El PSOE someterá a votación en el Congreso, la próxima semana, impedir el euro por receta en Cataluña y Madrid

Madrid (30/11/2012) - Redacción/E.P.

• El ex secretario de Estado de Sanidad, José Martínez Olmos, defenderá una moción que también recoge la petición de que se reconozca el derecho a la asistencia sanitaria a todas las personas y que se restablezca la cartera común de servicios del SNS

• Por otra parte, Rosa Aguilar, Parlamentario Socialista, Rosa Aguilar, ha defendido una proposición no de ley en el Congreso, rechazada por el PP, para evitar "el desmantelamiento del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia"

El PSOE someterá a votación ante el Pleno del Congreso de los Diputados, el martes de la próxima semana, la adopción de una serie de medidas desde el Gobierno que impidan la aplicación de la tasa de un euro por receta aplicada por el Ejecutivo catalán y anunciada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid para 2013. Se trata de uno de los puntos que defenderá el diputado socialista y exsecretario de Estado del ramo, José Martínez Olmos, en la moción, consecuencia de la interpelación que debatió este miércoles con la titular del ramo, Ana Mato.
A juicio de Martínez Olmos, tras el 'cara a cara' de este miércoles, "queda claro" que la ministra "no está capacitada" para afrontar los problemas de salud de la ciudadanía, ni tampoco para solucionar los problemas de "enorme desmotivación" de los profesionales sanitarios. "Es una ministra ausente e indolente", sentencia el portavoz sanitario.
Precisamente, en el debate de esa interpelación Ana Mato avanzó que en los últimos cuatro meses se ha conseguido reducir el gasto farmacéutico en 803 millones de euros, con la introducción del nuevo sistema de copago y la desfinanciación de más de 400 medicamentos. Es más, en la defensa de su gestión acusó al PSOE de tener una visión "alejada de la realidad y llena de cinismo político" sobre las reformas que ha emprendido el Gobierno en materia sanitaria.
Así las cosas, la moción recoge también la petición del PSOE al Gobierno para que reconozca el derecho a la asistencia sanitaria financiada con fondos públicos a todas las personas, por razón de ciudadanía. "Para ello, presentará un proyecto de ley que asegure la universalización plena de la asistencia sanitaria", según precisa.
Es más, solicita una "paralización de inmediato" de la privatización de servicios sanitarios públicos que se está produciendo en determinados servicios regionales de salud y en especial en Madrid, Valencia, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura, para evitar riesgos de afectación del derecho constitucional de protección de la salud y en la calidad asistencial.

Prestación farmacéutica y cartera común de servicios
De igual forma, pide el aseguramiento de la prestación farmacéutica en el sistema sanitario, evitando que situaciones de impago a oficinas de farmacia pongan en riesgo la accesibilidad a los medicamentos. "Para ello, los sistemas de apoyo a la liquidez de las comunidades autónomas deberán tener entre sus prioridades garantizar el pago a las oficinas de farmacia", según solicita.
Igualmente, quiere que se restablezca la cartera común de servicios del SNS, sin previsión de copago por parte de los usuarios excepto en la prestación farmacéutica, de la que se excluirá a pensionistas y parados de larga duración sin prestación económica; y se suprimirá la categorización de carteras de servicios sanitarios (básica, suplementaria y accesoria, establecida en el decreto de reforma sanitaria de abril).
También desea que se presente, en el plazo de un mes, un proyecto de ley que garantice la naturaleza pública de la financiación, la provisión y la gestión de los servicios de salud e impida que en la prestación de servicios sanitarios no se dé la calidad asistencial necesaria y no se respeten los derechos de los usuarios, derogando la Ley de Habilitación de nuevas formas de gestión del SNS.
Por último, considera necesaria la presentación, en el plazo de un mes, de un sistema común y vinculante para asegurar la devolución del dinero que los pensionistas pagan por encima del tope establecido en el copago farmacéutico en aquellas Comunidades en que esto ocurre.

