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ESPAÑA
Sanidad y Servicios Sociales compartirán iguales protocolos
La nueva ley de Servicios Sociales y Dependencia que está ultimando la Junta de Castilla y León establece una estructura y unos protocolos que compartirán los servicios sociales y sanitarios para la valoración, diagnóstico y derivación de un sistema a otro de los dependientes.
Loreto Mármol - Martes, 30 de Junio de 2009 - Actualizado a las 00:00h.
La Junta de Castilla y León está ultimando la nueva ley de Servicios Sociales y Dependencia, que acaba de pasar el Consejo Económico y Social y se espera que las Cortes la aprueben en septiembre, tras superar el Consejo Consultivo y el trámite parlamentario. Aunque el Gobierno regional prefiere no dar aún detalles del texto, DM ha podido saber que uno de los objetivos es que los servicios sociales y los sanitarios compartan los mismos protocolos.
Los mecanismos de coordinación sociosanitaria aún están por establecer. Tampoco hay fecha, pero hay un claro compromiso de crear una estructura que compartirán Sanidad y Servicios Sociales. Según Bernarda García Corcoba, secretaria de Política Social de Comisiones Obreras -organización que lleva meses de negociación en la mesa del Diálogo Social-, "la ley obliga a establecer estándares comunes de valoración, diagnóstico y procedimientos de derivación de un sistema a otro con el fin de poder ofrecer atención integral al dependiente". Además, recoge la necesidad de fomentar la formación profesional y actuaciones de inspección conjuntas.
"El Gobierno adquiere con esta ley la obligación y el compromiso de hacer una composición que resuelva el funcionamiento integral". Las necesidades están definidas; lo que no han podido conseguir por el momento es un calendario: "Aún no hay fecha para establecer esos protocolos, aunque desde Comisiones Obreras propusimos que el texto incluyera el plazo de un año, lo cual no quiere decir que finalmente se logre en menos tiempo". Será un aspecto en el que incidirán desde el Comité Consultivo, el órgano de participación para vigilar el funcionamiento de la ley.
El usuario se encontrará con criterios unificados en todas las entidades públicas y privadas. Habrá una única historia social, y Sanidad y Servicios Sociales compartirán esta información. A juicio de García Corcoba, uno de los principales logros es que se han delimitado claramente las prestaciones esenciales y no esenciales, por lo que la Administración se compromete a ejecutar como derecho objetivo -a petición del demandante y al margen de su coste- la atención temprana y la teleasistencia para mayores de 80 años.
También se universaliza la ayuda a domicilio, la atención en centro de día y de noche, la residencial, la prestación económica en el entorno familiar y la ayuda monetaria cuando no sea posible el acceso a un servicio público o concertado. Estos servicios -junto con los no esenciales- aparecerán en un catálogo antes de 18 meses desde la aprobación de la ley.
Sistema público
Los poderes públicos se hacen responsables del sistema, de tal forma que "hay aspectos de gran relevancia que no podrán ser abordados por entidades privadas; por ejemplo, la valoración del dependiente". En este sentido, destaca que han introducido un artículo por el que el sistema de concertación con el ámbito privado es subsidiario del sistema público, es decir, que deberá ser de carácter complementario y justificado.
Otro de los objetivos es aumentar la calidad de los servicios, no sólo desde el punto de vista del usuario sino también del empleo. En los próximos meses se hará un exhaustivo estudio de las necesidades de cada territorio para poder configurar un mapa de los servicios sociales de Castilla y León.
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