Un juez cuestiona la legalidad del certificado de penales exigido a pediatras

Un juez de Zaragoza ve indicios de ilegalidad en el real decreto que crea el registro central de delincuentes penales. Admite el recurso de una funcionaria que pedía no cumplir con el requisito de presentar su certificado negativo de penales.

S.Valle. Madrid | 01/03/2018 15:55

Autor: DM

El juez de lo Contencioso-administrativo número 3 de Zaragoza ha fallado a favor de una profesora al considera que no es ajustado a Derecho exigirle el certificado negativo de antecedentes penales por delitos sexuales.

La sentencia cuestiona la legalidad del Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, que crea el Registro Central de Delincuentes Sexuales, al apuntar que tiene determinados aspectos contrarios a la Constitución y a otras reglas del ordenamiento jurídico.

Deberá plantearse ante el Supremo si el Real Decreto es o no ajustado al ordenamiento jurídico"

La citada norma consideraba la obligación de que cualquier profesional que en el desarrollo de su trabajo tratara con niño debía presentar un certificado de penales negativo. Así ocurre con, por ejemplo, los pediatras.

El juez centra sus argumentos al cuestionar el real decreto en su rango normativo, en que vulnera los plazos de cancelación de antecedentes penalesfijados en el Código Penal así como el principio de proporcionalidad y retroactividad normativa.

La consecuencia jurídica que dispone la sentencia es la anulación del requerimiento del certificado negativo a la profesora recurrente. La sentencia es apelable ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón por las dos Administraciones personadas: Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y Administración General del Estado.

Según informan fuentes del TSJ de Aragón, "el magistrado no ha anulado el Real Decreto, ni tampoco ha invalidado el Registro Central de Delincuentes Sexuales. Legalmente no lo puede hacer, ya que la competencia, en su caso es, del Tribunal Supremo. Con posterioridad, deberá plantearse ante el Tribunal Supremo si el Real Decreto es o no ajustado al Ordenamiento jurídico".