viernes, 3 de enero de 2020

Las medidas sanitarias del futuro Gobierno progresista de coalición

02-01-2020
El documento titulado ‘Coalición progresista: un nuevo acuerdo para España’, presentado por PSOE y Podemos, contempla, entre otras propuestas, la derogación progresiva de los copagos sanitarios, la incorporación de la salud bucodental en la sanidad pública y garantizar la sanidad universal.

La derogación progresiva de los copagos sanitarios, la incorporación de la salud bucodental en la sanidad pública y garantizar la sanidad universal son las principales medidas contempladas por el PSOE y Unidas Podemos en el documento de su preacuerdo para conformar un "Gobierno progresista de coalición".

El texto, titulado `Coalición progresista: un nuevo acuerdo para España´ y presentado por los líderes del PSOE, Pedro Sánchez, y de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, en el Congreso de los Diputados, antes de la investidura de Sánchez como presidente de dicho Ejecutivo de coalición, recoge también el "blindaje de la sanidad pública", con medidas como el incremento de los recursos destinados al Sistema Nacional de Salud, "alcanzando una inversión en servicios públicos propia de otros Estados de la zona euro durante la legislatura, hasta lograr el 7% del PIB en 2023".

Respecto a los copagos sanitarios, el documento precisa que la eliminación de los introducidos en 2012 será progresiva a lo largo de la legislatura, "empezando por los pensionistas y los hogares en situación de mayor vulnerabilidad", con garantías para que no se introduzcan otros nuevos "que no atiendan a la situación socioeconómica de las personas, incluidos los copagos por el transporte sanitario no urgente, por los productos ortoprotésicos y por los dietéticos, a través de la derogación de los artículos que habilitan estos copagos".

Los partidos también anuncian modificaciones normativas, legales y reglamentarias para garantizar la efectividad del derecho a la protección a la salud a través del acceso universal al Sistema Nacional de Salud. Así, el RD-Ley 7/2018, sobre el acceso universal al SNS, se tramitará como una ley, que derogue definitivamente el RD-Ley 16/2012. El objetivo será que "garantizar homogeneidad en el procedimiento de forma que la asistencia sanitaria será gratuita durante el periodo que existe entre la entrega del documento provisional y la emisión de la tarjeta sanitaria", para que no exista un periodo de carencia en el que una persona pueda quedarse sin recibir asistencia sanitaria por un problema burocrático.

Asimismo, buscará extender este derecho a las personas ascendientes que llegan desde países extracomunitarios, reagrupadas por sus hijos con nacionalidad española, y "garantizar la recuperación de la cobertura sanitaria gratuita en España a los ciudadanos españoles que residen fuera y que no tienen derecho a la asistencia sanitaria reconocido por los países de acogida".

Uno de los objetivos de ambos partidos en su preacuerdo de Gobierno es la apuesta por una sanidad que se base en la gestión pública directa. Para ello, anuncian una revisión de la Ley 15/1997, de habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud y el conjunto de los mecanismos normativos "que abren la puerta a privatizaciones del sistema". Una comisión de reciente creación, integrada por expertos del ámbito sanitario, organizaciones sindicales, profesionales y de pacientes, así como colectivos sociales, analizará la situación y definirá las líneas y estrategias para revisar dicha Ley en el plazo de 6 meses.

Otras medidas que recoge el acuerdo son el impulso de la digitalización sanitaria y la renovación de la tecnología "para que el Sistema Nacional de Salud sea referente en innovación tecnológica poniendo a disposición de la ciudadanía los mejores instrumentos diagnósticos y de tratamiento" con "tecnologías coste-efectivas, seguras y cuya eficacia haya sido previamente evaluada", mientras que en materia farmacéutica avanzan que orientarán las políticas relativas a la industria farmacéutica hacia el cuidado de la salud de la población, priorizando la eficiencia y la transparencia en la fijación de precios.

En la atención se proponen avanzar en la implementación del Marco Estratégico de Actualización de la Atención Primaria diseñado durante la última legislatura con el concurso de las comunidades autónomas y las sociedades médicas y científicas y de pacientes, con medidas a corto plazo "para resolver el déficit de planificación en materia de profesionales, especialmente por lo que se refiere al ámbito rural".

En esta línea, anuncian un sistema de atención temprana, la integración de las necesidades de las enfermedades raras en la planificación global de la cobertura universal, la actualización de la Estrategia de Salud Mental, con una estrategia específica de prevención de la conducta suicida en colaboración con las comunidades autónomas.

Por lo que se refiere al personal sanitario, se proponen mejorar sus condiciones "agilizando el proceso para garantizar el cumplimiento del II Acuerdo en materia de sanidad e impulsando un programa de retorno de los profesionales que han tenido que salir a trabajar en sistemas sanitarios fuera de España".

Finalmente, anuncian un aumento en los recursos para dotar el Fondo de Cohesión Sanitaria y, dentro de la derogación de la reforma laboral, la retirada urgente de la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad.