El Constitucional tumba definitivamente el euro por receta de Cataluña

El tribunal considera que el copago farmaceútico es una tasa inconstitucional

MARÍA FABRA Madrid 6 MAY 2014 - 14:34 CET

El pleno del Tribunal Constitucional ha tumbado definitivamente el cobrodel euro por receta aprobado en Cataluña en junio de 2012 y suspendido por el propio Constitucional en enero de 2013. Hoy, el pleno ha debatido la ponencia sobre la constitucionalidad de la tasa creada en Cataluña y, por unanimidad, ha rechazado la legalidad del cobro de la misma. De esta manera, estima el recurso presentado por el Gobierno de Rajoy que alegó que las comunidades no pueden incidir directa o indirectamente en la fijación de precios de productos farmacéuticos.

La decisión del tribunal permite augurar que la resolución sobre el euro por receta que también se empezó a aplicar en Madrid está destinada al fracaso. El Constitucional suspendió la aplicación de esta tasa no solo en Barcelona sino también en la Comunidad de Madrid. Argumentó su decisión alegando que esta no supondría "una reducción de la calidad y eficacia de la prestación farmacéutica" y exponiendo cómo la devolución de la tasa, en el caso de que finalmente se declarara inconstitucional, tal como ha ocurrido, sería "virtualmente imposible".

El recurso se presentó contra los artículos 16 y 41 de la ley catalana 5/2012 de 20 de marzo de medidas fiscales, financieras y administrativas, después de tanto Gobierno como Generalitat negociaran sobre la aplicación de ambas sin llegar a un acuerdo.

En la misma sentencia, el tribunal ha avalado otra tasa impuesta por Cataluña, la judicial, que fue igualmente recurrida por el Gobierno de Mariano Rajoy.

En rueda de prensa tras la reunión del Gobierno catalán, el portavoz Francesc Homs ha reiterado que ambas tasas estaban encaminadas a reducir el déficit público y ha criticado que el Ejecutivo central no haga el mismo esfuerzo que las autonomías en este empeño. "Vale la pena recordar cuál es el contexto de unas decisiones tomadas desde unas administraciones públicas, y que algunas otras también han tomado algunas decisiones parecidas. Son decisiones como consecuencia de un contexto de imposición de recortes por parte del Gobierno y estamos administrando las cosas en este contexto", ha afirmado.

El Gobierno catalán planeó la aplicación del euro por receta en su segundo gran ajuste presupuestario, en 2012. La medida pretendía recaudar alrededor de unos 110 millones de euros y ahorrar unos 40 millones de euros en farmacia. A pesar de que al principio no se contemplaban exenciones, finalmente se estableció un tope de 61 euros por persona. La tasa, que debía ser recaudada por los farmacéuticos, no era la de mayor cuantía de los Presupuestos de ese ejercicio. La Generalitat ha implantado a lo largo de estos años la tasa turística, impuestos ambientales o el que grava los pisos vacíos, que aún se está tramitando.

Sin embargo, el euro por receta era una apuesta de CiU, que se convirtió en la avanzadilla de los sectores que pedían el copago sanitario. De hecho, el Ejecutivo de Artur Mas esperaba que el Gobierno central se decidiera a implantar el copago sanitario o que realizara los cambios necesarios para que las comunidades que quisieran pudieron aplicarlos. En un artículo en EL PAÍS, el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, abogó por introducir ese gravamen. Finalmente, el Gobierno central rechazó esa medida, a pesar de que el PP catalán había dado su apoyo implícito al facilitar con su abstención (acordada entre Mas y la líder del partido, Alícia Sánchez.-Camacho) la aprobación de los Presupuestos de 2012.