Mato asegura que los enfermos crónicos sin papeles serán atendidos
La ministra de Sanidad insiste en que se les facturará el servicio
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, durante la reunión en Valladolid con consejeros de Salud. / NACHO GALLEGO (EFE)
A tres días de que entre en vigor la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles, la ministra de Sanidad, Ana Mato, ha dado otra vuelta de tuerca a su propuesta. En una reunión con nueve consejeros autonómicos convocada en Valladolid, a la que han ido ocho del PP y el de Cataluña, repitió las líneas maestras de su propuesta. Solo se atenderá a los “asegurados” (españoles o extranjeros con tarjeta sanitaria) y, de los que quedan fuera, urgencias, embarazadas y menores.
“La asistencia sanitaria se seguirá prestando en el Sistema Nacional de Salud para todo el que la necesite, pero el que no sea titular del derecho, es decir, el que no tenga tarjeta sanitaria, deberá abonar dicha asistencia, tal y como estaba previsto en la Ley General de Sanidad de 1986”, dijo Mato. Con estas palabras parece querer indicar que lo que pasaba hasta ahora era una irregularidad, obviando que fue un Gobierno del PP el que estableció que los inmigrantes en situación irregular tenían derecho a una tarjeta sanitaria si se empadronaban. Tampoco explicó cómo se iba a conseguir el pago de tratamientos de miles de euros (diálisis, anticancerosos, antivirales) a personas sin recursos o de países con los que no hay convenio.
En su discurso, la ministra se limitó a decir que se garantizaba “el seguimiento de las enfermedades crónicas para extranjeros sin cobertura asistencial ni residencia legal”. Esto ya es un paso más de lo establecido inicialmente, y es un reconocimiento implícito de que la primera opción, derivar a estas personas hacia ONG, era inviable. De hecho, incluso comunidades poco sospechosas de oponerse a lo que dice el ministerio, como la de Madrid, ya habían apuntado en esta dirección.
La ministra indicó que “los servicios de salud de las comunidades autónomas establecerán sus procedimientos de forma que se preste asistencia sanitaria a los que la necesiten sin que por ello se genere ningún derecho, que pueda dar lugar a ciertos abusos ni que ponga en riesgo la sostenibilidad del sistema”. Con ello refuerza la idea de que los asegurados son una categoría, ya que como cotizan o lo han hecho tienen derecho, y el resto, no.
Mato también aprovechó para presumir del ahorro que la introducción del pago ha supuesto para las arcas públicas. “Estos días hemos conocido los datos sobre gasto farmacéutico correspondientes al mes de julio. Por primera vez se ha producido una disminución del 23,93% respecto al mismo mes del año pasado, configurando el descenso más pronunciado del gasto farmacéutico. Una cifra que se traduce en un ahorro directo a los españoles de 221 millones de euros. Desciende el número de recetas facturadas y el gasto medio por receta.”, dijo la ministra a los consejeros. Lo que no hizo fue mencionar que en junio, el mes antes de que entrara en vigor la medida, hubo un repunte de más del 10% en el número de recetas y del 3,18% del gasto. Si se toma el conjunto de junio y julio el descenso es importante, pero mucho menor: del 10,18% en el gasto. Claro que este ya venía siendo negativo desde 2010, cuando el anterior Gobierno del PSOE decretó las últimas rebajas de precios y puso las bases para el sistema de que se dispense siempre el más barato, que luego el PP endureció al establecer que la revisión de ese precio menor fuera mensual. Por ejemplo, en enero de este año se gastó un 7,68% menos que en el de 2011.
Este periódico ha hecho una simulación de cómo iba evolucionando esta diferencia, y ha extrapolado que en junio y julio, sin haber hecho nada, la rebaja del gasto habría sido de media del 4,4%. Por lo que el impacto real de la medida del Gobierno es de una rebaja adicional de alrededor del 6% en el gasto. La cifra es coherente con el resultado de un cálculo similar hecho con el número de recetas. Estas iban subiendo de manera lineal en junio y julio desde 2003. Extrapolando los datos, el descenso neto en estos dos meses habría sido de un 7,4%. Eso indica el número de recetas que, por miedo al copago, los usuarios han dejado de pedir (o los médicos de dispensar).
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