INTERIOR | El proyecto estrella de la presidencia española
La Unión Europea aprueba la orden europea de protección de víctimas
Los ministros de Justicia de la Unión Europea han aprobado este viernes la orden de protección europea, que permitirá el reconocimiento de los derechos de las víctimas en cualquiera de los veintisiete países de la Unión.
Esta medida legislativa, que fue impulsada por España durante su presidencia de turno en 2010, ha sido aprobada por consenso, con el respaldo de todos los países a pesar de que "ha habido momentos de tensión en las negociaciones", como ha explicado Juan Carlos Campo, secretario de Estado de Justicia.
Una vez que entre en vigor, previsiblemente a finales de este año, los países tendrán un plazo máximo de tres años para adaptar la norma a sus respectivas legislaciones. A partir de ese momento cualquier víctima europea tendrá derecho a pedir protección en otro país de la Unión Europea, tanto si se muda allí de manera permanente como si se trata de un viaje temporal.
La víctima tendrá que comunicar en su país que se va fuera y que quiere llevarse consigo la protección. La autoridad central comunicará esta situación al país receptor, que mantendrá la protección a la víctima de acuerdo con su legislación. Esto hace que la medida legislativa se lleve a cabo por dos vías. Esta orden de carácter penal y un reglamento impulsado por la Comisión de carácter civil.
Por ejemplo, en España la violencia de género se juzga por el ámbito penal, mientras que en otros países como Alemania es de carácter civil. Así, si el agresor reincide en aquel país, deberá pagar la multa económica que estipule la legislación germana, mientras que en España pagaría con una pena de cárcel.
El secretario de Estado ha detallado algunos de los aspectos de esta norma que más debate habían suscitado. Uno de ellos tiene que ver con la obligación que tiene la autoridad central de informar al agresor del nuevo paradero de la víctima. Campo ha explicado que si a un agresor se le impone una orden de alejamiento "tendrá que saber dónde se encuentra la víctima para no infringir la orden", ya que de otro modo podría ocurrir que se saltase esa prohibición sin saberlo.
Si la víctima no quiere que el agresor conozca su nueva ubicación le bastará con no pedir el mantenimiento de la protección en el país receptor.
Campo ha destacado el consenso a la hora de aprobar esta normativa europea, aunque ha recordado que 11 países apoyaron inicialmente la iniciativa española y que son los que "más calor" han dado al proceso. También ha reconocido que le hubiese gustado encontrar más apoyo por parte de la comisaria de Justicia, Viviane Reding, con quien el Ministerio de Justicia español tuvo importantes encontronazos durante el proceso de negociaciones de esta norma.
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