El capital riesgo cuida de su salud
El avance del sector privado en la sanidad pública levanta recelos. Capio negocia gestionar la atención a un millón de valencianos. Hay temor a un oligopolio
La Comunidad Valenciana cedió al sector privado todo salvo la titularidad del hospital de Alzira, inaugurado en 1999. / MANUEL BRUQUE (EFE)
La Comunidad Valenciana es la autonomía que más lejos ha llegado en la cesión de parcelas de la sanidad pública al sector privado. Mientras Madrid, Canarias o Castilla-La Mancha siguen sus pasos, el territorio valenciano puede seguir marcando distancias con una circunstancia novedosa en toda España. Una empresa perteneciente a un fondo de capital riesgo se dispone a gestionar la atención pública integral (desde los centros de salud a los hospitales) de un 20% de su población.
Los protagonistas de este episodio son las empresas Ribera Salud, Capio Sanidad y la operación de compra de la primera por parte de la segunda. Ribera Salud es la compañía a la que —en alianza con aseguradoras sanitarias— la Generalitat valenciana ha transferido la asistencia de uno de sus cinco millones de habitantes. Capio, cuyo propietario es el fondo CVC Partners Capital —que ha preferido no realizar declaraciones a este diario debido a que la operación de venta sigue abierta—, es el mayor grupo sanitario privado español, con una prolongada historia de colaboración con las Adminstraciones públicas.
El resultado de la venta de Ribera Salud a Capio —que puede cerrarse en semanas, según fuentes próximas a la transacción— arrojaría una situación inédita en España. El fondo británico con sede en Luxemburgo ocuparía una posición dominante en el control de un servicio público esencial como es la atención sanitaria integral —primaria y especializada—.
La presencia de los fondos de capital en la sanidad privada española no es nueva. Las compañías que los gestionan han adquirido importantes grupos, como fue el caso de Goodgrower con Adeslas. O como Doughty Hanson, la firma de capital privado que anunció el jueves pasado la compra de USP Hospitales a Barclays y Royal Bank of Scotland por 355 millones de euros. USP, presente en nueve autonomías, cuenta con 12 hospitales, una clínica especializada y 22 auxiliares.
Ribera Salud es una empresa sanitaria distinta. A diferencia de los grupos hospitalarios privados (USP, Nisa) o las aseguradoras (Asisa, Adeslas, Sanitas), su negocio no está en la sanidad privada, sino en la pública a través, principalmente, de las concesiones administrativas (un formato conocido también como el modelo Alzira). Actualmente controla, con sus socios, cinco departamentos de salud valencianos, un hospital público de Madrid, el servicio de análisis clínicos de cinco hospitales públicos madrileños y el diagnóstico con resonancia magnética de la red sanitaria valenciana.
Capio, con su treintena de hospitales, también se ha dedicado a la gestión sanitaria pública, fundamentalmente mediante conciertos, aunque también con concesiones. Pero la naturaleza empresarial de Ribera Salud, pese a compartir este sector del mercado, tiene otras particularidades. Sus actuales propietarios son las que fueran las principales cajas de ahorros valencianas, Bancaixa y CAM, unas entidades financieras controladas —antes de su absorción o venta— por la Administración a las que se les suponía un carácter social, una circunstancia que unida a su raigambre en el territorio, teóricamente servía para modular su aspiración de maximizar sus beneficios y proteger la calidad del servicio sanitario que ofrece.
Este planteamiento es diferente al fondo de inversión, cuyas prioridades se suponen más en la rentabilidad del corto plazo que en las estrategias a largo plazo, dominantes en la sanidad pública, según destaca Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública. Sánchez Bayle plantea, además, otras cuestiones.
“¿Qué sucedería ante una hipotética situación de quiebra de esta empresa?”, se pregunta. El único cliente en este tipo de negocio es la Administración. Y la valenciana ha dejado de pagar a farmacias, proveedores sanitarios o colegios por falta de liquidez.
Ignacio Riesgo, director de Salud de la consultora Pricewaterhouse Coopers (PwC) destaca que en en una empresa de la trayectoria de Capio no ve posibilidad de contradicciones en el corto y el largo plazo ni en los cambios accionariales. “La clave está en mantener el proyecto empresarial en el largo plazo con independencia de que el inversor cambie”. Y esto es lo que ha sucedido en este grupo, que se ha caracterizado, según Riesgo por dos factores.
