EL MÉDICO INTERACTIVO
ESPAÑA
El Foro Español de Pacientes se queja de que no se haya contado con éstos en la proposición de ley de modificación de la ley de garantías y uso racional de los medicamentos
Redacción
"Este hecho es inaudito en un Estado democrático perteneciente a la Unión Europea, sobre todo si se tiene en cuenta que los cambios propuestos pueden generar una situación de indefensión jurídica, de inseguridad clínica y confundir al paciente en relación a los diferentes roles competenciales de los diferentes profesionales sanitarios", ha señalado la entidad Barcelona (2-12-09).- El Foro Español de Pacientes, entidad que agrupa a 24 organizaciones de pacientes y voluntarios que incluyen 1.041 asociaciones y 685.276 miembros, quiere expresar su malestar porque, ante el planteamiento de cambios sustanciales en la Ley 29/2006 de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, no se ha tenido en cuenta, ni desde el Parlamento Español ni desde los partidos políticos, la opinión y visión de los legítimos representantes de los pacientes.
"Este hecho es inaudito en un Estado democrático perteneciente a la Unión Europea, sobre todo si se tiene en cuenta que los cambios propuestos pueden generar una situación de indefensión jurídica, de inseguridad clínica y confundir al paciente en relación a los diferentes roles competenciales de los diferentes profesionales sanitarios", ha señalado la entidad.
Ante esta situación, el Foro solicita a los partidos políticos representados en el Parlamento Español las siguientes acciones:
-Que las Enmiendas al articulado de la Ley 29/2006 sigan los trámites habituales de audiencia a los diferentes agentes de salud, incluidos los pacientes, y no sean gestionadas de forma apresurada, respondiendo a otros tipos de intereses.
-Que el cambio de articulado de la Ley no cree indefensión jurídica respecto a quien es responsable legal de la prescripción y de sus consecuencias; inseguridad clínica, respecto al manejo clínico de la prescripción y su relación con quien ha realizado el proceso diagnóstico; y confusión de roles competenciales, respecto al profesional en quien el paciente ha depositado su confianza en el manejo clínico - diagnóstico y terapéutico de su enfermedad.
-Que el nuevo redactado de la Ley surja del consenso entre las diferentes profesiones sanitarias, evitando dar la sensación de que ésta suscita una situación de vencedores y vencidos, que, en última instancia perjudica al paciente, quien debe ser el principal beneficiario de la ley.
-Que la política en las leyes que afectan a los pacientes cumpla la función de ser resolutiva y no genere conflictos evitables y cree confusión en los destinatarios de las mismas, evitando promover la ambigüedad en las áreas de decisión clínica. Asimismo, las políticas deben huir de los intereses corporativos y de los partidos políticos específicos, protegiendo los intereses de los pacientes en los marcos legislativos y normativos.
-Que las situaciones no contempladas en la Ley original sean solucionadas a nivel local mediante protocolos, guías de práctica clínica, consensuadas entre los profesionales y adaptadas a los contextos de utilización que se producen en el Sistema Nacional de Salud, evitando transmitir la sensación de que la relación entre pacientes o profesionales debe estar interferida por las Autoridades Sanitarias.
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