María Jesús Montero prevé que en enero esté lista la primera convocatoria del concurso público de fármacos
Sevilla (15/12/2011) - E.P.
• La consejera de Salud de Andalucía realiza esta estimación tras aprobarse el Decreto Ley de Medidas Urgentes en Farmacia
• Los tres primeros subgrupos terapéuticos ya fijados son la familia de las estatinas, los protectores gástricos y los inhibidores plaquetarios
La consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, ha estimado este martes que su departamento prevé que a partir de enero próximo esté lista la primera convocatoria pública de licitación de moléculas farmacéuticas -medida conocida como 'subasta de fármacos'- para los tres primeros subgrupos terapéuticos ya fijados, estos es, la familia de las estatinas, los protectores gástricos y los inhibidores plaquetarios.
Durante su comparecencia al término de la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta, en la que se ha aprobado el Decreto Ley de Medidas Urgentes en Farmacia para permitir esa adjudicación por convocatoria pública de los medicamentos a aquellos laboratorios que oferten a la Administración un precio más bajo, Montero ha definido este decreto ley como una "norma rompedora" que persigue "seguir avanzado en la eficiencia económica" del sistema sanitario público andaluz.
De hecho, ha avisado de que en el campo de la farmacia "aún existe margen de maniobra" para conseguir mayores ahorros, para lo cual ha puesto como ejemplo que, en España en general y Andalucía en particular, el peso que representa el gasto en farmacia es de un 21,4 y un 22 por ciento respectivamente, frente a la media de otros países de la OCDE, que es del 14 por ciento.
No obstante, ha ahondado en las políticas de uso racional del medicamento del Gobierno andaluz, de las que ha resaltado han sido incorporadas por otras comunidades y el Gobierno central, así como de la prescripción por principio activo, "que hoy en día en la comunidad suponen nueve de cada diez recetas que se prescriben".
Esta modalidad de prescripción, ha recordado, está indicada por la propia OMS y supone que los médicos no prescriben la marca comercial del medicamento sino el principio que produce la acción terapéutica.
En cuanto a la norma en sí, la misma establece la selección por convocatoria pública de los medicamentos que se va a entregar en las farmacias andaluzas a los usuarios que acudan con una receta por principio activo, con lo que se pretende aprovechar la economía de escala que supone adquirir medicamentos para ocho millones de usuarios y conseguir "bonificaciones" por parte de la industria farmacéutica que repercutan en la sostenibilidad del sistema sanitario.
Diferente al catálogo gallego
En este sentido, Montero ha vuelto a insistir que la norma andaluza "a diferencia de otras -en alusión al catálogo gallego- no toca los márgenes de las oficinas de farmacia ni de la distribución", potestad que le corresponde al Ministerio de Sanidad, junto a la de fijar los precios mínimos de los medicamentos.
De hecho, el precio de los medicamentos en la convocatoria pública es el precio menor estipulado por el Ministerio y los beneficios para la Sanidad Pública andaluza se producen a través de las mejoras aportadas por las empresas concurrentes.
Este cuanto al proceso de selección, el mismo estará abierto a todas las empresas y laboratorios que comercialicen los medicamentos. En principio, se va a comenzar por tres de los subgrupos terapéuticos más consumidos de los 400 existentes. En concreto, por los protectores gástricos (que suponen una facturación anual de 97,5 millones de euros); las estatinas, usadas para reducir el colesterol (91 millones) y los inhibidores de la agregación plaquetaria, indicados para la prevención de coágulos, disminuir el riesgo de infarto e ictus (47 millones).
Tal y como también ha defendido en otros foros, Montero ha estimado que el ahorro estimado con esta subasta de fármacos se moverá en una horquilla de entre 40 y 200 millones de euros, "sin que ello signifique ninguna merma en la calidad de los fármacos ni en la libertad de prescripción del facultativo", ha puntualizado.
Además, ha defendido que los ciudadanos que utilizan estos fármacos, sobre todo personas mayores, tendrán siempre acceso al mismo medicamento, "con el mismo envase y la misma presentación", lo que facilitará su identificación y la adhesión al tratamiento.
Fondo de ayuda a las farmacias rurales y factura informativa
Montero también ha recordado que el decreto recoge la creación de un fondo de ayudas para el mantenimiento de las boticas de pequeños núcleos poblacionales, de las que ha dicho "ofrecen un servicio público inestimable sin ser rentable en muchos casos" y son razón de ser "del actual modelo mediterráneo de farmacia".
Por este motivo, la Consejería de Salud destinará a este fondo de ayudas el diez por ciento de los beneficios que se obtengan de la aplicación de la norma.
Como novedad, ha avanzado que su departamento también va a extender la factura informativa, que actualmente funciona en 34 hospitales, a las oficinas de farmacia. Los tiques de compra de cada producto detallarán el coste asumido por el sistema sanitario público de Andalucía.
