Los servicios sanitarios optan entre cobrar a crónicos y el seguro privado

Cada comunidad busca un modelo para cumplir el decreto de recortes

Emilio de Benito / Javier García Pedraz Madrid 30 AGO 2012 - 21:22 CET45

Ana Mato (izquierda) en la reunión del pasado miércoles con las comunidades. / Nacho Gallego (EFE)

Si las comunidades que han decidido seguir prestando atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles lo tienen más o menos complicado, la situación de las otras tampoco es fácil. Para cumplir al pie de la letra las instrucciones del Gobierno, deberían dejar fuera del sistema incluso a los crónicos; para hacer caso a lo último que dijo la ministra de Sanidad, Ana Mato, a estos habría que atenderlos, pero cobrándoselo. No se sabe si el servicio será previo pago o a posteriori. Queda pendiente que se apruebe la posibilidad de que suscriban un tipo de aseguramiento privado, que de momento está en fase de alegaciones.

Así se enfrentan a esta confusión algunas de las comunidades:

» Madrid. La comunidad anunció que mantendrá la “asistencia sanitaria en situaciones especiales” a las personas en situación irregular. El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, aclaró que uno de estos grupos son los crónicos. A los que ya están en tratamiento, se les seguirá dando; al resto, se les cobrará. También se incluye el supuesto de “salud pública”, es decir, que se atenderá en aquellos casos en que el inmigrante padezca una enfermedad contagiosa si dura menos de un año. Al resto (VIH) se le cobrará.
» Navarra. La comunidad usará una “fórmula viable y novedosa”: los inmigrantes sin papeles recibirán ayudas públicas para que cubran el coste de la asistencia si acreditan que no pueden pagarla.

» Comunidad Valenciana. Sanidad discriminará entre los inmigrantes que puedan pagar los 710 euros anuales del seguro anunciado por Mato —que todavía no se puede contratar— y los demás. Estos últimos serán atendidos en el centro de salud y se cobrará “según se estipule en el convenio” al que se llegue con una ONG o entidad de servicios sociales. El consejero, Luis Rosado, aseguró que “hay fórmulas” para saber si disponen de recursos y que, en este caso, pagarán.

» Extremadura. Obedecerán estrictamente las indicaciones de Sanidad. “Ya cuesta bastante la sanidad como para abrir los hospitales a todos”, declaró el presidente extremeño, José Antonio Monago. Sobre la objeción de los médicos, el director gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES), Albino Navarro, se limitó a decir ayer que a los profesionales “no se les ha dicho en ningún momento” que a las personas que estén “en situación irregular se les niegue la asistencia”.

» La Rioja. El consejero de Salud de La Rioja, José Ignacio Nieto, ha informado este jueves de que la comunidad atenderá a los extranjeros que carezcan de tarjeta sanitaria, pero se le cobrará “porque no tienen derecho ni están amparados con ninguna fórmula”. No ha dicho cómo se hará o qué pasará si el atendido es insolvente.

» Murcia. Los 2.390 inmigrantes sin papeles que padecen enfermedades crónicas y están siendo tratados en estos momentos seguirán recibiéndolo. Otros 400 crónicos con historia clínica pero que no han sido tratados en el último año quedan fuera “porque suponemos que ya no están en la región y han vuelto a sus países”, ha dicho la consejería. Si se detectan nuevos crónicos, se les incluirá en el sistema y tendrán médico, historial clínico y recetas financiadas, como el resto de los usuarios.

» Castilla-La Mancha. La comunidad presidida por María Dolores de Cospedal asegura que atenderá en atención primaria “a quien lo necesite”. Reclamarán al país de origen y, si no lo abonan, irá a “impagados”. Se calcula que hay entre 4.500 y 5.000 extranjeros sin derecho a tarjeta.

» Castilla y León. Pretende “suavizar” las instrucciones del Gobierno, ofreciendo asistencia primaria “completa” pero con algunas “excepciones”: sí se atenderá a personas con patologías infecciosas y transmisibles serias (VIH, tuberculosis) y enfermedades graves como insuficiencia renal o respiratoria. En cambio, no se cubrirá la prescripción farmacológica. Calculan que perderán la tarjeta entre 4.500 y 5.000 inmigrantes irregulares.