El Comité del baremo, lejos de alcanzar un texto de consenso

Los intereses entre aseguradoras y pacientes tensan las reuniones de los expertos. Sanidad confía en tener un anteproyecto de ley en marzo, pero fuentes cercanas al Comité lo dudan.

Soledad Valle. Madrid | 01/03/2018 00:00

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, en un momento de la entrevista con DM el pasado mes de mayo. (DM)

Sin luz ni taquígrafos y con el compromiso de confidencialidad de sus miembros. Así están trabajando los quince expertos elegidos por el Ministerio de Sanidad para elaborar el documento que servirá de base a la futura ley del baremo sanitario. Desde el pasado 25 de septiembre se reúnen todos una vez al mes en el ministerio y, entre pleno y pleno, lo hacen por grupos de trabajo. Son tres: jurídico, médico-pericial y actuario/asegurador.

"Actualmente está bastante avanzado el trabajo jurídico, así como el pericial. Una vez se disponga de las tablas que han de recoger el baremo [un trabajo que está elaborando el grupo en el que está el profesor de Medicina César Borobia], se someterán a los estudios actuariales pertinentes en orden a determinar su viabilidad y sostenibilidad". Esta ha sido la respuesta que el Ministerio de Sanidad ha remitido a DM en relación al momento en el que se encuentra "la propuesta de anteproyecto normativo" con el que debe concluir el Comité.

Las asociaciones de pacientes ya expresaron al ministerio su desacuerdo por la composición de este grupo de expertos

¿Alguna fecha probable? Sanidad es optimista: "Esperamos que a principios de marzo el Comité de expertos pueda alcanzar un acuerdo sobre la propuesta".

Sin embargo, otras fuentes consultadas por DM no se muestran tan optimistas. En la última reunión del Comité, celebrada el pasado 19 de febrero, afloraron tensiones en relación a los temas clave (ver apoyo), que se resumen en la dificultad de conciliar los intereses de los pacientes y las compañías aseguradoras.

Las asociaciones de pacientes ya expresaron al ministerio su desacuerdo por la composición de este grupo de expertos en el que consideran que no cuentan con la representación que merecen. Fueron cuarenta asociaciones las que enviaron una carta a la ministra Dolors Montserrat expresando sus temores.

La misiva, que firmaban entre otros grupos el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y la Federación Española de Fibrosis Quística (FEFQ), estaba liderada por la Asociación el Defensor del Paciente. Con este grupo colabora el abogado y doctor en Medicina Carlos Sardinero, uno de los expertos del Comité y en el que se resume la aportación directa del paciente a este proyecto legal.

Pero también la aseguradoras del sector se quejan. Dibujan un sector en crisis, con licitaciones de Administraciones sanitarias autonómicas declaradas desiertas y, en definitiva, la pérdida de atractivo de asegurar un riesgo del que, a su juicio, se obtiene poca o ninguna rentabilidad. Pero, a diferencia de los pacientes, las aseguradoras sí cuentan con un nutrido grupo de expertos en el Comité, cercano a sus intereses e incluso tienen un grupo de trabajo propio.

Pero es que "la composición del Comité es limitada para lograr la máxima eficiencia del grupo de trabajo", responde el Ministerio, y añade: "No obstante, se ha garantizado la participación de todos los interesados/afectados a los que se ha remitido un cuestionario para que realicen sus aportaciones, de manera que la propuesta final sea lo más integradora".

El 28 de febrero expiró el plazo dado por el ministerio para responder al cuestionario que ha enviado a distintas asociaciones y compañías aseguradoras

El 28 de febrero expiró el plazo dado por el ministerio para responder al cuestionario que ha enviado a asociaciones de pacientes, compañías aseguradoras y comunidades, entre otros. Entre las preguntas: ¿Considera que el baremo debe ser obligatorio? ¿Debe incluir el daño moral? ¿Debe incluir la cuantificación de la pérdida de oportunidad? ¿Habría que considerar la situación previa del paciente? ¿Debe valorarse la falta de consentimiento informado ¿Hay que incluir el daño desproporcionado? Son preguntas clave para las que, según ha podido saber DM, ya hay respuestas muy esbozadas y sobre las que las asociaciones de pacientes centran su preocupación. "Es que con este baremo nos va a salir a pagar", afirman las voces más críticas.

Tener en cuenta la situación previa del paciente para reducir la cuantía del daño; eliminar las indemnizaciones por falta de consentimiento informado; reducir las indemnizaciones en condenas por pérdida de oportunidad y eliminar los intereses de demora son algunos de los temores que alimentan las movilizaciones de los pacientes en contra de un texto que todavía no existe.

Así que, a pesar de lo expresado por Sanidad, fuentes consultadas por DM aseguran que es casi imposible que el grupo de expertos alcance un texto de consenso
¿Otra oportunidad perdida? Este proyecto de ley está cerca de convertirse en todo un reto político.

Líneas muy rojas

A la espera de que el grupo médico-pericial del Comité concluya con la elaboración de unas tablas, el debate se centra en los puntos más sensibles para indemnizar el daño.

La falta de información
En el 80 por ciento de las reclamaciones por mala praxis aparece la omisión o el error en el consentimiento informado (CI). Esta obligación de información del médico está recogida en la Ley de Autonomía del Paciente. El Comité plantea reducir la indemnización derivada de la falta de CI que, en muchos casos, se condena por daño moral.

La situación previa
Este aspecto centra un encarnado debate jurídico. La cuestión es ver si se debe tener en cuenta o no la salud previa del paciente para ajustar la indemnización. Los contrarios a esta medida cuestionan su constitucionalidad y añaden el siguiente razonamiento: "El que menos tiene es el que más tiene que perder".

La pérdida de oportunidad
Esta doctrina jurídica, que indemniza en función de la probabilidad de que la situación del paciente hubiera mejorado si no se hubiese cometido el error, está siendo revisada. Se plantea que recaiga en el paciente la obligación de demostrar en qué medida hubiera mejorado su situación. A juicio de los más críticos con esta doctrina, "se está premiando el no hacer y va a salir más barato no actuar que equivocarse".

Artículo 20 de la LCS
La condena al pago de los intereses de mora, que impone la vía civil en aplicación del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, puede llegar en algunos casos a duplicar la cantidad principal de la reclamación. Esta cuestión también está siendo revisada por el Comité, viendo la posibilidad de dejar fuera de la aplicación de este artículo a las reclamaciones por malas praxis médicas. Pero el momento no parece el más adecuado, porque el Pleno de la Sala Civil del Supremo acaba de dictar una sentencia que resuelve la aplicación de este artículo en reclamaciones a aseguradoras sanitarias.

Un grupo de expertos con sobrada experiencia

"El barco está tan escorado que se va a hundir" y "el punto fuerte de las aseguradoras es el punto débil de los pacientes" son algunas de las frases empleadas por varias fuentes consultadas por DM para resumir la situación de los trabajos en el seno del Comité de expertos. Es la visión de los más propacientes, claro. Otros miembros prefieren mantenerse cautos y valoran el esfuerzo y trabajo que se está realizando, "al amparo de un ministerio que está buscado todas las posturas".
En definitiva, lo que está fuera de toda opinión son los nombres que conforman este grupo y que están publicados y se pueden consultar en diariomedico.com. Varios de estos profesionales ya estuvieron en el último intento que hizo el Gobierno de sacar adelante esta ley de baremo sanitario y que no llegó a buen puerto. Su experiencia puede ser útil para esta nueva oportunidad, dejando atrás viejos errores.