“Sin tarjeta sanitaria será mi fin”
Inmigrantes sin papeles muestran su miedo ante la posibilidad de quedarse sin atención médica
La posibilidad de objetar gana peso entre los profesionales
Mónica, una inmigrante guineana sin papeles, sentada en un banco en una calle de Bilbao. / LUIS ALBERTO GARCÍA
Mónica lleva diez años residiendo en España. Sufre problemas de vesícula y lleva una pierna ortopédica que unos días le sostiene y otros, en cambio, le provoca dolorosas úlceras. La prótesis le fue implantada en España después de que le fuese amputada su extremidad tras un accidente de autobús en su país, Guinea Ecuatorial. Su marido falleció en el acto en ese mismo siniestro. Por eso voló a España. Su permiso de residencia caducó en 2005 y desde entonces ya le han denegado su renovación tres veces.
Empadronada en Bilbao, la situación personal de esta sin papeles resulta ya de por sí muy difícil, y ahora se puede enfrentar a la inminente pérdida de validez de su tarjeta sanitaria de Osakidetza. Como ella, a partir del próximo 31 de agosto más de 150.000 inmigrantes se exponen a no tener derecho a enfermar ni a ser atendidos, salvo en urgencias, por no tener su documentación en regla. Ante esta situación, uno de los recortes más polémicos adoptados por el Gobierno de Mariano Rajoy, algunas asociaciones de médicos y otros profesionales sanitarios están llamando a la objeción de conciencia, defendiendo que se siga prestando atención a los sin papeles como hasta ahora.
Y es que la única opción que el Gobierno central ofrece a quienes estén en esa situación para seguir accediendo al Sistema Nacional de Salud y a la asistencia ordinaria pasa por pagar 710,40 euros anuales —59,20 euros al mes— si tienen menos de 65 años.
Mónica se echa las manos a la cabeza. “Apenas tengo para comer. ¿Cómo voy a pagar eso? Sin tarjeta sanitaria será el fin de mi vida”, dice, muy afectada, a EL PAÍS. Cuando se enteró de las medidas que pretende poner en marcha el Ejecutivo popular solo podía llorar.
A sus 55 años, vive de la ayuda de Cáritas y del apoyo de un sacerdote de la bilbaína parroquia de Corazón de María. “La pierna ortopédica no deja de salirse y hay que arreglarla. No tengo dinero para volver a mi país y aunque pudiera, si eso me pasa allí, ¿qué hago?” Le cuesta no derrumbarse cuando se le pregunta que hará si finalmente Euskadi, pese al rechazo rotundo que ha manifestado, debe aplicar las medidas del Ministerio de Sanidad.
Osatzen, la sociedad vasca que agrupa a los médicos de familia, ya ha hecho un llamamiento a la objeción de conciencia de los profesionales ante esta normativa. Sus responsables destacan que buena parte de los médicos vascos apoya seguir atendiendo a los inmigrantes irregulares.
Una decena de organizaciones de profesionales sanitarios de Euskadi, entre las que se hallan el Colegio Oficial de Médicos de Bizkaia, el Colegio de Enfermería de este territorio o la Sociedad Vasca de Medicina de Familia y Comunitaria, ya instaron públicamente en junio pasado a todo el colectivo a acogerse a la objeción de conciencia si se aplican los recortes sanitarios decretados por el Gobierno central, y que excluyen de la atención a diferentes colectivos.
Agustín Gutiérrez, representante del Sindicato de Médicos de Gipuzkoa, sostiene: “Cuando los enfermos se sientan ante tu mesa, son todos iguales". Oponerse, dice, es una “loable” llamada de atención sobre las situaciones que la nueva legislación puede deparar.
Arrieta considera “muy positivo” que el Gobierno vasco se oponga frontalmente a aplicar los recortes. El viceconsejero de Sanidad, Jesús María Fernández, aseguraba esta misma semana a EL PAÍS que el marco legal del País Vasco tiene margen suficiente como para dar soporte normativo a la atención a inmigrantes y a otros colectivos que se quedarán sin prestación sanitaria no urgente a partir de septiembre
El mes de agosto ralentiza ese pulso, en el que también entran el copago farmacéutico y el aseguramiento sanitario. Pase lo que pase, el gerente de la junta vizcaína de la Asociación Española Contra el Cáncer, Gabriel Otalora, expresa su convencimiento de que no se va a aplicar a corto plazo: “Desde las mismas Naciones Unidas les han alertado de que están cruzando una línea roja. Con esta medida plantean dar un salto cualitativo de consecuencias catastróficas que va a descuartizar la economía y la salud de los más débiles”.
Su asociación ya ha recibido algunas consultas de “personas aterrorizadas que no saben qué será de ellos”. Otalora enfatiza que seguirán teniendo “la puerta abierta para todo el mundo” y confía en los muchos profesionales del área que ya han adelantado su objeción de conciencia. “Hay esperanza. Euskadi aún sabe ser solidaria”, defiende.
