Murcia también retira la cartilla sanitaria a parados

J. G. / D. M. - Madrid / Santiago - 26/11/2011

María José Sánchez, desempleada de 40 años, recibió la pasada semana una noticia que le dejó helada. "En diciembre bloquearemos las tarjetas sanitarias de su familia", le dijeron en un ambulatorio de Alcantarilla (Murcia). Sánchez, sometida a un tratamiento dermatológico, su marido, parado de 41 años, y su hija, de 14, son tres de los afectados por la decisión del Servicio Murciano de Salud (SMS) de desactivar temporalmente las tarjetas sanitarias a inmigrantes sin recursos y parados de larga duración que han agotado su prestación.

La medida perjudica a 400 ciudadanos, según el PSOE. El Ejecutivo autónomo rebaja la incidencia a "un pequeño grupo" y dice que el bloqueo se soluciona cuando el afectado se da de alta como beneficiario de un familiar en la Tesorería General de la Seguridad Social. Los socialistas sostienen el bloqueo, aunque sea unos días, suspende un derecho y contradice una resolución autonómica de agosto de 2009, que recoge que la renovación de la tarjeta es automática.

También Galicia

No solo Murcia aprovecha el hueco que ofrece la ley General de Sanidad para recortar prestaciones a los parados de larga duración. En Galicia también lo hacen. Por ejemplo, con E. N. G., vecina de A Coruña que lleva más de tres años en paro. Hace casi dos meses que se paga sus medicamentos y este jueves, para vacunarse contra la gripe, ya no se pasó por el centro de salud, fue directamente a la farmacia. "Tuve que comprar yo la vacuna. En la farmacia llamaron a un practicante para que me la pusiera, aunque no me quiso cobrar", cuenta. Esta mujer de 61 años, enferma crónica, ha agotado su prestación por desempleo hace más de 12 meses. Si durante los dos o tres meses que tardará el Sergas en tramitarle una tarjeta PSR (para personas sin recursos) tiene que acudir a urgencias, deberá firmar un compromiso de pago.

Aunque la consejera de Sanidad, Pilar Farjas, ha repetido hasta la saciedad que solo los extranjeros que no acrediten derecho a asistencia estarán obligados a firmar dicho documento, la información que E. N. G. recibe es la contraria.

Se supone que en enero estas situaciones no deben repetirse. Es lo que fija la Ley de Salud Pública recién aprobada. Pero hay que desarrollarla, por lo que la solución puede tardar.

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