Su negocio ha estado siempre muy presente en la sanidad pública, y con buenos resultados. Además, a pesar de los cambios de titularidad a los que se ha sometido la firma (ya estuvo en manos de CVC que la compró a otros fondos, Apax Partners y Nordic Capital, antes de volver a adquirir la firma), siempre ha mantenido el mismo rumbo, lo que para Riesgo, sería todo un aval en la gestión de Ribera Salud. “Es un buen ejemplo de cómo se puede preservar un buen proyecto empresarial a pesar de los cambios de accionistas”.
Sánchez Bayle apunta otro peligro que se ha convertido en una de las principales críticas relacionadas con la cesión de la gestión de la sanidad pública al sector privado, especialmente en la Comunidad Valenciana. En toda España, el proceso se ha concentrado en pocas manos: principalmente en Capio y Ribera Salud, que, precisamente, ahora podrían constituir un único grupo. Esta unión derivaría en “una situación de oligopolio sanitario, con gran capacidad de presión en la Administración, de modificar contratos a su favor y de fijar precios”, sostiene Sánchez Bayle.
El hospital de Alzira fue el conejillo de indias del modelo que el PP valenciano eligió para privatizar la sanidad pública. El centro abrió en 1999. La fórmula elegida fue la concesión administrativa sanitaria, más atrevida que el PFI (Private Finance Initiative) británico, el formato de moda por entonces, que funciona en el hospital de Burgos, en Son Dureta (Baleares) o Aranjuez y Parla, entre otros centros.
En lugar de limitarse a encargar a una empresa la construcción de un hospital y su mantenimiento por un periodo de tiempo de 30 años, la Generalitat optó por ceder al sector privado todo menos la titularidad: construcción, mantenimiento, equipamiento, personal sanitario y no sanitario del hospital. Y, además, ceder a la concesionaria la gestión del departamento de salud vinculado al hospital, es decir, la asistencia integral de entre 140.000 y 250.000 personas, según la extensión del área.
Este formato se ha reproducido en Torrevieja (2006), Dénia (2009), Manises (2010) y Elche (2011), hasta alcanzar la cobertura de un millón de personas.
En teoría, diferentes empresas competirían por las distintas adjudicaciones, de forma que mejoraría la eficiencia del sistema. Pero no ha sido exactamente así. Ribera Salud forma parte del accionariado de todas las concesiones administrativas acompañada de aseguradoras sanitarias (En Alzira con Adeslas, en Torrevieja y Elche con Asisa, en Dénia con DKV y en Manises con Sanitas.
El modelo Alzira, con su variante solo hospitalaria también está presente en Torrejón (Ribera Salud). Y en Valdemoro, además de los futuros centros de Móstoles y Collado Villalba, todos ellos gestionados por Capio, que también controla una veintena de hospitales, en buena parte en régimen de concierto con la Administración.
La posición de dominio de la unión de las dos empresas es evidente en el mapa de la gestión privada de la sanidad pública en España. Pero podría aún ser incluso más sólida en los próximos meses. La Junta de Castilla-La Mancha (PP) anunció la semana pasada que seguirá la senda del modelo Alzira para ceder al sector privado la gestión de cuatro de sus hospitales públicos: Villarrobledo, Almansa, Tomelloso y Manzanares. Pero además, estudia aplicar “modelos de colaboración público-privados” para la construcción de los centros de Toledo y Guadalajara. Más terreno abonado para Capio y Ribera Salud. “Todo ello derivaría en un monopolio de la provisión privada en manos de Capio y Ribera Salud”, insiste el responsable de las asociaciones en defensa de la sanidad pública en España.
Ignacio Riesgo ve las cosas de otra forma y se remite al apartado Es el momento de la colaboración público-privada del último informe elaborado por Pricewaterhouse Coopers, de momento en estado de borrador, sobre la sanidad en España en 2012. El informe destaca que siempre ha habido colaboración de la sanidad privada con la pública. Por ejemplo, con conciertos “que contribuyen de manera importante a valores fundamentales del sistema público como son la equidad, la accesibilidad, la reducción de listas de espera o apoyo al cumplimiento de tiempos máximos de respuesta para determinadas patologías”. O gracias al mutualismo, “un modelo que permite mantener la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud con un gasto per cápita inferior”. Sin olvidar las concesiones administrativas “que permite mayor control del gasto, poder acometer infraestructuras en un entorno de dificultades financieras o asegurar la calidad de los servicios”.
En un momento de crisis como el actual, el sector privado “aporta fundamentalmente financiación, asistencia sanitaria de calidad y eficiente a precio razonable, y apertura a la innovación”.
