ESPAÑA | Es potestad del Estado
El Consejo de Estado ve el euro por receta inconstitucional como iniciativa autonómica
- Afirma que genera desigualdades en el acceso a fármacos entre regiones
- Montoro utilizará el informe 'para que Cataluña elimine esta tasa cuanto antes'
- Madrid insiste en que se trata de una 'tasa complementaria' competencia suya
- Sanidad dice que recurrirá la medida ante el Tribunal Constitucional
El Consejo de Estado ha aportado un informe en el que dice que la implantación del pago de un euro por receta es una medida de competencia estatal y que, como iniciativa autonómica, vulnera potestades exclusivas del Gobierno central y, además, genera desigualdades en el acceso a fármacos entre regiones, según señala correofarmaceutico.com.
El Gobierno no ha dejado pasar la oportunidad y, sobre las conclusiones del Consejo de Estado, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, contrario a la medida, ha dicho que piensa utilizar el informe "para que Cataluña elimine esta tasa cuanto antes".
A partir de este punto, y en lo que supone un toque de atención a Madrid (que impondrá la tasa en 2013), el ministro ha dejado bien claro que "no será aplicable en ninguna comunidad autónoma". Montoro ha aclarado que, tal y como refiere el documento, "en materia de definición de productos farmacéuticos y de la formación de sus precios, el ámbito de competencia pertenece al Estado".
El dictamen, emitido el pasado 21 de junio y del que ya informó Montoro el pasado martes en el Senado, considera que "existen fundamentos jurídicos suficientes para la interposición de recurso de inconstitucionalidad con los artículos 16, 41 y 94.1 de la Ley 5/2012 de 20 de marzo de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del Impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos", que recoge el euro por receta.
El dictamen también subraya que no se reprocha una eventual falta de competencia de la Generalitat catalana para establecer tributos sino que "la instauración de esa tasa vulnere el orden de competencias y, en concreto, el artículo 149.1.16 de la Carta Magna".
El Consejo considera que la norma "contraviene el orden constitucional de distribución de competencias" y "excluye el derecho de tanteo reconocido al Estado en virtud de sus competencias, lo que conduce a apreciar la existencia de fundamentos suficientes para proceder a su impugnación".
Montoro explicó el pasado martes en el Senado en respuesta a una pregunta sobre esta cuestión formulada por el socialista Tomás Gómez -quién a su vez anunció un recurso contra esta tasa ante el Tribunal Constitucional- que el Gobierno cuenta con este informe, que va a utilizar para que Cataluña elimine esta tasa "cuanto antes" y "a partir de ella, no será aplicable en ninguna comunidad autónoma".
Así lo han indicado este jueves fuentes del departamento que dirige Javier Fernández-Lasquetty, para resaltar que tenían conocimiento del citado informe del Consejo de Estado y subrayar que esta medida es competencia de las comunidades.
Por su parte, el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad ha insistido en que el Gobierno recurrirá ante el Constitucional la decisión de Cataluña y de Madrid si no llega a un acuerdo con estas comunidades autónomas. El Ministerio considera que no son competentes para adoptar ese tipo de medidas, han señalado fuentes del Departamento que dirige Ana Mato, quien ya anunció en el Senado la decisión de presentar el recurso.
El Ministerio mantiene abierta una mesa de diálogo con Cataluña desde el mes de marzo, en que se aprobó la tasa, con la voluntad de llegar a un acuerdo antes de presentar el recurso, para lo que disponen de un plazo de nueve meses. En el caso de la Comunidad de Madrid, se van a seguir los mismos pasos, han asegurado las fuentes.
El Gobierno no ha dejado pasar la oportunidad y, sobre las conclusiones del Consejo de Estado, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, contrario a la medida, ha dicho que piensa utilizar el informe "para que Cataluña elimine esta tasa cuanto antes".
A partir de este punto, y en lo que supone un toque de atención a Madrid (que impondrá la tasa en 2013), el ministro ha dejado bien claro que "no será aplicable en ninguna comunidad autónoma". Montoro ha aclarado que, tal y como refiere el documento, "en materia de definición de productos farmacéuticos y de la formación de sus precios, el ámbito de competencia pertenece al Estado".
El dictamen, emitido el pasado 21 de junio y del que ya informó Montoro el pasado martes en el Senado, considera que "existen fundamentos jurídicos suficientes para la interposición de recurso de inconstitucionalidad con los artículos 16, 41 y 94.1 de la Ley 5/2012 de 20 de marzo de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del Impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos", que recoge el euro por receta.
El dictamen también subraya que no se reprocha una eventual falta de competencia de la Generalitat catalana para establecer tributos sino que "la instauración de esa tasa vulnere el orden de competencias y, en concreto, el artículo 149.1.16 de la Carta Magna".
El Consejo considera que la norma "contraviene el orden constitucional de distribución de competencias" y "excluye el derecho de tanteo reconocido al Estado en virtud de sus competencias, lo que conduce a apreciar la existencia de fundamentos suficientes para proceder a su impugnación".
Montoro explicó el pasado martes en el Senado en respuesta a una pregunta sobre esta cuestión formulada por el socialista Tomás Gómez -quién a su vez anunció un recurso contra esta tasa ante el Tribunal Constitucional- que el Gobierno cuenta con este informe, que va a utilizar para que Cataluña elimine esta tasa "cuanto antes" y "a partir de ella, no será aplicable en ninguna comunidad autónoma".
La Comunidad de Madrid se ratifica
Tras conocerse la postura del Consejo de Estado, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid incide que el pago del euro por receta, sigue siendo una tasa complementaria y, en consecuencia, competencia de las comunidades autónomas.Así lo han indicado este jueves fuentes del departamento que dirige Javier Fernández-Lasquetty, para resaltar que tenían conocimiento del citado informe del Consejo de Estado y subrayar que esta medida es competencia de las comunidades.
Por su parte, el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad ha insistido en que el Gobierno recurrirá ante el Constitucional la decisión de Cataluña y de Madrid si no llega a un acuerdo con estas comunidades autónomas. El Ministerio considera que no son competentes para adoptar ese tipo de medidas, han señalado fuentes del Departamento que dirige Ana Mato, quien ya anunció en el Senado la decisión de presentar el recurso.
El Ministerio mantiene abierta una mesa de diálogo con Cataluña desde el mes de marzo, en que se aprobó la tasa, con la voluntad de llegar a un acuerdo antes de presentar el recurso, para lo que disponen de un plazo de nueve meses. En el caso de la Comunidad de Madrid, se van a seguir los mismos pasos, han asegurado las fuentes.
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