Ricardo de Lorenzo: “La colaboración público-privada no tiene que ser una cuestión ideológica, sino una herramienta de eficacia a favor de los pacientes”

Madrid (15/10/2013) - Jorge Sánchez Franco

El presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS) se ha referido así a las idas y venidas judiciales del proceso de externalización de la Sanidad madrileña en una entrevista concedida a EL MÉDICO INTERACTIVO

La colaboración público-privada "no tiene que ser una cuestión ideológica, sino una herramienta de eficacia en favor de los pacientes, y los límites no deben ser otros que la necesidad de transparencia, el control público, la eficiencia y los niveles de calidad", ha afirmado Ricardo De Lorenzo, presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS), en una entrevista concedida a EL MÉDICO INTERACTIVO. En alusión a las idas y venidas judiciales del proceso de externalización de la Sanidad madrileña, el abogado ha dicho que "el ejercicio indiscriminado de acciones ante los tribunales está contribuyendo a crear un clima nada deseable de inestabilidad que resulta muy perjudicial para el sistema sanitario de la Comunidad de Madrid".
De la política de Recursos Humanos llevada a cabo por el Ministerio de Sanidad ha dicho que "se están intentando recuperar el tiempo perdido, que no es poco". Además de que "se están empezando a superar los diez años de congelación de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), considero que los acuerdos con médicos y enfermeros constituyen un hecho inédito e histórico, ya que afectan positivamente a más de medio millón de profesionales", explica. Evidentemente "no sustituye al Pacto de Estado por la Sanidad, pero sí lo favorece, y a él deberían sumarse comunidades autónomas, partidos políticos y pacientes".
Ricardo De Lorenzo también se ha referido al Real Decreto Ley 16/2012, del que ha dicho que "va en la buena dirección, aunque todavía queda mucho por hacer". A pesar de la letra de la normativa y de muy diversas "interpretaciones", la asistencia sanitaria básica a inmigrantes sin papeles "está garantizada en todo caso, respondiendo a consideraciones éticas, deontológicas y humanitarias, comprendiendo la atención de urgencias, embarazo y parto. Cuando se trata de menores, la asistencia se extiende a todo tipo de prestaciones", apunta. "Corresponde a las comunidades autónomas facilitar esta atención, organizándola de la manera más efectiva y ágil posible".
Según este experto, "en Europa no existe una norma específica común sobre la asistencia sanitaria a inmigrantes ilegales e incluso hay algún país europeo donde la decisión final de esa atención recae en el propio médico; las dos únicas directivas que tratan este aspecto de alguna manera se refieren al retorno obligado y a las condiciones de recepción de refugiados". En este sentido, nuestra normativa "es similar a la de otros Estados miembros de la Unión Europea", expone. "En cualquier caso, y ante la ausencia de marco legal común, la ley respeta los criterios a los que responde la regulación comunitaria en materia de prestaciones a cargo de los sistemas sanitarios públicos".