frente al Congreso y el dictamen fue calificado de histórico por las diputadas impulsoras, de varios grupos diferentes.
Otros diputados, sin embargo, apelaron inmediatamente la decisión, por considerar que en la sala había 15 parlamentarios y que no se había obtenido la mayoría suficiente. Dos días después, el presidente de la Comisión admitió que se había producido un error y que "el despacho no cumplió los requisitos del reglamento" de la Cámara.
Según el relato de un diputado presente, la Comisión, que tiene 31 miembros, comenzó sus trabajo con once, pero a lo largo de los debates se sumaron otros cuatro, con lo que el aval hubiera necesitado ocho firmas. El reglamento interno hubiera permitido que en las 48 horas siguientes se hubieran adherido las otras firmas necesarias, pero finalmente algunos diputados que se habían mostrado partidarios del proyecto decidieron no sumarse. Fue el caso, por ejemplo, del diputado radical Ricardo Gil Lavedra, que defendió el dictamen, pero que explicó que antes de votar a favor tenía que consultar con su grupo, la Unión Cívica Radical.
En medio de la polémica provocada por las idas y venidas del presidente de la Comisión de Legislación Penal, que llegó a felicitar públicamente por su éxito a las diputadas impulsoras de proyecto, los defensores de la despenalización del aborto subrayaron que, en cualquier caso, y por primera vez, se había podido discutir del tema en una sesión formal parlamentaria y se comprometieron a reiniciar los trámites con urgencia dado el poco tiempo que queda para que se interrumpan las sesiones del congreso, hasta mediados de febrero próximo.
Toda América Latina mira con atención las iniciativas en Argentina para despenalizar el aborto y establecer una ley de plazos, que contrarrestaría las legislaciones cada día más restrictivas que se imponen o intentan abrirse paso en otros países latinoamericanos bajo la presión concertada de las iglesias, tanto la Católica como las evangelistas. La atención esta puesta también en la actitud que adopte la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que acaba de ser reelegida con más del 54% de los votos y a la que se pide que deje libertad de voto a su grupo parlamentario, aunque ella misma se haya declarado, personalmente, en alguna ocasión, contraria a la despenalización.
La despenalización del aborto se atasca en Argentina · ELPAÍS.com
El proyecto, similar al defendido por la Campaña Nacional por el Derecho a un Aborto Legal, Seguro y Gratuito y a los que se conocen en Europa como leyes de plazos, fue presentado el pasado martes ante la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, que preside el diputado de Coalición Cívica (CC) Juan Carlos Vega. Después de dos horas de discusión, el presidente anunció que el proyecto reunía las firmas suficientes (la mitad más uno de los diputados presentes) y que pasaría a su inmediato debate en las comisiones de Salud y de Familia. Según sus cálculos, en la sala había 11 parlamentario y el dictamen había obtenido seis firmas. La noticia fue acogida con alegría por los grupos feministas que se habían reunido frente al Congreso y el dictamen fue calificado de histórico por las diputadas impulsoras, de varios grupos diferentes.
Otros diputados, sin embargo, apelaron inmediatamente la decisión, por considerar que en la sala había 15 parlamentarios y que no se había obtenido la mayoría suficiente. Dos días después, el presidente de la Comisión admitió que se había producido un error y que "el despacho no cumplió los requisitos del reglamento" de la Cámara.
Según el relato de un diputado presente, la Comisión, que tiene 31 miembros, comenzó sus trabajo con once, pero a lo largo de los debates se sumaron otros cuatro, con lo que el aval hubiera necesitado ocho firmas. El reglamento interno hubiera permitido que en las 48 horas siguientes se hubieran adherido las otras firmas necesarias, pero finalmente algunos diputados que se habían mostrado partidarios del proyecto decidieron no sumarse. Fue el caso, por ejemplo, del diputado radical Ricardo Gil Lavedra, que defendió el dictamen, pero que explicó que antes de votar a favor tenía que consultar con su grupo, la Unión Cívica Radical.
En medio de la polémica provocada por las idas y venidas del presidente de la Comisión de Legislación Penal, que llegó a felicitar públicamente por su éxito a las diputadas impulsoras de proyecto, los defensores de la despenalización del aborto subrayaron que, en cualquier caso, y por primera vez, se había podido discutir del tema en una sesión formal parlamentaria y se comprometieron a reiniciar los trámites con urgencia dado el poco tiempo que queda para que se interrumpan las sesiones del congreso, hasta mediados de febrero próximo.
Toda América Latina mira con atención las iniciativas en Argentina para despenalizar el aborto y establecer una ley de plazos, que contrarrestaría las legislaciones cada día más restrictivas que se imponen o intentan abrirse paso en otros países latinoamericanos bajo la presión concertada de las iglesias, tanto la Católica como las evangelistas. La atención esta puesta también en la actitud que adopte la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que acaba de ser reelegida con más del 54% de los votos y a la que se pide que deje libertad de voto a su grupo parlamentario, aunque ella misma se haya declarado, personalmente, en alguna ocasión, contraria a la despenalización.
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