Las autonomías se resisten a asumir las competencias sanitarias de ayuntamientos

Andalucía se suma a Galicia, Castilla y León y el País Vasco con normas de 'insumisión'. Las comunidades tendrán que afrontar gastos de casi 1.000 millones sin financiación 'extra'.

Laura G. Ibañes. Madrid | laura.gutierrez@diariomedico.com | 26/05/2014 00:00

Diego Valderas, vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Administración Local (Junta de Andalucía)

VISTA:

Las autonomías se resisten a cumplir la Ley de Reforma de la Administración Local, aprobada el pasado diciembre, y que implica el traspaso progresivo en cinco años de todas las competencias sanitarias que actualmente ejercen las entidades locales y ayuntamientos a las autonomías. Este traspaso progresivo a las comunidades, a razón de un 20 por ciento anual, se llevará a cabo, según ha dictado el Gobierno central, sin una dotación económica extra para las comunidades autónomas, que tendrán que asumir así gastos extra en sanidad que rozan los mil millones de euros (los ayuntamientos gastaron en 2011, último dato disponible, 976 millones de euros en actividades sanitarias).

A este traspaso sanitario se sumará además, en el plazo improrrogable de un año, el de los servicios sociales, lo que conllevará un incremento del gasto de las autonomías superior a los 5.000 millones de euros (el gasto de los ayuntamientos en esta partida alcanzó los 5.118 millones en 2011).

Los municipios realizan un variopinto cúmulo de actividades sanitarias, desde mantener consultorios hasta vacunar, atender urgencias médicas o sufragar copagos

Ante esta situación, algunas autonomías, en las que el papel de la administración local es especialmente relevante, han decidido sacar normas propias de insumisión a la reforma aprobada por el Gobierno central para tratar de blindar las competencias sanitarias y de servicios sociales de los municipios. Se trata concretamente de Galicia, País Vasco y Castilla y León, a las que se sumó la semana pasada Andalucía, con un decreto que tratará de impedir legalmente el traspaso apoyándose en su Estatuto de la Autonomía Andaluza.

La consejera de Salud de Andalucía, María José Sánchez Rubio, ha explicado al respecto que aplicar la reforma estatal supondría "eliminar cualquier servicio de los pueblos con menos de 20.000 vecinos y desnaturalizar el sistema de servicios sociales", además de poner en peligro 30.000 empleos.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha respondido a la insumisión tratando de calmar los ánimos y confiado en que las autonomías puedan llegar a alcanzar un acuerdo en la comisión bilateral con el Gobierno central que evite que éste acabe presentando un recurso de inconstitucionalidad contra las normas que han ido publicando algunas comunidades autónomas.

Pendientes todavía de si la cuestión acabará en el Tribunal Constitucional, como ha ocurrido en el caso de las normas autonómicas de insumisión al copago y a la exclusión de los inmigrantes, las reacciones de otras autonomías no se han hecho esperar. Y, aun sin decreto, Cataluña, entre otras, se ha mostrado ya también contraria a asumir el mandato de traspaso de competencias.

Servicios
En juego hay mucho: el mantenimiento del día a día (limpieza, luz, agua...) de los 10.087 consultorios locales de sanidad que hay en España, concentrados fundamentalmente en Castilla y León, Andalucía y Castilla-La Mancha (ver tabla), que actualmente están en manos de los ayuntamientos que, con frecuencia, integran en los gastos del municipio los de mantenimiento del consultorio y que, sin embargo, para la autonomía supondrían un enorme sobrecoste, al tener que contratar personal o compañías que se desplazasen. Pero también están en juego muchos programas de promoción de la salud, de vacunación e incluso servicios municipales de urgencias médicas, hospitales y compensaciones a sus ciudadanos por el copago.

Gastos 'extra'

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Administración Local, Diego Valderas, explicó la semana pasada el nuevo decreto que tratará de impedir los traspasos de las competencias locales a las autonomías por los enormes gastos extra que conllevaría para la comunidad autónoma.