El Gobierno intentará "hacer entender" a Madrid y Cataluña que el euro por receta es inconstitucional

Madrid (16/11/2012) - E.P.

• Lo ha asegurado la vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

• La medida, vigente en Cataluña y pendiente de implantar en Madrid, "contraviene el orden constitucional de distribución de competencias", según el dictamen del Consejo de Estado

• Montoro explicó en el Senado que el Gobierno cuenta con este informe, que va a utilizar para que Cataluña elimine esta tasa "cuanto antes"; Mato lo conocía desde hace seis meses y apuesta por el diálogo antes de por recurrir al TC

El Consejo de Estado considera que la implantación del pago de un euro por receta, vigente ya en Cataluña desde julio y que estará en vigor también en la Comunidad de Madrid a partir del próximo 1 de enero "contraviene el orden constitucional de distribución de competencias". La vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que se servirán de este informe del Consejo de Estado para "tratar de hacer entender" a Cataluña y Madrid que la medida es inconstitucional y evitar que se interponga un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC).

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha reconocido que fue el Gobierno el que acudió al Consejo de Estado para "pedirle opinión" por la tasa que entró en vigor en Cataluña en julio, al tiempo que se inició una mesa de diálogo con la Generalitat para que la retirara. De este modo, y tras conocerse el informe en el que dicho órgano consultivo considera inconstitucional la medida, Sáenz de Santamaría ha insistido en que "con ese dictamen tratarán de hacer entender a la otra parte la inconstitucionalidad de la medida y la necesidad de su modificación".

Por su parte, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha admitido que conocía el informe del Consejo de Estado desde "hacía bastante tiempo", en concreto desde hace "seis meses", y con ello insiste en dialogar con las comunidades autónomas, como Cataluña, antes de llegar a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional.

El dictamen, emitido el pasado 21 de junio y del que ya informó en el Senado el pasado martes el ministro de Hacienda y Administraciones públicas, Cristóbal Montoro, considera que "existen fundamentos jurídicos suficientes para la interposición de recurso de inconstucionalidad con los artículos 16, 41 y 94.1 de la Ley 5/2012 de 20 de marzo de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del Impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos", que recoge el euro por receta.

El Consejo considera que la norma "excluye el derecho de tanteo reconocido al Estado en virtud de sus competencias, lo que conduce a apreciar la existencia de fundamentos suficientes para proceder a su impugnación"". Montoro explicó el pasado martes en el Senado en respuesta a una pregunta sobre esta cuestión formulada por el socialista Tomás Gómez -quién a su vez anunció un recurso contra esta tasa ante el Tribunal Constitucional- que el Gobierno cuenta con este informe, que va a utilizar para que Cataluña elimine esta tasa "cuanto antes" y "a partir de ella, no será aplicable en ninguna comunidad autónoma".

El dictamen solicitado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para que el Gobierno pueda promover recurso de inconstitucionalidad contra la medida y emitido por mayoría con dos votos particulares, considera que esta tasa "puede provocar una ruptura de la exigencia constitucional de que el acceso a las prestaciones farmacéuticas se produzca en condiciones de igualdad en todo el territorio del Estado".
En este sentido, recuerda que corresponde al legislador estatal garantizar esa unidad mínima en las condiciones de acceso a los fármacos "con independencia del lugar en el que dentro del territorio nacional se resida y evitar la introdicción de factores de desigualdad en la protección básica de la salud". Y, en este sentido, considera que la tasa del euro por receta constituiría "sin duda" una desigualdad entre los beneficiarios de esta prestación.

Competencia estatal
Asimismo, el Consejo considera que las CCAA "no pueden incidir, ni directa ni indirectamente, en la fijación de precios de los medicamentos que son objeto de financiación pública por ser ésta una cuestión que forma parte de la competencia exclusiva estatal consagrada en la Constitución", por lo que "no cabe admitir que, en el ejercicio de su potestad tributaria, las comunidades impongan gravámenes cuya exacción comporte en última instancia un incremento del coste que los ciudadanos haya de abonar para obtener un determinado medicamento o producto sanitario".

Por otra parte, también recuerda que la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) prohíbe la doble imposición que también considera que se produce en este caso al estimar que "los actos configurados como hecho imponible en la norma catalana quedan comprendidos dentro de la norma del Estado".

A pesar de la solicitud de este informe para un eventual recurso de inconstitucionalidad, tanto el ministro Montoro en el Senado, como antes la ministra de Sanidad, Ana Mato, y el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, han apostado por la vía del diálogo para la retirada de esta tasa antes de llegar al Constitucional. Ese diálogo ya se ha iniciado con el Gobierno catalán, que la puso en marcha el pasado mes de julio, y el Ejecutivo ha formulado un requerimiento previo de diálogo con la Comunidad de Madrid para comenzar las conversaciones cuando entre en vigor esta tasa el 1 de enero.

Las posiciones de Mato y de la Consejería madrileña
En declaraciones a los medios en el Congreso, Mato se ha referido en todo momento al euro por receta implantado en Cataluña desde julio, y no ha mencionado nada sobre la previsible implantación en Madrid a partir de 2013. Eso sí, ha insistido en que este Gobierno "apuesta por el diálogo" y por ello ha emplazado a la Generalitat catalana a alcanzar un acuerdo sobre la retirada de esta tasa antes de diciembre.

Si la comunidad autónoma finalmente decide mantenerla, Mato ha reiterado, como ya anunció la semana pasada en el Senado, que el Ejecutivo se plantearía entonces recurrir la medida ante el Tribunal Constitucional.

Por su parte, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid incide que el pago del euro por receta, tras conocerse la postura del Consejo de Estado sobre esta medida, sigue siendo una tasa complementaria y, en consecuencia, competencia de las comunidades autónomas. Así lo han indicado este jueves fuentes del departamento que dirige Javier Fernández-Lasquetty, para resaltar que tenían conocimiento del citado informe del Consejo.

"Se está haciendo lo necesario para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario público", han remarcado las citadas fuentes a Europa Press.