¿En qué quedó la gestión clínica?

La iniciativa del Ministerio de Sanidad de legislar en materia de gestión clínica languidece en algún cajón sin que haya una alternativa sobre la mesa.

por Carmen Fernández. Directora | 27/01/2018 10:00

Legislar y potenciar con ello la gestión clínica, esa fórmula por la cual se podría traspasar a los clínicos la responsabilidad (que no el riesgo) de sus decisiones, es un proyecto que languidece en algún cajón del Ministerio de Sanidad, entre otros motivos, muy posiblemente por el temor a volver a encender la llama de una polémica que paraliza cualquier intento de avance en matera de gestión sanitaria en España: la relación público-privada o, dicho por algunos, la privatización.

Sorprende que a estas alturas se mezcle el concepto de gestión clínica, perfectamente aplicable en un entorno público y con personal estatutario sin necesidad de recurrir al sector privado, con la privatización de la gestión, en la que sí encuadra la experiencia de cesión de la gestión de centros de primaria públicos a entidades de base asociativa (EBA) de profesionales en Cataluña.

¿Por qué no gestionar las unidades o servicios clínicos hospitalarios como empresas para aumentar la eficiencia en el uso de los recursos y, de paso, la satisfacción de los profesionales por darles margen de autonomía en la gestión de su trabajo? En Andalucía se ha extendido casi al cien por ciento esta herramienta y se ha probado, asimismo, en Galicia, Asturias, Castilla y León y el Hospital Clínico de Madrid.

En época de la ministra Ana Mato, de acuerdo con el Foro de la Profesión Médica, se llegó a elaborar un borrador de Real Decreto Ley que recogía unos principios generales de lo que debía entenderse por gestión clínica, que la aplicación de ésta no debía ser obligatoria para las comunidades (son las que gestionan el sistema en sus respectivos territorios), que también debía ser voluntaria para los profesionales y que no podía estar vinculada a incentivos por resultados económicos. Tras un debate intenso en torno, entre otros aspectos, a si el liderazgo de las unidades con gestión clínica debía estar exclusivamente en manos de médicos o no y a si se invadían o no competencias de las autonomías, el texto llegó al Consejo de Estado, que finalmente concluyó que, por la trascendencia del asunto, era mejor recogerlo en una norma con rango de ley y aclarar la posible inclusión o no de la colaboración público-privada en este asunto.

Con ello, sirvió en bandeja que el asunto quedase aparcado en el ministerio, muy a pesar de los que piensan, como es mi caso, que la gestión clínica es una oportunidad para implicar a los profesionales de base en la mejora de su trabajo y del conjunto del sistema y en su sostenibilidad presente y futura. Una pena, más que nada porque no hay una alternativa sobre la mesa.