Esta medida, ha concluido, se une a otras como las plataformas provinciales de contratación, que están permitiendo un ahorro de 100 millones de euros anuales, o la descentralización que conlleva la gestión clínica.
El Decreto Ley que se aprueba hoy se someterá al refrendo del Parlamento en la próxima sesión plenaria y regulará también la prescripción por denominación genérica de los productos sanitarios, que se iniciará con los absorbentes para la incontinencia urinaria.
Durante su comparecencia al término de la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta, en la que se ha aprobado el Decreto Ley de Medidas Urgentes en Farmacia para permitir esa adjudicación por convocatoria pública de los medicamentos a aquellos laboratorios que oferten a la Administración un precio más bajo, Montero ha definido este decreto ley como una "norma rompedora" que persigue "seguir avanzado en la eficiencia económica" del sistema sanitario público andaluz.
De hecho, ha avisado de que en el campo de la farmacia "aún existe margen de maniobra" para conseguir mayores ahorros, para lo cual ha puesto como ejemplo que, en España en general y Andalucía en particular, el peso que representa el gasto en farmacia es de un 21,4 y un 22 por ciento respectivamente, frente a la media de otros países de la OCDE, que es del 14 por ciento.
No obstante, ha ahondado en las políticas de uso racional del medicamento del Gobierno andaluz, de las que ha resaltado han sido incorporadas por otras comunidades y el Gobierno central, así como de la prescripción por principio activo, "que hoy en día en la comunidad suponen nueve de cada diez recetas que se prescriben".
Esta modalidad de prescripción, ha recordado, está indicada por la propia OMS y supone que los médicos no prescriben la marca comercial del medicamento sino el principio que produce la acción terapéutica.
En cuanto a la norma en sí, la misma establece la selección por convocatoria pública de los medicamentos que se va a entregar en las farmacias andaluzas a los usuarios que acudan con una receta por principio activo, con lo que se pretende aprovechar la economía de escala que supone adquirir medicamentos para ocho millones de usuarios y conseguir "bonificaciones" por parte de la industria farmacéutica que repercutan en la sostenibilidad del sistema sanitario.
Diferente al catálogo gallego
En este sentido, Montero ha vuelto a insistir que la norma andaluza "a diferencia de otras -en alusión al catálogo gallego- no toca los márgenes de las oficinas de farmacia ni de la distribución", potestad que le corresponde al Ministerio de Sanidad, junto a la de fijar los precios mínimos de los medicamentos.
De hecho, el precio de los medicamentos en la convocatoria pública es el precio menor estipulado por el Ministerio y los beneficios para la Sanidad Pública andaluza se producen a través de las mejoras aportadas por las empresas concurrentes.
Este cuanto al proceso de selección, el mismo estará abierto a todas las empresas y laboratorios que comercialicen los medicamentos. En principio, se va a comenzar por tres de los subgrupos terapéuticos más consumidos de los 400 existentes. En concreto, por los protectores gástricos (que suponen una facturación anual de 97,5 millones de euros); las estatinas, usadas para reducir el colesterol (91 millones) y los inhibidores de la agregación plaquetaria, indicados para la prevención de coágulos, disminuir el riesgo de infarto e ictus (47 millones).
Tal y como también ha defendido en otros foros, Montero ha estimado que el ahorro estimado con esta subasta de fármacos se moverá en una horquilla de entre 40 y 200 millones de euros, "sin que ello signifique ninguna merma en la calidad de los fármacos ni en la libertad de prescripción del facultativo", ha puntualizado.
Además, ha defendido que los ciudadanos que utilizan estos fármacos, sobre todo personas mayores, tendrán siempre acceso al mismo medicamento, "con el mismo envase y la misma presentación", lo que facilitará su identificación y la adhesión al tratamiento.
Fondo de ayuda a las farmacias rurales y factura informativa
Montero también ha recordado que el decreto recoge la creación de un fondo de ayudas para el mantenimiento de las boticas de pequeños núcleos poblacionales, de las que ha dicho "ofrecen un servicio público inestimable sin ser rentable en muchos casos" y son razón de ser "del actual modelo mediterráneo de farmacia".
Por este motivo, la Consejería de Salud destinará a este fondo de ayudas el diez por ciento de los beneficios que se obtengan de la aplicación de la norma.
Como novedad, ha avanzado que su departamento también va a extender la factura informativa, que actualmente funciona en 34 hospitales, a las oficinas de farmacia. Los tiques de compra de cada producto detallarán el coste asumido por el sistema sanitario público de Andalucía.
Esta medida, ha concluido, se une a otras como las plataformas provinciales de contratación, que están permitiendo un ahorro de 100 millones de euros anuales, o la descentralización que conlleva la gestión clínica.
El Decreto Ley que se aprueba hoy se someterá al refrendo del Parlamento en la próxima sesión plenaria y regulará también la prescripción por denominación genérica de los productos sanitarios, que se iniciará con los absorbentes para la incontinencia urinaria.
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