LEY DE DEPENDENCIA
Diez años después de la ley, casi un tercio de los dependientes aún no recibe ayudas
Al ritmo actual se estima que se tardaría algo más de 4 años en absorber la lista de espera. La implantación de la ley ha sufrido retrasos por la crisis y es desigual entre autonomías.
Laura G. Ibañes | laura.gutierrez@diariomedico.com | 12/12/2016 00:00
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En porcentaje sobre el total de dependientes de grado I reconocidos. (SIAAD)
Hace ahora 10 años que el Congreso aprobó, con el voto en contra de CiU, EA y PNV, la Ley de Dependencia. La norma, surgida bajo el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, fue, en realidad, el fruto de un largo debate de más de una década entre expertos, que culminó con la elaboración del Libro Blanco de la Dependencia en 2004.
En él se instaba a la creación de un nuevo derecho y a la puesta en marcha de un sistema llamado a ser un nuevo pilar del Estado del Bienestar que atendiese a la dependencia, tanto por una cuestión de justicia social como por los sobrecostes que implicaba ignorar su existencia (mayores costes hospitalarios, absentismo y abandono de la actividad laboral de los cuidadores familiares, etc.).
La norma se aprobó con la constancia del enorme coste que generaría pero con la esperanza de que, a su vez, pudiera ser sostenible al reducir costes sanitarios y generar un gran número de puestos de trabajo (la euforia de la ley, por ejemplo, llevó a fusionar la cartera de servicios sociales y la de sanidad en varias autonomías, si bien la estructura real de los dos sistemas, bien diferenciados, acabó por destruir la idea de vasos comunicantes).
Así, se estableció desde el inicio una implantación gradual de la ley con el objetivo de llegar a atender a 1,2 millones de dependientes, generar 300.000 empleos y financiar el sistema con hasta 26.000 millones en ese periodo. El calendario inicial de implantación tenía previsto incorporar en 2007 a los dependientes más graves, los calificados con grado III. En 2008 se extendería el derecho a los dependientes grado II nivel 2; en 2009, a los de Grado II y nivel 1; en 2011, a grado I nivel 2 , y en 2013, a grado I nivel 1. La crisis truncó el calendario y la realidad no ha permitido incorporar a los dependientes moderados hasta julio de 2015.
En paralelo a los retrasos en la incorporación de dependientes, los recortes acometidos entre 2012 y 2014 provocaron a través de varios reales decretos la supresión del nivel acordado (una partida de 283 millones que aportaba el Gobierno central), la rebaja en un 15 por ciento de las ayudas económicas directas, la declaración de incompatibilidad entre ayudas, la eliminación de los niveles dentro de cada grado de dependencia, la supresión de la retroactividad en la concesión de ayudas y la instauración de un sistema de financiación perverso que durante años incentivó a las autonomías menos diligentes en la incorporación de dependientes y a las que primaban ayudas económicas sobre servicios, en contra del objetivo real de la ley.
Diez años después, y al margen de la guerra de cifras que enfrenta al Imserso con el colectivo de gerentes de servicios sociales sobre el número de dependientes atendidos, de lo que no parece caber duda es de que los problemas de un deficiente sistema de financiación y las desigualdades entre autonomías siguen sobre la mesa exigiendo una revisión del modelo.
Y es que, la lista de espera de los dependientes moderados que tienen derecho a ayudas pero aún no las reciben alcanza al 82 por ciento de los canarios pero a menos del 1 por ciento en Castilla y León, lo que da idea de la desigual apuesta autonómica. En conjunto, hay 1,2 millones de dependientes reconocidos en España (el 75 por ciento de ellos mayores de 65 años) de los que, como consecuencia de la incorporación de más de 300.000 moderados en julio de 2015, casi un tercio (29,3 por ciento) todavía no reciben ayuda alguna (15 por ciento en el caso de los dependientes más graves de grado II y III y 40 por ciento en el caso de los más leves de grado I). En los últimos 4 años, de hecho, algo más de 125.000 dependientes han fallecido a la espera de recibir sus ayudas. Y al ritmo actual de incorporación harían falta de media 4,3 años, según la Asociación Estatal de Directivos y Gerentes de Servicios Sociales, para absorber la lista de espera ya creada, una cifra que en autonomías como Canarias o Cataluña alcanza los 10 años.
El modelo de financiación refleja, además, graves deficiencias: la ley obligaba a que los fondos se suministrasen a partes iguales entre el Estado y las autonomías, pero la realidad muestra que son las autonomías las que aportan aproximadamente el 80 por ciento del coste, lo que agrava aún más las desigualdades. Parece claro, así, que la nueva etapa del modelo de Dependencia pasa, como el de la propia sanidad, por acabar con las desigualdades regionales, incluso si eso significa repensar el sistema de financiación, tal y como ha solicitado el PSOE en una proposición no de ley y apuntan los acuerdos de investidura.
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