sábado, 8 de noviembre de 2014

El 'BOE' publica la orden de cribados y criterios para reproducción asistida - DiarioMedico.com

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MINISTERIO DE SANIDAD

El 'BOE' publica la orden de cribados y criterios para reproducción asistida

El texto legal se ha publicado finalmente en el BOE sin cambios realmente significativos.
Laura G. Ibañes. Madrid   |  06/11/2014 19:01
  

Hace ahora algo más de un año que el Ministerio de Sanidad anunció tras el Consejo Interterritorial, en julio de 2013, una reforma de la cartera básica de servicios para incluir en ella el cribado de cáncer de colon y el consejo genético, así como para regular el de cáncer de mama y cérvix y modificar las condiciones de la reproducción humana asistida. Y hace exactamente un año ahora que se hizo público el primer borrador de orden que contenía estas medidas.
Tras un año de espera, cuatro borradores de orden y no pocas polémicas por la decisión de limitar la financiación de la reproducción humana asistida exclusivamente a personas con problemas médicos, el texto legal se ha publicado finalmente en el BOE sin cambios realmente significativos.
Se aprueba finalmente la inclusión en la cartera común de servicios del SNS del cribado neonatal (que incluirá hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria, fibrosis quística, Mcadd, Lchadd, acidemia glutárica tipo I y anemia falciforme).
En cribado de cáncer de mama se establece que se realizarán mamografías a las mujeres de entre 50 y 69 años cada dos años.
En cribado de cérvix, la pauta será una citología cervical cada 3-5 años para mujeres de entre 25 y 65 años.
Además se introduce en la cartera de servicios común por primera vez el cribado en cáncer de colon, que se realizará con una prueba de sangre oculta en heces cada dos años a hombres y mujeres de entre 50 y 69 años.
Se incluye también el consejo genético en caso de diagnóstico o antecedentes  de enfermedades hereditarias infantiles y del adulto, cánceres hereditarios y familiares, anomalías congénitas y del desarrollo, discapacidad intelectual con sospecha de base genética y trastornos de fertilidad con sospecha genética.
Respecto a la reproducción humana asistida se mantiene la voluntad de su restricción a personas con problemas médicos, pese a que varias autonomías como Andalucía o Extremadura expresaron su intención de financiarlo a mujeres sin pareja y a lesbianas pese a la nueva norma. Hasta ahora había cierta ambigüedad y, mientras algunos hospitales de Madrid, Andalucía y el País Vasco sí los financiaban, otras autonomías como Cataluña o Castilla-La Mancha no lo hacían.
La orden publicada establece finalmente que los tratamientos de reproducción humana se aplicarán "con fin terapéutico o preventivo y en situaciones especiales" (selección embrionaria para terceros y preservación de gametos para uso autólogo diferido por indicación médica), lo que dejaría fuera de financiación "la ausencia de varón", como explicó la ministra Ana Mato en su momento.
Se establece como requisito general para las mujeres ser menor de 40 años y para los hombres de 55 años y no tener hijos sanos previos, tener trastorno documentado de la capacidad reproductiva o ausencia de embarazo tras 12 meses de  relaciones con coito vaginal sin anticonceptivos. Se limitan a 4 los ciclos de inseminación artificial con semen de pareja (6 con semen de donante) y a tres los ciclos de fecundación in vitro.
Las autonomías todavía no han reaccionado a la publicación de la orden ni expresado si se plegarán a ella.

Ahorros de más de 50 millones

El informe del Consejo de Estado detalla que los cambios en reproducción humana asistida podrían ahorrar 51 millones. Si todas las autonomías redujeran sus programas de cáncer de mama a las edades fijadas en la orden bajaría el gasto en otros 8,7 millones. El cribado neonatal implicará costes extra de 2,4 millones puesto que algunas autonomías no lo hacían, mientras que si las que sí los aplican los reducen a estas 7 patologías se ahorrarían 1,7 millones. El coste del cribado de colon no se llega a estimar en la orden.

Recomendaciones.

La nueva orden de cartera de servicios debe acatarse por las autonomías, que no pueden ofrecer más servicios que los nacionales si no justifican fondos suficientes para ello, pese a que algunas sí prevén extender sus servicios.

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