Más de 100.000 personas firman contra la reforma de la ley del aborto
La petición de una discapacitada asturiana en Change.org reúne multitud de adhesiones
Reclaman a Gallardón que no excluya la interrupción de embarazo por malformaciones
La carta de Carmen Eguren, una asturiana con discapacidad física, en la que pide al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón que no excluya el aborto por malformaciones fetales de la ley que prepara, ha reunido más de 100.000 adhesiones en Internet. En el texto, lanzado en la plataforma de activismo Change.org, Eguren critica la “ligereza” de Gallardón al tratar el tema y reclama que se respete el derecho a decidir de las mujeres.
La petición y las miles de adhesiones llegan algo más de una semana después de que el titular de Justicia anunciase que en la reforma de la ley del aborto que prepara, las malformaciones fetales no serán una razón para interrumpir un embarazo. Algo que ahora permite la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva y que también está incluido en las normativas de todos los países europeos, excepto Malta –que no permite el aborto en ningún caso—e Irlanda –que solo permite la intervención cuando hay un riesgo grave para la salud de la madre-.
"Traer al mundo a un hijo sabiendo que viene a luchar, a padecer dificultades por una malformación es una decisión que siempre debiera mantenerse en lo personal", afirma la asturiana. “¿Quién más allá de la madre y el núcleo familiar puede decidir si traer al mundo a un apersona que necesite tanta dedicación?”, añade Eguren.
Galladón planea acabar con la ley actual –que permite a la mujer abortar sin tener que justificar su decisión hasta la semana 14 de gestación y a partir de ese momento solo hacerlo bajo determinados supuestos—para volver a un sistema similar al que estuvo vigente de 1985 a 2010, cuando el aborto solo estaba permitido bajo tres circunstancias: violación, riesgo para la salud física o psíquica de la mujer o malformaciones fetales.
Para la nueva ley, Gallardón planea, sin embargo, que haya un solo supuesto, el de daño psicológico de la mujer. Una fórmula difusa que todavía no está claro cómo se estructurará. ¿Precisará la mujer la firma de un médico que atestigüe que efectivamente sufre ese riesgo como ocurría hasta 2010? ¿Quién será ese médico y cómo lo decidirá?
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