La falta de un registro impidió frenar los implantes de mamas PIP

España carece del sistema recomendado por la UE para anotar incidencias y garantizar la seguridad

La vigilancia sanitaria no detectó la alta tasa de roturas

María R. Sahuquillo Madrid 29 DIC 2011 - 03:28 CET6

Sanidad no detectó a tiempo los implantes de mama defectuosos que están causando problemas de salud a decenas de mujeres en España. La falta de un registro de incidencias que, tal y como recomienda la UE desde 2003, sume y analice los problemas detectados con las prótesis de mama, permitió que miles de mujeres en España recibieran los implantes fraudulentos PIP, fabricados por la empresa Poly Implant Prothese. La compañía empleó en su elaboración un gel de silicona industrial, no apto y diez veces más barato que el que estaba declarando. Un delito que no fue detectado hasta 2010 por las autoridades francesas, que han pedido a más de 30.000 mujeres que llevan las prótesis PIP que vuelvan al quirófano para retirárselas por riesgo de rotura.

El largo historial

2000. La Agencia del Medicamento de EE UU (FDA) impide a la firma de los implantes PIP comercializar sus prótesis salinas. Pese a ello, la compañía vende en el resto del mundo.
Marzo de 2010. Francia ordena la retirada de los implantes mamarios PIP por defectuosos. Le siguen otros países como Chile.
Noviembre de 2010. Muere en Marsella de un linfoma una mujer que llevaba la prótesis PIP.
Diciembre de 2010. Francia pide a unas 30.000 mujeres que se retiren las prótesis. Brasil pide a 25.000 mujeres un reconocimiento. Italia y Finlandia toman medidas similares.

Fue la alerta del Gobierno francés —cuyo sistema de vigilancia había detectado casos de problemas asociados a las prótesis— lo que llevo a las autoridades españolas y europeas a retirar las PIP del mercado. Sin embargo, los controles sanitarios que debían velar por la seguridad de este producto médico —registrado y aprobado en Francia y por lo tanto con pasaporte para toda la UE— permitieron que hasta esa fecha más de 300.000 mujeres en todo el mundo recibieran las prótesis mamarias. Entre 8.000 y 12.000 de ellas en España, según fuentes de la Sociedad Española de Cirugía Estética y Reparadora (Secpre). De hecho, Sanidad asegura que, hasta la comunicación de Francia, su sistema de vigilancia no recibió ninguna notificación de problemas con estos implantes.

Los casos, sin embargo, se estaban produciendo, silenciados por la falta de registros solventes de incidencias, cuya creación recomendó a los países ya en 2003 el Parlamento Europeo para garantizar la seguridad y la calidad de las prótesis mamarias, que se implantan en su mayoría en clínicas privadas para intervenciones de cirugía estética —se calcula que unas 18.500 mujeres al año se someten a un aumento de pecho en España—, y que España aún no ha puesto en marcha.

Un registro que las organizaciones de médicos y de pacientes llevan pidiendo años. “Ese sistema es la única forma de ver si las incidencias que se pueden llegar a detectar por los cirujanos o los hospitales son relevantes”, explica Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Organización Médica Colegial. También la Secpre —que mantuvo hace tiempo conversaciones fallidas con Sanidad para colaborar en el registro— cree que ese sistema hubiera permitido detectar antes lo que estaba ocurriendo. “Todas las marcas de prótesis tienen algún índice de rotura [suele rondar el 5%], el problema es que el de las PIP era mucho mayor [15%]. Al no existir un registro de incidencias que sumase todas las que se estaban produciendo no se descubrió. Muchos cirujanos pensaron que se trataba de incidentes aislados”, dice Jaume Masià, presidente de esta sociedad científica.

Mientras, las afectadas por las prótesis fraudulentas se sienten abandonadas por las autoridades sanitarias.
Critican que el Ministerio de Sanidad no haya emprendido ninguna medida desde que se detectara el fraude en 2010. Desde entonces, Sanidad, que ha encargado una serie de estudios para analizar el alcance del escándalo y que estudia demandar al fabricante de las PIP, recomienda a las portadoras de las prótesis un seguimiento médico constante. Algo que no satisface a las pacientes.

El departamento que Ana Mato coordina desde el pasado viernes tampoco ha aclarado si financiará la extracción de las prótesis, si las mujeres tienen que retirárselas por riesgo de rotura, como así lo hará, por ejemplo Venezuela. Un punto que reclaman las asociaciones de pacientes y afectadas, que ya se han movilizado para exigir responsabilidades legales tanto a los cirujanos —a quienes acusan de lucrarse con la sustitución de las prótesis— como a la administración.

Masià, sin embargo, asegura que la Secpre está del lado de las pacientes. “Los cirujanos, que pensaban que los implantes estaban en buenas condiciones y pasando los controles sanitarios han sido tan estafados como las pacientes, que pensaban”, dice.

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