El Sergas emitirá una tarjeta específica para atender a sin papeles

El presidente de la Xunta asegura que la “solvencia” le permite “blindar la asistencia”

Daniel Salgado Santiago 30 AGO 2012 - 21:36 CET4

El servicio de urgencias del Hospital de Ourense. / NACHO GÓMEZ

El de ayer fue el primer Consello de la Xunta en tiempo de descuento antes de las elecciones. Y el Gobierno lo resolvió con tres anuncios: los astilleros gallegos hacen nuevas ofertas a Pemex, la aportación de dinero público a la jornada electoral caerá casi cinco millones de euros (de 14,6 a 9,8) y los inmigrantes sin papeles serán atendidos en los centros de salud del Sergas. Todos —Feijóo los cifró en unos 9.000— y en todos los servicios del sistema sanitario público. El presidente concretó así la solución a las reservas que expresó cuando el Ejecutivo de Rajoy aprobó que los sin documentos quedasen fuera de la cobertura de la sanidad pública.

Aunque, en realidad, los detalles técnicos tampoco abundaron. A la espera de que la Consellería de Sanidade haga pública la instrucción que dirigirá a sus trabajadores, Alberto Núñez Feijóo optó por la explicación política. “Estamos recogiendo el fruto del rigor económico”, afirmó, “y esta solvencia nos permite ahora elaborar un programa para blindar la asistencia sanitaria de los inmigrantes sin papeles”. Como el miércoles, también ayer se acordó de Cataluña y su petición de ayuda a los fondos que el Gobierno central habilitó a tal fin. “Nosostros no hemos tenido que acudir a ningún mecanismo extraordinario de rescate”, se ufanó Feijóo.

La contradicción que esta medida causará con las políticas del Ministerio de Sanidad —donde la exconselleira del ramo, Pilar Farjas, es ahora secretaria general—, no entró en las explicaciones del presidente de la Xunta. Un escueto “la instrucción señalará el cumplimiento de la legislación nacional” fue toda la argumentación sobre el particular. “Vamos a garantizar la asistencia sanitaria a quienes no la puedan recibir de otra manera”, añadió. Galicia es la primera comunidad dirigida por el PP que corrige la normativa del Gobierno de Madrid.

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Para ello, y este fue uno de los pocos datos específicos que ofreció, el Sergas entregará un documento que acredite que el paciente no tiene recursos y que es vecino de Galicia. Habrá un período mínimo de empadronamiento, que ayer Feijóo no desveló, antes de que la Xunta considere que una persona sin papeles puede usar la sanidad pública. Cuando Pilar Farjas todavía era conselleira de Sanidade, proclamó su intención de restringir la medicina pública a aquellas personas que no llevasen, por lo menos, seis meses residiendo en Galicia. Incluía a inmigrantes, a extranjeros y a ciudadanos de otras comunidades autónomas. El ministerio, entonces en manos de la socialista Leire Pajín, calificó de “ilegal” la iniciativa y aseguró que incumplía la Ley de Cohesión Sanitaria y la Ley de Extranjería. Ayer, Feijóo insistió en numerosas ocasiones en la necesidad de “evitar el turismo sanitario”, un fantasma que esta Xunta evoca a menudo pero que nunca acaba de cuantificar con exactitud.

Quien tiene y quien no tiene recursos lo establecerá Sanidade a través del Índice Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem). “Se trata del índice convencionalmente utilizado para determinar si la renta de una persona llega al mínimo o no”, expuso el presidente. Las cifras derivadas de este medidor —activo desde el año 2004, cuando pasó a substituir el salario mínimo interprofesional— son las empleadas para la concesión de becas, subvenciones o el subsidio de desempleo. Feijóo volvió a la lectura política de su decisión y la arrimó a la defensa del déficit cero. “El control del déficit público tiene consecuencias beneficiosas en lo económico y en lo social”, indicó.

El decreto promulgado por el Gobierno central a comienzos de este mes prohíbe el acceso a la sanidad pública a los inmigrantes sin papeles. Tras las protestas de colectivos y partidos, la ministra Ana Mato rectificó y dijo que los médicos sí atenderían en urgencias y a las mujeres embarazadas. Asociaciones profesionales ya han avisado de que no aplicarán la norma y seguirán pasando consulta a todo el mundo.

Más ofertas a Pemex

El PP parece saber que a aumentar la carga de trabajo del sector naval se juega una parte importante de sus bazas electorales. Tal vez a causa de ello, la foto del Gobierno gallego con los directivos de Petrolera Mexicana (Pemex) y el inicio de las conversaciones fue denominado por el diputado Antonio Rodríguez Miranda “una de las mejores noticias económicas del siglo XXI”. Pero, de momento, solo hay ofertas presentadas por las factorías gallegas —y aceptadas por la empresa latinoamericana— y una inscrición de reserva de suelo en el puerto exterior de Punta Langosteira. Con estos elementos, el presidente de la Xunta habla de “alianza estratégica” de Galicia con la petrolera de México.

Ayer, Feijóo presumió de “las certezas y las expectativas ya confirmadas sobre el contacto con Pemex”. Y para refrendar sus palabras se refirió al Boletín Oficial del Estado de ayer, que recogía que el puerto de A Coruña ha aceptado la “solicitud formal” de Pemex y un aval de 493.000 euros para reservar metros cuadrados en Punta Langosteira. El objetivo, de salir adelante el plan, es instalar allí una plataforma de hidrocarburos. Las cuentas que echa Feijóo dan como resultado “un 20% más de tráfico marítimo en A Coruña, y un 15% más de ingresos”.

Además, reveló el presidente de la Xunta, los astilleros gallegos —no especificó cuales— han presentado ofertas para construir siete buques abastecedores. Se suman así a los otros 14 remolcadores cuyos presupuestos elaborados por factorías gallegas que ya se encuentran sobre la mesa de Pemex. Siete de ellos serían para construir aquí y otros siete en México. No hay plazos, o la Xunta no los conoce, de cuando la petrolera adjudicará los proyectos.