El documento pone el ejemplo de la caída del presupuesto de inversión sanitaria de hasta más del 40% en distintas autonomías en los dos últimos años. “Hay determinados servicios que requieren una inversión importante como la radioterapia, el diagnóstico por imagen o los laboratorios” y dada la falta de liquidez de las Administraciones “o se recurre a la colaboración privada o serán difíciles de mantener”.
¿Dónde está el límite de la entrega de porciones de la sanidad pública al sector privado? Riesgo, que destaca las ventajas de la colaboración con el sector privado, alude a la conveniencia de establecer unas reglas de juego comunes supraautonómicas. El informe elaborado por PwC da más pistas: “Con el objetivo de resolver algunos de los aspectos más controvertidos de estas fórmulas de colaboración, sería razonable iniciar el debate sobre la conveniencia de diseñar un marco regulatorio que asiente los intereses públicos a preservar, junto con el tipo de relación deseable o con la empresa o las empresas privadas implicadas”.
“Existe una ofensiva mundial del sector privado para hacerse cargo de servicios públicos y para ello emplean con argumentos falsos. No es cierto que sea un sector más eficiente”, sostiene José Manuel Freire, portavoz de Sanidad del grupo socialista en la Asamblea de Madrid. “¿Por qué invierten en sanidad estos grupos?, porque ven que hay negocio en el sector”, responde el también jefe del departamento de Salud Internacional en Escuela Nacional de Sanidad.
“Hay algo que me preocupa mucho en este debate”, reflexiona Freire sobre el peso del sector privado en la sanidad pública y sus impulsores, buena parte de ellos gestores de administraciones sanitarias. “Esta gente no ha hecho absolutamente nada para mejorar la red pública y pone su único afán en privatizar la gestión del sistema”. Y con esta discusión, sostiene, se esquiva la cuestión fundamental: cómo mejorar la sanidad pública para hacerla mejor y más eficiente.
Ribera Salud es propiedad al 50% de las cajas de ahorros valencianas Bancaixa y la Caja del Mediterráneo (ahora en Bankia y propiedad del Banco de Sabadell, respectivamente). En alianza con aseguradoras sanitarias controla la atención pública integral del 20% de los valencianos, el diagnóstico con resonancia de la red pública de esta autonomía, además de un hospital en Madrid y los análisis de 1,1 millón de madrileños.
Ambos grupos tienen una posición dominante en la gestión privada de la sanidad pública. El mes de noviembre pasado se inició la fase final de la compra de Ribera Salud por parte de Capio, que ofreció 110 millones de euros, una suma sujeta a negociación.
Los protagonistas de este episodio son las empresas Ribera Salud, Capio Sanidad y la operación de compra de la primera por parte de la segunda. Ribera Salud es la compañía a la que —en alianza con aseguradoras sanitarias— la Generalitat valenciana ha transferido la asistencia de uno de sus cinco millones de habitantes. Capio, cuyo propietario es el fondo CVC Partners Capital —que ha preferido no realizar declaraciones a este diario debido a que la operación de venta sigue abierta—, es el mayor grupo sanitario privado español, con una prolongada historia de colaboración con las Adminstraciones públicas.
El resultado de la venta de Ribera Salud a Capio —que puede cerrarse en semanas, según fuentes próximas a la transacción— arrojaría una situación inédita en España. El fondo británico con sede en Luxemburgo ocuparía una posición dominante en el control de un servicio público esencial como es la atención sanitaria integral —primaria y especializada—.
La presencia de los fondos de capital en la sanidad privada española no es nueva. Las compañías que los gestionan han adquirido importantes grupos, como fue el caso de Goodgrower con Adeslas. O como Doughty Hanson, la firma de capital privado que anunció el jueves pasado la compra de USP Hospitales a Barclays y Royal Bank of Scotland por 355 millones de euros. USP, presente en nueve autonomías, cuenta con 12 hospitales, una clínica especializada y 22 auxiliares.
Ribera Salud es una empresa sanitaria distinta. A diferencia de los grupos hospitalarios privados (USP, Nisa) o las aseguradoras (Asisa, Adeslas, Sanitas), su negocio no está en la sanidad privada, sino en la pública a través, principalmente, de las concesiones administrativas (un formato conocido también como el modelo Alzira). Actualmente controla, con sus socios, cinco departamentos de salud valencianos, un hospital público de Madrid, el servicio de análisis clínicos de cinco hospitales públicos madrileños y el diagnóstico con resonancia magnética de la red sanitaria valenciana.
