No somos país para innovar en gestión

Echar el cierre al Modelo Alcira por motivos políticos va a desincentivar durante décadas cualquier intento de salir de la gestión administrativa en el SNS.

por Carmen Fernández. Directora | 14/01/2018 10:00

Los modelos de colaboración público-privada valenciano, Alcira, de concesión administrativa de la gestión de servicios sanitarios integrales (hospitalario, atención primaria, etc.), incluyendo los de bata blanca, y el catalán de autogestión de atención primaria, son las dos experiencias más innovadoras que ha habido en nuestro Sistema Nacional de Salud(SNS), caracterizado por la gestión administrativa. Esos dos modelos, aunque sólo fuera para compararlos con el convencional, resultan de interés para el conjunto de la sanidad pública española. Y ponerles fin por causas políticas, que no estrictamente técnicas, como está sucediendo en el caso del modelo valenciano y como muy probablemente sucederá con el catalán (también a causa de la desviación en la práctica de la fórmula original), debe ser motivo de pesadumbre.

¿Por qué? Para empezar, porque durante las próximas décadas será difícil que ningún gobierno autonómico se atreva a innovar, con objeto de avanzar y mejorar, en materia de gestión de centros sanitarios.

Ese movimiento, que tendría que ser natural, fácil y cómodo en un SNS que en la práctica está formado por 17 sistemas que gozan de gran autonomía, se hace cuesta arriba para el responsable político regional de turno y sus gestores e ideólogos sanitarios de cabecera sabiendo que, de entrada, se levantarán en contra las mareas blancas del populismo, la demagogia y el uso partidista por parte de los partidos de la oposición, espoleados además por la desconfianza generada por años de corrupción en el uso de los recursos públicos en España. En contra de cualquier intención de ese tipo también jugará la siguiente reflexión: "¿Para qué intentar mejorar o cambiar nada si el próximo gobierno lo tumbará a la primera oportunidad?".

Sí señores, no es este país para innovadores en materia de gestión sanitaria, ni para la transparencia; a estas alturas sigue siendo difícil establecer, en base a la evidencia de datos fiables, si es mejor en términos de eficacia, coste-efectividad y resultados de salud la gestión administrativa o la empresarial (ya sea realizada por la propia Administración, apoyándose en la creación de consorcios, empresas públicas o fundaciones, o por el sector privado, a través de la concesión administrativa) en un contexto de centros y prestación de servicios pública. Lo más sorprendente es que, en este mismo país, la prestación pública de servicios de diálisis, rehabilitación, transporte sanitario, obtención y gestión de sangre o diagnóstico por la imagen por parte de empresas privadas concertadas por la Administración, una actividad que mueve muchos millones de euros, nadie la cuestione.