En la misma línea se expresa Encarna de la Maza, portavoz del sindicato de enfermería SATSE en Euskadi, quien entiende que negar atención médica a los inmigrantes en situación irregular supone una “auténtica barbaridad” que puede generar un problema sanitario “por los contagios”. De la Maza destaca que el propio código deontológico de los médicos y enfermeras les “obliga” a asistir a todos los pacientes y recuerda las objeciones a realizar abortos por razones de conciencia.
Juan Pablo conoce muy bien lo que es que le denieguen a uno la atención médica. Tiene 22 años y emigró de Paraguay a Madrid, donde residían sus padres, con 19. Allí fue diagnosticado como portador del VIH y se resignó a recibir los ciclos mensuales de medicación a base de antirretrovirales en el madrileño Hospital de La Paz. Hasta que su tarjeta sanitaria venció en marzo.
“Fui a renovarla por otro año y la chica me dijo que le había llegado una notificación de Sanidad en la que les prohibían renovar a personas sin permiso de residencia”, recuerda. El sistema informático de La Paz ni siquiera reconocía su número de tarjeta. “De repente no era nadie, no existía”, cuenta a este periódico. Así que se puso contacto con varias asociaciones de lucha contra el sida y llegó hasta los locales de T4 en la capital vizcaína. “¿Qué iba a hacer? Me empadroné en Bilbao, en casa de un amigo, y ahora voy y vengo desde Madrid cada dos meses para recibir el tratamiento”, prosigue.
Ahora Juan Pablo tiene miedo de “dejar de existir de un día para otro” también en el País Vasco. “Si me cierran la puerta no sé que va a pasar. En Paraguay ya no me queda familia”.
No le entra en la cabeza que “en un país del Primer Mundo” se le niegue el acceso a una medicación que necesita. En España, cada terapia antirretroviral cuesta 7.000 euros anuales de media por paciente. “Mis padres tienen el permiso de residencia en regla y por ahora están trabajando, pero ya les cuesta pagarme los viajes a Bilbao. ¿Que si podrían pagar 60 euros al mes para mi tratamiento? [el coste de la especie de póliza con la sanidad pública que pretende poner en marcha el ministerio]. Ahora mismo sí, pero apurando mucho. ¿Y si se quedan sin trabajo qué, me muero?”, se pregunta en tono entre amargo y burlón.
La intención adelantada anteayer por un alto cargo ministerial, el director general de la Cartera Básica de Servicios, Agustín Rivero, de cobrar los servicios prestados a sin papeles con enfermedades crónicas enviando la factura a sus países de origen, una fórmula que ya se ha demostrado inviable incluso con naciones europeas, solo ha servido para complicar el panorama.
Ni Agustín Gutiérrez ni Encarna de la Maza se muestran capaces de precisar cuántos profesionales sanitarios podrían objetar contra las intenciones del Ejecutivo popular, toda vez que la cuestión ha quedado “larvada” por el actual período vacacional. Sin embargo, ambos temen que todo explote el próximo mes de septiembre. “Habrá movida”, sentencia De la Maza.
Empadronada en Bilbao, la situación personal de esta sin papeles resulta ya de por sí muy difícil, y ahora se puede enfrentar a la inminente pérdida de validez de su tarjeta sanitaria de Osakidetza. Como ella, a partir del próximo 31 de agosto más de 150.000 inmigrantes se exponen a no tener derecho a enfermar ni a ser atendidos, salvo en urgencias, por no tener su documentación en regla. Ante esta situación, uno de los recortes más polémicos adoptados por el Gobierno de Mariano Rajoy, algunas asociaciones de médicos y otros profesionales sanitarios están llamando a la objeción de conciencia, defendiendo que se siga prestando atención a los sin papeles como hasta ahora.
Y es que la única opción que el Gobierno central ofrece a quienes estén en esa situación para seguir accediendo al Sistema Nacional de Salud y a la asistencia ordinaria pasa por pagar 710,40 euros anuales —59,20 euros al mes— si tienen menos de 65 años.
Mónica se echa las manos a la cabeza. “Apenas tengo para comer. ¿Cómo voy a pagar eso? Sin tarjeta sanitaria será el fin de mi vida”, dice, muy afectada, a EL PAÍS. Cuando se enteró de las medidas que pretende poner en marcha el Ejecutivo popular solo podía llorar.
A sus 55 años, vive de la ayuda de Cáritas y del apoyo de un sacerdote de la bilbaína parroquia de Corazón de María. “La pierna ortopédica no deja de salirse y hay que arreglarla. No tengo dinero para volver a mi país y aunque pudiera, si eso me pasa allí, ¿qué hago?” Le cuesta no derrumbarse cuando se le pregunta que hará si finalmente Euskadi, pese al rechazo rotundo que ha manifestado, debe aplicar las medidas del Ministerio de Sanidad.
Osatzen, la sociedad vasca que agrupa a los médicos de familia, ya ha hecho un llamamiento a la objeción de conciencia de los profesionales ante esta normativa. Sus responsables destacan que buena parte de los médicos vascos apoya seguir atendiendo a los inmigrantes irregulares.
