Los partidos ofrecen abrir el registro de los afectados por la talidomida
La aplicación de un real decreto de 2010 solo admitió 20 casos; un estudio forense acredita 190
Madrid
La sentencia del Tribunal Supremo del 23 de septiembre de 2015, que declaró prescrita la responsabilidad del laboratorio Grünenthal en las malformaciones causadas por la talidomida que patentó, ha dejado a los afectados con pocas opciones de conseguir una reparación. Pero una parte de los obstáculos no vienen de la farmacéutica. La mañana de este lunes, en unas jornadas organizadas por la Asociación de Víctimas de la Talidomida de España (Avite) y la Organización Médica Colegial (OMC), los representantes del PP, el PSOE, Ciudadanos e IU —la de Podemos se excusó— admitieron que hay que "revisar" el real decreto de 2010 —que, por primera vez, permitía acreditar la condición de víctima del fármaco—. Así lo ha dicho María José Sánchez Rubio, portavoz de Sanidad del PSOE. "Ha sido un cuello de botella", ha añadido José Ignacio Echániz, responsable de Sanidad del PP.
La aplicación de aquel decreto solo reconoció a 23 de los 243 solicitantes la condición de tener malformaciones compatibles con la ingesta de la talidomida, un fármaco para los nervios y las náuseas que Grünenthal afirma que vendió en España entre 1960 y 1961, pero que con otras marcas estuvo al menos hasta 1965, según los afectados. Pero el desarrollo de aquel decreto estableció unas condiciones muy exigentes, como aportar la receta o el prospecto del fármaco consumido por la madre de los afectados, o que estos tuvieran ya un diagnóstico de malformaciones por la talidomida. La idea de los representantes políticos —por Ciudadanos estuvo Francisco Igea y por IU, José Andrés Llamas— es que baste un informe forense que acredite que las malformaciones son compatibles con las que causa la talidomida y que el afectado no tiene otras causas genéticas que justifiquen las anomalías. "Si no hay otra causa, todo es más fácil", ha dicho Igea.
Este planteamiento es el que ha sido expuesto por el forense Javier García Mora. "De 250 afectados que han solicitado mi estudio, en 190 casos las malformaciones son debidas a embriopatía talidomídica", ha dicho. Para ello se ha basado en que sus lesiones coinciden con las descritas mundialmente para estos casos, y que no hay otro motivo genético o de elementos externos que las expliquen.
El PP y el PSOE piden un gesto de buena voluntad al fabricante
Esta modificación, si no se queda en promesa, podría conceder a los afectados ayudas de entre 30.000 y 100.000 euros, y un diagnóstico con el que acudir a otras instancias, pero no implica al laboratorio. Grünenthal ha quedado exento de pagar por el Supremo, aunque la propia sentencia admite que el daño que muestran las víctimas fue causado "indudablemente" por el medicamento. La cifra está muy lejos de los 660.000 euros que, como mínimo, iban a recibir los 186 afectados,según la sentencia del juzgado de primera instancia que luego recurrió Grünenthal ante el Supremo. Y también mucho menos que las pensiones de hasta 6.000 euros al mes que paga la compañía a los afectados de otros países.
Prueba de que Grünenthal tiene las espaldas bien cubiertas fueron dos comentarios de Echániz y Sánchez Rubio, del PP y del PSOE, que se limitaron a pedir al laboratorio un gesto de buena voluntad. El portavoz de los populares —tras afirmar que, aunque la sentencia sea "de derecho", no la comparte— afirmó que iban a "seguir solicitando al laboratorio que tome conciencia" del daño causado y que "dé pasos" para compensarlo, aunque "no sea fruto de sentencias judiciales". La responsable del PSOE ha ido más allá y ha dicho que "un laboratorio que el año pasado ganó 3.700 millones de euros, bien podía tener un reconocimiento" hacia los afectados "como el que ha tenido en otros países, con sentencia o sin sentencia". "El objetivo final es que el laboratorio pague", ha añadido.
Más tajante, el vicepresidente de Avite, Rafael Basterrechea, propuso que la Administración "deje de financiar los medicamentos de Grünenthal". "Ya veréis cómo así viene a negociar". La otra opción que dieron los políticos a los afectados es que acudan a Europa, con el argumento de que no pueden ser tratados de manera diferente de otras personas a las que el laboratorio sí ha indemnizado.
Los argumentos de la farmacéutica
La farmacéutica, por su parte, no quiere entrar en la discusión y remite a un comunicado que expresa que "existen recursos disponibles para aquellos individuos afectados por un producto con talidomida de Grünenthal para obtener ayuda económica". El matiz es importante, ya que el laboratorio afirma que su producto estuvo muy poco tiempo a la venta y que se retiró en cuanto se supieron sus efectos, pero que hubo otros fabricantes de la molécula. El forense García Mora afirma que uno de ellos se vendió hasta 1969 y criticó que la Agencia Española del Medicamento no le deje ver sus archivos y dé la información "con cuentagotas".
Aun así, esto solo explicaría los casos de nacidos en esas fechas y no los de algunos, como Ana Isabel Castillo y Mariano Garmendia, que son de los setenta. García Mora ha propuesto que podía haber un mercado negro del medicamento y otro, muy pequeño, para otras indicaciones. La diputada de Democràcia i Llibertat Lourdes Ciuró ha apuntado que en 1985 se publicó una orden ministerial que pedía extremar el celo con este medicamento, lo que indica que había sospechas de que seguía usándose.
Hay dudas sobre el número de afectados y el fabricante responsable del producto
El laboratorio explica que las ayudas se canalizan a través de la Fundación Coltergan (nombre comercial de la talidomida en Alemania), que ya "ayuda a cerca de 2.700 personas en 38 países, incluyendo a 10 personas en España, algunos de ellos (6) desde fechas tan tempranas como 1972 y 1973 y dos desde 2009", y añade que estas prestaciones se pueden seguir solicitando "independientemente de la prescripción extintiva de las acciones".
A las dudas sobre que los casos de afectados se deban al medicamento vendido por Grünenthal y no por otros laboratorios, la farmacéutica también esgrime la de las fechas. "Un número importante de los asociados de Avite nacieron en fechas incompatibles con las fechas en las que, tal y como se ha acreditado, se comercializaron en España productos con talidomida en general o productos con talidomida de Grünenthal en particular", afirma.
Aunque su comunicado es anterior a la reunión de esta mañana, también se adelanta al hecho de que se cambie el real decreto y haya más reconocidos oficialmente como afectados por el fármaco. "En España no existe ningún certificado de talidomídico", dicen. El real decreto que se quiere modificar "no certifica la condición de afectado por talidomida sino, en el mejor de los casos, que no se pueda descartar que la talidomida sea la causa de las malformaciones (además, no se requirió ninguna prueba de que el producto tuviera que pertenecer a un laboratorio concreto)". Con ello apuntan su línea de defensa ante nuevas reclamaciones si la normativa española cambiara.
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