Capio, con su treintena de hospitales, también se ha dedicado a la gestión sanitaria pública, fundamentalmente mediante conciertos, aunque también con concesiones. Pero la naturaleza empresarial de Ribera Salud, pese a compartir este sector del mercado, tiene otras particularidades. Sus actuales propietarios son las que fueran las principales cajas de ahorros valencianas, Bancaixa y CAM, unas entidades financieras controladas —antes de su absorción o venta— por la Administración a las que se les suponía un carácter social, una circunstancia que unida a su raigambre en el territorio, teóricamente servía para modular su aspiración de maximizar sus beneficios y proteger la calidad del servicio sanitario que ofrece.
Este planteamiento es diferente al fondo de inversión, cuyas prioridades se suponen más en la rentabilidad del corto plazo que en las estrategias a largo plazo, dominantes en la sanidad pública, según destaca Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública. Sánchez Bayle plantea, además, otras cuestiones.
“¿Qué sucedería ante una hipotética situación de quiebra de esta empresa?”, se pregunta. El único cliente en este tipo de negocio es la Administración. Y la valenciana ha dejado de pagar a farmacias, proveedores sanitarios o colegios por falta de liquidez.
Ignacio Riesgo, director de Salud de la consultora Pricewaterhouse Coopers (PwC) destaca que en en una empresa de la trayectoria de Capio no ve posibilidad de contradicciones en el corto y el largo plazo ni en los cambios accionariales. “La clave está en mantener el proyecto empresarial en el largo plazo con independencia de que el inversor cambie”. Y esto es lo que ha sucedido en este grupo, que se ha caracterizado, según Riesgo por dos factores.
Su negocio ha estado siempre muy presente en la sanidad pública, y con buenos resultados. Además, a pesar de los cambios de titularidad a los que se ha sometido la firma (ya estuvo en manos de CVC que la compró a otros fondos, Apax Partners y Nordic Capital, antes de volver a adquirir la firma), siempre ha mantenido el mismo rumbo, lo que para Riesgo, sería todo un aval en la gestión de Ribera Salud. “Es un buen ejemplo de cómo se puede preservar un buen proyecto empresarial a pesar de los cambios de accionistas”.
Sánchez Bayle apunta otro peligro que se ha convertido en una de las principales críticas relacionadas con la cesión de la gestión de la sanidad pública al sector privado, especialmente en la Comunidad Valenciana. En toda España, el proceso se ha concentrado en pocas manos: principalmente en Capio y Ribera Salud, que, precisamente, ahora podrían constituir un único grupo. Esta unión derivaría en “una situación de oligopolio sanitario, con gran capacidad de presión en la Administración, de modificar contratos a su favor y de fijar precios”, sostiene Sánchez Bayle.
El hospital de Alzira fue el conejillo de indias del modelo que el PP valenciano eligió para privatizar la sanidad pública. El centro abrió en 1999. La fórmula elegida fue la concesión administrativa sanitaria, más atrevida que el PFI (Private Finance Initiative) británico, el formato de moda por entonces, que funciona en el hospital de Burgos, en Son Dureta (Baleares) o Aranjuez y Parla, entre otros centros.
En lugar de limitarse a encargar a una empresa la construcción de un hospital y su mantenimiento por un periodo de tiempo de 30 años, la Generalitat optó por ceder al sector privado todo menos la titularidad: construcción, mantenimiento, equipamiento, personal sanitario y no sanitario del hospital. Y, además, ceder a la concesionaria la gestión del departamento de salud vinculado al hospital, es decir, la asistencia integral de entre 140.000 y 250.000 personas, según la extensión del área.
Este formato se ha reproducido en Torrevieja (2006), Dénia (2009), Manises (2010) y Elche (2011), hasta alcanzar la cobertura de un millón de personas.
En teoría, diferentes empresas competirían por las distintas adjudicaciones, de forma que mejoraría la eficiencia del sistema. Pero no ha sido exactamente así. Ribera Salud forma parte del accionariado de todas las concesiones administrativas acompañada de aseguradoras sanitarias (En Alzira con Adeslas, en Torrevieja y Elche con Asisa, en Dénia con DKV y en Manises con Sanitas.
El modelo Alzira, con su variante solo hospitalaria también está presente en Torrejón (Ribera Salud). Y en Valdemoro, además de los futuros centros de Móstoles y Collado Villalba, todos ellos gestionados por Capio, que también controla una veintena de hospitales, en buena parte en régimen de concierto con la Administración.
