Posted: 13 Jan 2020 09:55 AM PST
Los ministros de Salud y de las Mujeres firmaron la resolución este viernes. Faltan cuestiones de forma para publicarla en el Boletín Oficial.
La provincia de Buenos Aires adhirió al protocolo que dispone la atención integral de las mujeres con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE), de carácter obligatorio, en todos los centros de salud, tanto públicos como privados. La medida está en línea con lo resuelto el 13 de diciembre por el Ministerio de Salud de la Nación. La resolución fue firmada este viernes por el ministro de la cartera sanitaria bonaerense, Daniel Gollán y la ministra de las Mujeres, políticas de Género, y Diversidad Sexual, Estela Díaz. El gobernador Axel Kicillof, de visita oficial por la Costa Atlántica, aprobó la publicación en el Boletín Oficial para el efectivo cumplimiento. Antes, la Asesoría Legal y Técnica de la Gobernación deben realizar el control de forma.
Se trata de una guía de actuación para que los equipos de salud puedan cumplir con el fallo de la Corte Suprema de la Nación. El Tribunal había establecido que quienes se encuentren en las condiciones descriptas en el artículo N° 86 del Código Penal, esto es si existe peligro para la vida de la madre o si el embarazo proviene de una violación, no puede ni debe ser obligadas a solicitar una autorización judicial para interrumpir su embarazo.
Aún con esta previsión de las normativas, en 2016 la entonces gobernadora María Eugenia Vidal decidió la controvertida medida de revocar la resolución N° 2095, de adhesión al protocolo, firmada por quien era responsable del área, Zulma Ortiz. Diez días después del acta ministerial, el Ejecutivo adoptó el criterio contrario condicionado por presiones eclesiásticas y del propio gabinete provincial. Ortiz fue echada del cargo. Luego Vidal y ministros como Joaquín de La Torre participaron activamente en la campaña por “las dos vidas”, en contra del proyecto de Interrupción voluntaria del embarazo.
Tres años después de aquel episodio, el presidente Mauricio Macri también le pidió la renuncia a su secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, luego de que el funcionario aprobara el protocolo para la Atención de Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
Apenas a dos días de asumir, el ministro de Salud nacional, Ginés González García, retomaba la iniciativa. El texto oficial, convalidado ahora en la Provincia, involucra a los casos de aborto no punible previstos desde 1921 en el Código Penal: si se realiza "con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios" o "si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente", según el artículo N° 86 antes mencionado.
El acto de este viernes se desarrolló en el Ministerio de Salud provincial. Al término de la firma, Gollán mostró a la audiencia reunida en el salón el documento, como una “reparación”.
El texto de la resolución determina que para acceder a la ILE, las personas gestantes sólo deberán pedirla, dar su consentimiento informado y firmar una declaración jurada que certifique que su situación está alcanzada por los casos comprendidos. Representa, como se anticipó en la enunciación, una guía de actuación médica que se ajusta al marco jurídico vigente, el Código Penal que reglamentó las tres causales en 1921 y el fallo FAL de la Corte Suprema 2002 que ratificó su aplicabilidad.
“Está en el Código Penal y un fallo de la Corte dijo que hay que hacer este tipo de protocolos. Quien no lo hace, no puede decir que respeta a la Justicia o defiende a la República", explicó Gollán en el acto. “La ILE no sólo es una cuestión sanitaria con la que uno acuerda, es un mandato de la Corte Suprema”, insistió.
Díaz completó la argumentación: “Ahora tenemos a Gollán de ministro de Salud de la Provincia y esta guía que se actualizó en Nación está hecha sobre la base que él, como ministro de la Nación, hizo en 2015. Es una perspectiva que comparte y ha diseñado como política, así que es un muy buen instrumento“, dijo la funcionaria.
En relación con la existencia o no de normativas que garanticen el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en todo el país, actualmente una docena de distritos adhieren al protocolo que acaba de suscribir Buenos Aires. Hasta el año pasado, Jujuy, Salta, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, La Rioja, La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego estaban incluidas. San Luis adhirió en octubre de 2018.
Por otra parte, algunas provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuentan con normativas propias en relación con el acceso al aborto. En algunos casos más amplias de lo dispuesto en la normativa nacional y en otras más restrictivas. En ese listado están Chubut, Río Negro, Neuquén, Córdoba y , como se mencionó, CABA.
Todavía no adhieren Santiago del Estero, Tucumán, Corrientes, Mendoza, San Juan, Formosa y Catamarca.
En todos estos años, a pesar de estas reglamentaciones legales, el acceso real a la interrupción voluntaria de un embarazo, muchas veces, resultó difícil de garantizar por condicionantes de los propios efectores de salud, de los municipios o directamente de las autoridades provinciales.
Fuente: Clarín
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