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:: El Médico Interactivo, Diario Electrónico de la Sanidad ::: "CiU propone un amplio acuerdo político, económico y social para “repensar” la Ley de Dependencia y garantizar la sostenibilidad del sistema

Redacción

Este pacto debe asegurar la financiación necesaria, con la perspectiva de alcanzar un gasto del 1,2 por ciento del PIB en este tipo de políticas


Madrid (29-7-11).- La portavoz de Asuntos Sociales de CiU en el Congreso de los Diputados, Carles Campuzano, ha propuesto al Gobierno que promueva un amplio acuerdo político social, que aglutine a las administraciones públicas, así como a los agentes económicos y sociales, para “repensar” desde el consenso la ley de Dependencia y garantizar la sostenibilidad del sistema, un servicio de atención de calidad y la promoción de la autonomía personal.

Este acuerdo global, precisa, debe orientarse a garantizar la financiación necesaria teniendo en cuenta los costes reales de los servicios y prestaciones en las distintas CCAA, con la perspectiva de alcanzar, a corto y medio plazo, un gasto estable en políticas de atención a la dependencia del 1,2 por ciento del PIB.

Además en dicho acuerdo debería de contemplarse una revisión de la prestación por cuidados en el entorno familiar, el impulso a la colaboración publico-privada, el desarrollo de las prestaciones socio sanitarias y el impulso a las políticas de prevención.

También se incluiría contemplar el desarrollo de la política de atención a la dependencia con pleno respeto a las atribuciones competenciales que en materia de servicios sociales atribuyen la Constitución y los Estatutos de Autonomía a las Comunidades Autónomas, así como la necesidad de priorizar la atención a las personas con necesidades más severas.

Finalmente, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar, antes del final del mes de septiembre, el preceptivo balance del desarrollo de la Ley de la Dependencia así como un informe sobre el gasto total de la Administración General del Estado, de la Seguridad Social, de las Comunidades Autónomas y de las corporaciones locales, en servicios y prestaciones sociales con el objetivo de avanzar en una mayor y mejor transparencia en la inversión y el gasto social.


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