Una decena de organizaciones de profesionales sanitarios de Euskadi, entre las que se hallan el Colegio Oficial de Médicos de Bizkaia, el Colegio de Enfermería de este territorio o la Sociedad Vasca de Medicina de Familia y Comunitaria, ya instaron públicamente en junio pasado a todo el colectivo a acogerse a la objeción de conciencia si se aplican los recortes sanitarios decretados por el Gobierno central, y que excluyen de la atención a diferentes colectivos.
Agustín Gutiérrez, representante del Sindicato de Médicos de Gipuzkoa, sostiene: “Cuando los enfermos se sientan ante tu mesa, son todos iguales". Oponerse, dice, es una “loable” llamada de atención sobre las situaciones que la nueva legislación puede deparar.
Consultas de “personas aterrorizadas”
Más de 600 personas pasaron el año pasado por la consulta de atención primaria que la ONG Médicos del Mundo tiene abierta en Bilbao. Forman parte de ese limbo tanto legal como asistencial que conlleva no disponer de papeles en regla o no estar ni siquiera empadronado. El coordinador de esta organización en Euskadi, Santos Arrieta, teme que si el Real Decreto con los recortes sanitarios se aplica de forma efectiva muchos más inmigrantes se sumarán a ese circuito.Arrieta considera “muy positivo” que el Gobierno vasco se oponga frontalmente a aplicar los recortes. El viceconsejero de Sanidad, Jesús María Fernández, aseguraba esta misma semana a EL PAÍS que el marco legal del País Vasco tiene margen suficiente como para dar soporte normativo a la atención a inmigrantes y a otros colectivos que se quedarán sin prestación sanitaria no urgente a partir de septiembre
El mes de agosto ralentiza ese pulso, en el que también entran el copago farmacéutico y el aseguramiento sanitario. Pase lo que pase, el gerente de la junta vizcaína de la Asociación Española Contra el Cáncer, Gabriel Otalora, expresa su convencimiento de que no se va a aplicar a corto plazo: “Desde las mismas Naciones Unidas les han alertado de que están cruzando una línea roja. Con esta medida plantean dar un salto cualitativo de consecuencias catastróficas que va a descuartizar la economía y la salud de los más débiles”.
Su asociación ya ha recibido algunas consultas de “personas aterrorizadas que no saben qué será de ellos”. Otalora enfatiza que seguirán teniendo “la puerta abierta para todo el mundo” y confía en los muchos profesionales del área que ya han adelantado su objeción de conciencia. “Hay esperanza. Euskadi aún sabe ser solidaria”, defiende.
Juan Pablo conoce muy bien lo que es que le denieguen a uno la atención médica. Tiene 22 años y emigró de Paraguay a Madrid, donde residían sus padres, con 19. Allí fue diagnosticado como portador del VIH y se resignó a recibir los ciclos mensuales de medicación a base de antirretrovirales en el madrileño Hospital de La Paz. Hasta que su tarjeta sanitaria venció en marzo.
“Fui a renovarla por otro año y la chica me dijo que le había llegado una notificación de Sanidad en la que les prohibían renovar a personas sin permiso de residencia”, recuerda. El sistema informático de La Paz ni siquiera reconocía su número de tarjeta. “De repente no era nadie, no existía”, cuenta a este periódico. Así que se puso contacto con varias asociaciones de lucha contra el sida y llegó hasta los locales de T4 en la capital vizcaína. “¿Qué iba a hacer? Me empadroné en Bilbao, en casa de un amigo, y ahora voy y vengo desde Madrid cada dos meses para recibir el tratamiento”, prosigue.
Ahora Juan Pablo tiene miedo de “dejar de existir de un día para otro” también en el País Vasco. “Si me cierran la puerta no sé que va a pasar. En Paraguay ya no me queda familia”.
No le entra en la cabeza que “en un país del Primer Mundo” se le niegue el acceso a una medicación que necesita. En España, cada terapia antirretroviral cuesta 7.000 euros anuales de media por paciente. “Mis padres tienen el permiso de residencia en regla y por ahora están trabajando, pero ya les cuesta pagarme los viajes a Bilbao. ¿Que si podrían pagar 60 euros al mes para mi tratamiento? [el coste de la especie de póliza con la sanidad pública que pretende poner en marcha el ministerio]. Ahora mismo sí, pero apurando mucho. ¿Y si se quedan sin trabajo qué, me muero?”, se pregunta en tono entre amargo y burlón.
La intención adelantada anteayer por un alto cargo ministerial, el director general de la Cartera Básica de Servicios, Agustín Rivero, de cobrar los servicios prestados a sin papeles con enfermedades crónicas enviando la factura a sus países de origen, una fórmula que ya se ha demostrado inviable incluso con naciones europeas, solo ha servido para complicar el panorama.
Ni Agustín Gutiérrez ni Encarna de la Maza se muestran capaces de precisar cuántos profesionales sanitarios podrían objetar contra las intenciones del Ejecutivo popular, toda vez que la cuestión ha quedado “larvada” por el actual período vacacional. Sin embargo, ambos temen que todo explote el próximo mes de septiembre. “Habrá movida”, sentencia De la Maza.
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