La UE revisa el mercado de CO2 para que no sea tan barato contaminar
Bruselas intenta retirar parte del exceso de derechos de emisión otorgados a la industria
El bajo precio amenaza toda la política verde de los Veintisiete
Chimeneas en las industrias de la bahía de Algeciras. / JOSÉ BIENVENIDO
El mercado de CO2, la principal herramienta de la UE para combatir el cambio climático, vive en convulsión permanente. Bruselas entregó derechos gratuitos entre las empresas pero no contó con la crisis económica y la caída de la producción industrial. Lo que ha ocurrido es que hay tantos derechos repartidos que el precio de la tonelada de CO2 se ha hundido: ha llegado a seis euros cuando toda la política verde de los Veintisiete estaba diseñada con un precio de entre 20 y 50 euros. Ahora, en Bruselas se buscan fórmulas para intervenir el mercado y reflotar el precio para que no sea tan barato contaminar. Este martes, una comisión del Parlamento Europeo pidió retirar derechos de emisión del mercado y antes lo reclamó la Comisión. La simple votación —no vinculante— sirvió para elevar el 20% el precio hasta los ocho euros, aún muy lejos de lo que quiere el sector. Así de volátil es el mercado.
“Con la crisis y la mala planificación, el mercado de CO2 está en una encrucijada. O alguien toma medidas de choque o corre el riesgo de que el precio de la tonelada sea insignificante”, explica José Luis Blasco, socio de Cambio Climático de KPMG. La situación no es nueva. A final de 2007, la tonelada cotizó a céntimos de euros. Entonces se achacó a que el primer periodo (2005-2007) era como una prueba, se habían dado demasiados derechos y había que gastarlos porque caducaban a final de ese año.
La solución que encontró Bruselas para el periodo 2008-2012 fue que los derechos no caducaran, sino que se mantuvieran hasta 2020. Además, a partir de 2013, parte de los derechos se subastan. Así, las empresas tenían en teoría un incentivo para no vender todo.
Sin embargo, los derechos se entregaron teniendo en cuenta la producción entre 2005 y 2007 y contando que la economía mejoraría. Cementeras, azulejeras, ladrilleras, acerías, siderúrgicas (hasta 10.000 plantas en la UE, 1.056 de ellas en España) recibieron derechos justo antes de reducir drásticamente su producción.
Blasco explica que además de las dudas sobre la economía europea “hay un excedente de derechos que puede llegar a 2020”. Con cada caída del precio, los analistas han visto el suelo pero, cuando el pasado 14 la tonelada en la UE llegó a 6,3 euros, se vio que no había fondo. Iker Larrea, de Factorco2, un intermediario, señala: “Si no hay escasez de derechos el valor de contaminar es próximo a cero y pierde el sentido la apuesta por la economía verde. Si no sabes cuánto vale nadie invierte en reducir emisiones”.
Además del exceso de asignación ha habido proyectos inflados en países en desarrollo, que generaban más derechos de emisión de los que realmente reducían. El resultado es que tradicionalmente el precio del CO2 iba ligado al petróleo pero ya no. Ni el cierre nuclear alemán, que impulsó el uso de carbón y gas, animó el mercado. Y eso que suponía más emisiones y por tanto más demanda de CO2.
El desfase respecto al precio previsto ya se nota. Francisco Ramos, de Ecologistas en Acción, explica que la UE pretendía financiar una serie de plantas piloto de captura y almacenamiento de CO2 gracias a la subasta de derechos. “Pensaron que venderían a 25 euros. Si venden a seis no hay forma de hacer captura”, explica. Los proyectos de almacenamiento caen como moscas en la UE (Endesa retiró al menos de momento el suyo de Compostilla y no pidió financiación europea).
El debate sobre cómo intervenir está abierto, pero Isaac Valero, portavoz de la Comisaría de Acción por el Clima, matiza: “Lógicamente, la Comisión quiere precios más altos, pero hay que entender que hemos creado un mercado libre, donde se compra y se vende”. Una opción para elevar el precio sería que Europa endureciese su objetivo de reducción de emisiones del 20% actual al 30% (como han pedido Reino Unido, Países Bajos, Francia, Alemania y Dinamarca). Sin embargo, esa opción es complicada, ya que los países del Este e Italia —puede que España con el PP— se oponen.
La otra opción que se abre paso es reducir drásticamente la cantidad de derechos a subastar. La Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo pidió ayer “retirar una cantidad significativa de derechos para estabilizar el precio del carbono”. La moción salió adelante por 52 votos a favor, tres en contra y seis abstenciones. Otro texto que pedía dejar de subastar 1.400 millones de toneladas (más del triple de lo que emite España en un año) salió adelante por solo un voto, lo que le augura poco recorrido en la compleja negociación que aún queda por delante, ya que aún debe ir al pleno y luego aprobarlo los Estados. La resolución hizo que el precio ayer subiera un 20% y hoy puede haber otro repunte si la UE recibe el visto bueno para incluir a las aerolíneas en el comercio de emisiones. Aún así, seguiría lejos de lo previsto.
La moción se aprobó en la tramitación de la directiva de Eficiencia, una norma que impone severos controles al derroche de energía. Esto, paradójicamente, puede inundar el mercado con más derechos, ya que si las fábricas se ven obligadas por ley a invertir en mejoras tecnológicas, emitirán menos y venderán el resto.
Hay empresas que ya han dado la voz de alarma. Shell, Acciona, Alstom, Unilever, Barilla y Philips, entre otras, han pedido por carta a José Manuel Durao Barroso que retiren derechos del mercado porque con “los precios languideciendo entre 6 y 8 euros”, el mercado no estimula la reducción de emisiones.
Blasco apunta otras opciones: “Podrían introducir más sectores en el comercio de derechos de emisión, como quieren hacer con las aerolíneas, lo que elevaría la demanda. O comprar la propia UE derechos del mercado”. Lo que está claro es que el acuerdo de Durban no ayudó, porque demostró que al menos hasta 2020 no habrá acción conjunta internacional.
Crece la tensión en las aerolíneas
La intención de la UE de incluir en el comercio de emisiones a todos los aviones que aterricen o despeguen de suelo europeo ha elevado la tensión diplomática. La medida debe entrar en vigor el 1 de enero —si hoy, como parece previsible, lo ratifica el Tribunal de la UE después de que lo apoyara el abogado general. Ha levantado las iras de EE UU, China, India, Brasil, México... que plantean una dura batalla legal por considerar que Bruselas se inmiscuye en sus compañías. Europa ha hecho de la lucha contra el cambio climático una de sus señas internacionales y la Comisión afirma que no piensa dar marcha atrás.Aerolíneas de EE UU y Canadá tienen pleitos en Reino Unido. Rechazan pagar por todo el CO2 emitido durante el trayecto y reclaman que solo cuente el gas producido al atravesar el espacio aéreo comunitario.
EE UU y China han anunciado medidas legales para impedir que sus aviones acaten la ley europea.
Bruselas replica que el sobrecoste para el pasajero en un vuelo París-Pekín sería de solo 1,5 euros y que la aviación es uno de los sectores en los que más crecen las emisiones.
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