La posición de dominio de la unión de las dos empresas es evidente en el mapa de la gestión privada de la sanidad pública en España. Pero podría aún ser incluso más sólida en los próximos meses. La Junta de Castilla-La Mancha (PP) anunció la semana pasada que seguirá la senda del modelo Alzira para ceder al sector privado la gestión de cuatro de sus hospitales públicos: Villarrobledo, Almansa, Tomelloso y Manzanares. Pero además, estudia aplicar “modelos de colaboración público-privados” para la construcción de los centros de Toledo y Guadalajara. Más terreno abonado para Capio y Ribera Salud. “Todo ello derivaría en un monopolio de la provisión privada en manos de Capio y Ribera Salud”, insiste el responsable de las asociaciones en defensa de la sanidad pública en España.
Ignacio Riesgo ve las cosas de otra forma y se remite al apartado Es el momento de la colaboración público-privada del último informe elaborado por Pricewaterhouse Coopers, de momento en estado de borrador, sobre la sanidad en España en 2012. El informe destaca que siempre ha habido colaboración de la sanidad privada con la pública. Por ejemplo, con conciertos “que contribuyen de manera importante a valores fundamentales del sistema público como son la equidad, la accesibilidad, la reducción de listas de espera o apoyo al cumplimiento de tiempos máximos de respuesta para determinadas patologías”. O gracias al mutualismo, “un modelo que permite mantener la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud con un gasto per cápita inferior”. Sin olvidar las concesiones administrativas “que permite mayor control del gasto, poder acometer infraestructuras en un entorno de dificultades financieras o asegurar la calidad de los servicios”.
En un momento de crisis como el actual, el sector privado “aporta fundamentalmente financiación, asistencia sanitaria de calidad y eficiente a precio razonable, y apertura a la innovación”.
El documento pone el ejemplo de la caída del presupuesto de inversión sanitaria de hasta más del 40% en distintas autonomías en los dos últimos años. “Hay determinados servicios que requieren una inversión importante como la radioterapia, el diagnóstico por imagen o los laboratorios” y dada la falta de liquidez de las Administraciones “o se recurre a la colaboración privada o serán difíciles de mantener”.
¿Dónde está el límite de la entrega de porciones de la sanidad pública al sector privado? Riesgo, que destaca las ventajas de la colaboración con el sector privado, alude a la conveniencia de establecer unas reglas de juego comunes supraautonómicas. El informe elaborado por PwC da más pistas: “Con el objetivo de resolver algunos de los aspectos más controvertidos de estas fórmulas de colaboración, sería razonable iniciar el debate sobre la conveniencia de diseñar un marco regulatorio que asiente los intereses públicos a preservar, junto con el tipo de relación deseable o con la empresa o las empresas privadas implicadas”.
“Existe una ofensiva mundial del sector privado para hacerse cargo de servicios públicos y para ello emplean con argumentos falsos. No es cierto que sea un sector más eficiente”, sostiene José Manuel Freire, portavoz de Sanidad del grupo socialista en la Asamblea de Madrid. “¿Por qué invierten en sanidad estos grupos?, porque ven que hay negocio en el sector”, responde el también jefe del departamento de Salud Internacional en Escuela Nacional de Sanidad.
“Hay algo que me preocupa mucho en este debate”, reflexiona Freire sobre el peso del sector privado en la sanidad pública y sus impulsores, buena parte de ellos gestores de administraciones sanitarias. “Esta gente no ha hecho absolutamente nada para mejorar la red pública y pone su único afán en privatizar la gestión del sistema”. Y con esta discusión, sostiene, se esquiva la cuestión fundamental: cómo mejorar la sanidad pública para hacerla mejor y más eficiente.
Dos grupos y un mismo negocio
Capio Sanidad es el heredero de Ibérica de Diagnóstico y Cirugía (IDC), una red de clínicas fundamentalmente asentada en Castilla-La Mancha muy activa en conciertos con la Administración. En 2005, el entonces grupo público sueco Capio adquirió IDC por 330 millones de euros. El año siguiente los fondos de capital Apax Partners y Nordic Capital compraron la multinacional sueca. En 2011, Apax y Nordic vendieron la filial española de Capio a otro fondo, CVC Partners Capital, por unos 900 millones.Ribera Salud es propiedad al 50% de las cajas de ahorros valencianas Bancaixa y la Caja del Mediterráneo (ahora en Bankia y propiedad del Banco de Sabadell, respectivamente). En alianza con aseguradoras sanitarias controla la atención pública integral del 20% de los valencianos, el diagnóstico con resonancia de la red pública de esta autonomía, además de un hospital en Madrid y los análisis de 1,1 millón de madrileños.
Ambos grupos tienen una posición dominante en la gestión privada de la sanidad pública. El mes de noviembre pasado se inició la fase final de la compra de Ribera Salud por parte de Capio, que ofreció 110 millones de euros, una suma sujeta a negociación.
.png)
No hay comentarios:
Publicar un comentario