"Evitar el desmantelamiento del sistema de atención a la Dependencia"
Por otra parte, la portavoz de Servicios Sociales del Grupo Parlamentario Socialista, Rosa Aguilar, ha defendido una proposición no de ley en el Congreso -rechazada por el PP- para evitar el desmantelamiento del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con un objetivo claro: "recuperar la Ley de Dependencia y garantizar su mantenimiento y desarrollo", ha dicho.
"El PP y el Gobierno están llevando a cabo una hoja de ruta calculada, pensada para la demolición de la Ley de Dependencia y, con ello, seguir eliminando derechos a los ciudadanos", ha afirmado la portavoz socialista, quien ha asegurado que la voluntad del Gobierno es "enterrar la Ley" y hacer de la atención a la Dependencia "un negocio privado".
En la iniciativa se insta al Gobierno a que, en colaboración con las CCAA, adopte "las medidas necesarias para garantizar el mantenimiento y el desarrollo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia". En concreto, reclaman que se cumpla el calendario de implantación del sistema que fijaba la Ley, que se reponga el nivel acordado de financiación y que todas la decisiones relacionadas con la viabilidad y mantenimiento del Sistema de Dependencia se aborden en el Consejo Interterritorial y contando con los órganos consultivos.
La portavoz socialista ha explicado que el Gobierno del PP ha adoptado durante estos meses básicamente diez medidas que ponen en evidencia la intención de demolición de la ley de Dependencia: un Real Decreto Ley que paralizó la aplicación del calendario de implantación de la Ley; en los PGE 2012 se eliminó el nivel acordado que ascendía a 283 millones, lo que implica un recorte total de 566 millones de euros; con un nuevo Real Decreto Ley se suprimieron los niveles, dejando simplemente los grados establecidos; y se amplió a dos años el plazo para resolver las ayudas sin que tuviera efecto retroactivo.
Además, se eliminaron las compatibilidades de servicios; se redujo en un quince por ciento la prestación económica por cuidados en el entorno familiar; se hizo una revisión de la regulación del convenio especial en el sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales, que dejó de pagar el Estado y ahora tienen que pagar los propios cuidadores; se redujo en un trece por ciento la aportación de la Administración General del Estado para la financiación del nivel mínimo de protección; se dejó sin prestación, servicio ni ayuda a 300.000 personas que tiene reconocido el derecho; y los PGE 2013 recortaron 200 millones en nivel mínimo. Además, la Administración General del Estado se desmarca de la Ley de Dependencia y deja su aportación en un 18 por ciento.

Exención del copago a afectados por enfermedades raras
Por otro lado, José Martínez Olmos, ha pedido a través de otra iniciativa que se exima del copago a los pacientes afectados por enfermedades raras, tanto en la prestación farmacéutica, en la prestación ortoprotésica, en los productos dietéticos y en el transporte sanitario no urgente. Martínez Olmos ha reiterado el rechazo frontal del PSOE a cualquier tipo de copago, y ha recalcado la especial gravedad e injusticia de esta medida en el caso de los pacientes afectados por enfermedades raras, a quienes resulta aún más necesario si cabe dar apoyo y evitarles cualquier traba o barrera de acceso a la atención sanitaria que van a requerir de por vida.
Finalmente, la Comisión ha debatido otra proposición no de ley del PSOE -defendida por el diputado Vicente Guillem- para que el Gobierno apruebe con carácter inmediato el Real Decreto por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios por parte del personal de enfermería, cuyo trámite inició el anterior gobierno socialista.
"Más vale tarde que nunca", ha defendido el diputado socialista Guillem García, quien ha recordado que la tramitación de dicha norma se inició en octubre del año pasado.
Por su parte, el diputado 'popular' Manuel Cervera también ha destacado la necesidad de "buscar una forma jurídica que resuelva la situación de estos profesionales, que según ha recordado juegan un "papel fundamental" en la atención sanitaria, en especial de los enfermos crónicos.
La Comisión de Sanidad ha aprobado también una iniciativa propuesta por el Grupo Popular para que se homogeneice el Consejo Genético en cáncer y se mejore la coordinación interautonómica